Revelaciones de dos ex espías estimularon en Gran Bretaña las demandas de derogación o de reforma de la Ley de Secretos de Estado, un mecanismo de control de información.
La ley es a menudo citada por el gobierno británico para suprimir información que, según afirma, no es de interés público.
Phillip Knightley, reconocido comentarista y escritor sobre asuntos de inteligencia, figura entre los muchos que exigieron la abolición de la ley.
"Debemos revisar qué tipo de servicios de seguridad e inteligencia necesitamos en el siglo XXI, instalarlos bajo total control parlamentario, abolir la Ley de Secretos de Estado y crear una ley de libertad de información lo más pronto posible", dijo Knightley.
Una serie de informaciones filtradas al público sobre las operaciones del MI5, el servicio interno de inteligencia y el MI6, el ala de espionaje responsable de los operativos en el extranjero preocupan al gobierno de Gran Bretaña.
La revelación más impactante, filtrada en el diario New York Times, reveló que el MI6 intentó asesinar hace dos años al presidente de Libia, Muammar Gadhafi.
Pero el intento frustrado llevó a la muerte de varios civiles, dijo el ex funcionario del MI5 David Shayler, ahora retenido en una prisión en París a pedido de Gran Bretaña.
Shayler, cuya extradición fue pedida por Londres, sostuvo que el MI6 intentó matar a Gadhafi en febrero de 1996 instalando una bomba bajo su automóvil, pero los agentes colocaron el explosivo en el vehículo equivocado, matando a varias personas que pasaban por el lugar.
Shayler sostuvo que el agente a cargo del operativo tenía relaciones con un grupo fundamentalista de derecha libio, y recibió 160.000 dólares.
Pero las declaraciones de Shayler con mayores repercusiones para la seguridad interna fueron que varios bombas terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en el norte de Irlanda podrían haberse evitado si el MI5 hubiera sido más eficiente.
Junto a Shayler, Richard Tomlinson, ex agente del MI6, recibió una orden judicial del Gobierno de Gran Bretaña para que no revelara información sobre su carrera profesional.
Tomlinson, nacido en Nueva Zelanda, ya estuvo nueve meses en prisión en Gran Bretaña por intentar publicar sus memorias, una ofensa bajo la Ley de Secretos de Estado.
En el caso de Tomlinson, la orden judicial parece cubrir a la Televisión de Nueva Zelanda y "cualquier otro órgano de los medios".
La cancillería británica sostiene que las revelaciones de Tomlinson causarían un "daño sustancial a los operativos del Sevicio Secreto de Inteligencia y arriesgarían vidas humanas".
Los casos Shayler y Tomlinson son presentados para sustentar el argumento de una ley de libertad de información en Gran Bretaña.
Pero la modernización de la ley es la más moderada de las demandas en un país que, sólo una década atrás, se hizo un famoso intento fallido de prohibir la publicación del libro de memorias "Spycatcher", del ex agente de inteligencia británico Peter Wright.
Aunque Gran Bretaña se ha convertido gradualmente en una sociedad más abierta desde el asunto Spycatcher, no hace mucho que el gobierno admitió la existencia del MI5 y el MI6.
La batalla en la corte del caso Spycatcher a fines de los años 80 fue considerada ridícula por muchos, ya que el gobierno intentaba evitar revelaciones sobre un departamento cuya existencia no reconocía oficialmente.
El caso Spycatcher concitó duras críticas a Londres de la Corte Europea de Derechos Humanos, y los activistas afirman ahora que las recomendaciones de la corte deben tenerse en cuenta. La Corte Europea decidió que el gobierno británico no tenía derecho de imponer una orden judicial sobre la publicación de Spycatcher.
El nuevo gobierno del Partido Laborista de Gran Bretaña está comprometido con la introducción de una Ley de Libertad de Información.
Pero Francis D'Souza, directora de Artículo 19, una organización no gubernamental contra la censura sostuvo que la nueva ley debe incorporar el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que trata sobre la libertad de expresión.
"La Ley de Secretos de Estado es demasiado amplia y permite al gobierno caer sobre publicaciones que meramente exponen las acciones equivocadas del gobierno, lo cual no es de interés público", dijo D'Souza.
Además, señalan activistas, el proyecto de ley eliminó una cláusula de defensa del interés público, erosionando la causa de la libertad de información.
El gobierno laborista ha sido criticado por algunos de sus propios parlamentarios, que lo acusan de hipocresía, señalando que muchos miembros del Partido Laborista participaron activamente en la campaña contra la prohibición de Spycatcher.
"Creo que están cometiendo el mismo error que con Peter Wright", dijo Tam Dalyell, defensor de los derechos civiles y parlamentario laborista. "Hay un problema real entre lo que dijo el laborismo en la oposición y lo que estamos haciendo ahora", agregó. (FIN/IPS/traen/dds/rj/lp/ip hd/98
