El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, evitó por poco un duro golpe a la autoridad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de defensores de las sanciones económicas que gobiernos locales y estaduales estadounidenses aplican a varios países.
La Cámara de Representantes rechazó el miércoles por 228 votos contra 200 una enmienda que hubiera prohibido al gobierno federal impugnar sanciones locales o estaduales que, según la OMC, son violatorias de los acuerdos internacionales de comercio.
La administración de Clinton se opuso enérgicamente a la enmienda, promovida por una inusual coalición de demócratas de izquierda y republicanos de derecha, y arguyó que era "innecesaria y mal aconsejada".
La votación, que dividió tanto a los republicanos como a los demócratas, fue la última de una serie de luchas por el uso de sanciones unilaterales contra países extranjeros.
Más de 600 de las mayores empresas de Estados Unidos, organizadas en el Consejo Nacional de Comercio Exterior (CNCE), realizaron una campaña de un año contra las sanciones unilaterales.
Las compañías sostienen que tales medidas no sólo son ineficaces, sino que cuestan a Estados Unidos unos 20.000 millones de dólares al año en negocios perdidos.
El CNCF, al menos con el apoyo tácito de importantes figuras del gobierno, concentró sus esfuerzos en el Congreso que, en los últimos años, aprobó sanciones de gran alcance contra Irán, Cuba, Libia y China, como castigo por violaciones supuestas o reales a los derechos humanos o proliferación de armas.
Además, el CNCF y Washington presionaron a gobiernos locales y estaduales para que revoquen las llamadas leyes de "compra selectiva" contra empresas que inviertan o realicen negocios en determinados países.
Lanzadas por el movimiento contra el apartheid (régimen de segregación racial de Sudáfrica) a fines de los años 70, las leyes de compra selectiva suelen prohibir a esas empresas la participación en licitaciones estaduales o locales.
El propósito de esas normas consiste en obligar a las compañías a elegir entre hacer negocios con gobiernos estaduales y locales, que en algunos casos otorgan contratos por cientos de millones de dólares cada año, y mantener vínculos comerciales con los países "castigados".
A las leyes de compra selectiva se atribuye la decisión de decenas de empresas estadounidenses de retirarse de Sudáfrica durante la campaña contra el apartheid.
Cerca de 12 estados, condados y ciudades de todo Estados Unidos poseen ese tipo de leyes, la mayoría dirigidas contra Birmania pero también contra Indonesia, Nigeria, Cuba y Suiza.
Opositores de la enmienda hicieron circular una carta de la representante comercial Charlene Barshefsky, quien insistió en que la OMC no tiene autoridad para obligar a Washington a someterse a sus normas ni a demandar a gobiernos locales o estaduales para que las cumplan.
Barshefsky agregó que el gobierno federal nunca demandó a un órgano subnacional en los 50 años de existencia del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, predecesor de la OMC.
Sin embargo, Peter DeFazio, un defensor de la enmienda, puso en duda tales afirmaciones.
"Nos han dicho que esta enmienda es absolutamente innecesaria porque el gobierno de Estados Unidos nunca recurrió a la justicia para impugnar leyes locales o estaduales y nunca lo hará. Si ese es el caso, ¿por qué no aceptan la enmienda?", preguntó.
Pese a su derrota, los patrocinadores de la enmienda creen que el resultado del debate fue positivo.
"Al declarar que no tiene intención de demandar a gobiernos estaduales por contrariar normas de la OMC, el gobierno federal tendrá muchas más dificultades si decide hacerlo", explicó. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml/if/98
