Un grupo de 51 países, la mayoría islámicos, se oponen a la suspensión de ejecuciones tendente a la abolición de la pena de muerte propuesta por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El grupo, que incluye a Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Egipto, Irán, Malasia, Marruecos y Pakistán, sostiene que la Comisión se equivocó al interpretar la pena capital como un asunto de derechos humanos.
Faris Ammarin, de Jordania, portavoz del grupo que también integran países no islámicos como Filipinas, Jamaica, Japón, Singapur y Vietnam, declaró que es "inadecuado" que un foro internacional tome una decisión o proponga medidas sobre un asunto políticamente delicado como la pena capital.
"Cada estado miembro debe estudiar cuidadosamente la cuestión de si debe mantener o abolir la pena capital", sostuvo Ammarin.
Los 51 países se distanciaron públicamente de la resolución adoptada a principios de año por la Comisión cuando solicitó a "todos los estados que aún no abolieron la pena capital consideren suspender las ejecuciones"
Esa exhortación tendría como objetivo final "abolir completamente la pena de muerte".
Esta es la primera vez que un organismo político de la ONU se pronuncia a favor de la prohibición mundial de las ejecuciones.
Karen Tan, de Singapur, un país con poca delincuencia y que defiende la pena de muerte, señaló que la resolución de la Comisión no refleja de forma adecuada el sentir de todos los países.
La decisión "es desequilibrada y alejada de las normas internacionales sobre la pena de muerte", declaró.
"El derecho a la vida de las personas condenadas se tiene que sopesar con el derecho de las víctimas. Es inapropiado que algunos estados impongan su sistema de valores a otros. Debe respetarse la opinión de los estados que desean mantener la pena capital en sus sistemas legales", agregó Tan.
Ammarin expresó en nombre del grupo su disconformidad con la resolución en una declaración conjunta dirigida la semana pasada al Consejo Social y Económico de la ONU.
"No existe consenso internacional sobre la abolición de la pena capital", señaló la declaración. Incluso el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los países a imponer la pena de muerte, agregó.
"La sentencia de muerte podrá imponerse solo en los crímenes más graves", estipula el artículo 6, párrafo 2 del Convenio.
Mientras, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional mantiene su campaña mundial contra la pena capital sobre la base de que la medida no es una solución frente a la criminalidad.
A fines de 1997, 63 países habían abolido la pena de muerte y 16 la limitaron sólo a los delitos considerados excepcionales, como los crímenes de guerra.
El informe de Amnistía Internacional de este año indica que al menos 25 países que mantienen la pena de muerte se consideran abolicionistas en la práctica, ya que no ejecutaron a persona alguna en los últimos 10 años, o se comprometieron a no realizar las ejecuciones.
A pesar de los avances logrados para abolir la pena de muerte, en distintos lugares del mundo se escuchan alarmantes pedidos para su reincorporación, advirtió Amnistía Internacional.
"Es probable que estos pedidos estén vinculados a la extendida inquietud del público por la creciente delincuencia, aunque no hay evidencia que indique que la pena capital vaya a solucionar este problema"
"En algunos países, el gobierno quiere abolir la pena de muerte pero no lo puede hacer por la oposición de la opinión pública", explicó Amnistía Internacional.
En 1996, al menos 4.272 prisioneros fueron ejecutados en 39 países y 7.107 fueron sentenciados a muerte en 76 estados, informó la organización. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/aq-mj/hd/98
