Una complicada red de intereses políticos internos se perfilan detrás del conflicto declarado entre Costa Rica y Nicaragua por la navegación de policías costarricenses en el limítrofe río San Juan.
La eventual aprobación en Costa Rica de un tratado de límites marítimos con Colombia, la candidatura del ex presidente Rafael Angel Calderón a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la baja popularidad del gobierno en Nicaragua son algunos de los hilos que la conforman.
La crisis diplomática se desató el 17 de julio, cuando el ejército nicaragüense impidió que policías costarricenses armados utilizaran el río, que corresponde a la soberanía de Nicaragua, para viajar a los puestos de vigilancia establecidos a lo largo de su rivera.
Pese a que Costa Rica tiene derecho de libre navegación por el río, Nicaragua asegura que este derecho se limita a objetivos de comercio, por lo cual dispuso que, para utilizarlo, los policías costarricenses tendría que ir desarmados, o con un nicaragüense a bordo.
La situación parece haber sido desencadenada por una serie de situaciones internas que se han salido de control y degeneraron en resentimientos y desconfianzas entre ambos países, como lo indican los últimos acontecimientos.
El jueves trascendió que el Poder Ejecutivo de Costa Rica envió el 30 de julio a la Asamblea Legislativa, para su discusión y eventual aprobación, un tratado de límites marítimos que le reconoce a Colombia soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, que Nicaragua mantiene en disputa.
A la vez, el ministro de Seguridad costarricense, Juan Rafael Lizano, ordenó el viernes impedir el paso de soldados armados o naves artilladas nicaragüenses por el río Colorado, propiedad de Costa Rica, pero que usualmente usan los de Nicaragua para salir al mar cuando el San Juan tiene poco caudal.
Ambas medidas fueron interpretadas este sábado por la prensa nicaragüense como represalias por la decisión adoptada por Nicaragua el 17 de julio y por la anulación de parte de Managua de un acuerdo bilateral alcanzado el 30 de julio que permitía la navegación de policías armados costarricenses.
No obstante, estas medidas de Costa Rica parecen tener otra explicación.
El mismo canciller, Roberto Rojas, indicó que la decisión de tramitar la aprobación el tratado con Colombia se tomó aun antes de que asumiera el gobierno de Miguel Angel Rodríguez el 8 de mayo de 1998, porque a Costa Rica se le acusa a menudo de acordar tratados y no aprobarlos o ratificarlos.
La decisión puede haberse precipitado, según análisis que se hacen en corrillos de la Asamblea Legislativa, por la candidatura que está presentando Costa Rica del ex presidente Rafael Angel Calderón a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Calderón acompañó a Rodríguez a las últimas giras, algunas para participar en la toma de posesión de mandatarios del continente, entre ellos Colombia y Ecuador, en lo que se supone parte de una campaña para "amarrar" votos a favor de Calderón.
La firma del tratado con Colombia no afecta jurídicamente las aspiraciones nicaragüenses sobre el archipiélago de San Andrés, pero sí tiene otras implicaciones, más bien morales.
"El problema es que le haría más difícil a Nicaragua argumentar ese derecho ante cualquier instancia, porque ya habrá un país que le reconozca a Colombia soberanía sobre San Andrés, Roncador y Quitasueños", dijo al diario La Prensa, de Nicaragua, Alejandro Montiel, asesor jurídico en derecho internacional.
El vicepresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, dijo que no tiene duda de que la aprobación del tratado es una respuesta a la anulación del acuerdo del 30 de julio.
Nicaragua ve también la prohibición a los soldados nicaragüenses de navegar armados por el río Colorado como una represalia, pero para el gobierno de Costa Rica la medida evita que una chispa inicie un incendio entre ambos países, en momentos en que Managua refuerza su presencia militar en la zona.
En general, la población y el gobierno costarricense no entienden por qué Nicaragua exige a los guardias de este país viajar desarmados por el río, una zona peligrosa, cuando los propios soldados nicaragüenses ingresan a Costa Rica con sus armas sin ningún problema.
Tampoco se entienden esas medidas, a la luz de la recepción que Costa Rica le ha dado a la inmigración de nicaragüenses en busca de trabajo. Se estima que medio millón de inmigrantes envían a Nicaragua más de 300 millones de dólares.
La explicación del gobierno nicaragüense es "la defensa de la soberanía sobre el río", a pesar de que ella no se ha puesto en ningún momento en discusión.
El conflicto exhacerbó los sentimientos nacionalistas en Nicaragua, pocos días después de que poblaciones fronterizas amenazaran con iniciar un movimiento de anexión a Costa Rica, debido al abandono en que se encuentran.
El conflicto por el río San Juan se suscitó a pocas semanas del originado por esas poblaciones fronterizas. Si bien se trataba de un asunto interno de Nicaragua, el canciller de ese país, Emilio Alvarez, acusó a Costa Rica de "propósitos expansionistas".
Por otra parte, el presidente Arnoldo Alemán y su gobierno enfrentan el disgusto popular, reflejado en las encuestas de popularidad, lo cual le impide entrar con buen pie al diálogo nacional que programa.
La hipótesis que se maneja en Costa Rica es que el gobierno de Nicaragua procura superar problemas internos creando problemas externos. (FIN/IPS/mso/mj/ip/98
