El petróleo es en Ecuador un cóctel explosivo, cuyos ingredientes son los grandes intereses del sector y la resistencia de los indígenas, que llevan hasta el secuestro su reacción ante el daño que la explotación de crudo causa a sus comunidades.
Ecuador produce alrededor de 380.000 barriles diarios de crudo, y en 1997 exportó 77 millones de barriles, por valor de 1.200 millones de dólares. Esos ingresos sostuvieron más de 40 por ciento del presupuesto gubernamental.
Las cifras de 1997 expresan el comienzo de una caída que se acentuó en 1988. En 1997, el precio del crudo ecuatoriano se situó como promedio en 15 dólares por barril, cuando el presupuesto fiscal esperaba una cotización mínima de 16 dólares.
El precio descendió este año a siete dólares por barril, causando hasta ahora una pérdida de ingresos presupuestales superior a los 500 millones.
Al impacto que esas pérdidas se suma una inacabable polémica entre grupos de interés y el Estado por las fórmulas para modernizar el sector y abrirlo a una mayor participación privada.
La empresa estatal Petroecuador es la mayor productora y exportadora de crudo. Pero no tiene dinero para seguir explorando ni optimizando los campos en producción, por lo que la actividad podría estancarse si no ingresan nuevas inversiones.
La producción de Petroecuador cayó 4,7 por ciento en 1997 respecto de 1996, mientras las compañías privadas que operan campos petroleros en el país aumentaron 23 por ciento su extracción.
El problema es que, mientras Petroecuador explota campos que producen crudo liviano, las empresas privadas producen fundamentalmente crudos pesados, de menor valor en el mercado internacional.
Como el país tiene un solo oleoducto, para poder sacar la producción mezcla los dos tipos de crudo y la fórmula resultante para exportación pierde así calidad y precio.
La solución ha sido motivo de interminables debates que ya duran al menos ocho años, sin que las autoridades tomen decisiones.
Una corriente de opinión es partidaria de construir un nuevo oleoducto, sólo para petróleo pesado, y otros proponen ampliar el actual. En medio de la discusión hay intereses económicos multimillonarios, con capacidad de presión política.
En Ecuador están presentes las compañías petroleras estadounidenses Arco, Occidental y City, la francesa ELF y la argentina YPF. Pero ninguna está dispuesta a seguir invirtiendo en el país si no se reestructura el sistema estatal, para permitir mejores condiciones al capital externo.
Los intentos de modernización del sistema de contratos también han fracasado.
El Congreso aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos para permitir la asociación de empresas privadas a Petroecuador en pozos de la empresa estatal, pero el gobierno la vetó por entender que el margen previsto de compensación para el Estado, de 12 por ciento, era demasiado estrecho.
El ex ministro de energía Galo Abril dijo a IPS que, si bien la reforma no estaba totalmente pulida, "resulta negativo que el país no avance nada en esta materia".
En opinión de Abril, la definición de cuotas de ingresos entre las compañías privadas y la petrolera estatal "pueden quedar para los reglamentos, pero no podemos frenar el avance el país. Todos (los países petroleros latinoamericanos) adelantan, excepto Ecuador", afirmó.
Abril hizo notar que la falta de inversiones estatales en exploración, desarrollo y explotación de petróleo ha llevado a que Ecuador extraiga apenas 24 por ciento del crudo que descubre.
A la falta de decisiones oficiales se suma la creciente presión de los indígenas amazónicos para que las petroleras respeten su hábitat.
La semana última fue liberado un representante de la empresa brasileña Conduto, proveedora de la estadounidense Arco, que había sido secuestrado en la oriental provincia de Pastaza por indígenas de la comuna San Virgilio.
Poco antes habían sido puestos en libertad otros cuatro profesionales allegados a Arco, que permanecieron retenidos durante algunos días en San Virgilio.
Las organizaciones indígenas acusan a las compañías petroleras de contaminar los ríos y el ecosistema amazónico y de causar perjuicios sociales a su población.
Como compensación, exigen dos por ciento en los ingresos por hidrocarburos extraídos en la zona en que se hallan sus comunidades, para respaldar sus proyectos de desarrollo sustentable.
La permanente postergación de sus reivindicaciones los llevó finalmente al secuestro como modo de presionar a las autoridades y de lograr publicidad para sus reclamos. (FIN/IPS/amr/ff/if en/98
