Mientras la junta militar de Birmania reprime a su oposición política interna, la presión externa va creciendo y muchas empresas podrían abandonar sus negocios en el país, pese a la liberación hoy de 18 extranjeros activistas.
La líder de la democracia de Birmania, Aung San Suu Kyi, está determinada a entrar en la capital aunque los militares bloquearon muchas calles para impedir que se reúna con sus correligionarios de la Liga Nacional para la Democracia (LND).
El mes pasado, pasó seis días sin alimentos dentro de su auto en una calle bloqueada, hasta que la policía la sacó del vehículo.
Luego, el miércoles 12, intentó nuevamente llegar hasta Rangún en una minifurgoneta, pero fue detenida. En adelante, la líder política viajaría en una camioneta cargada de agua y alimentos, según versiones difundidas en Rangún.
La junta gobernante cree que la LND realizará manifestaciones durante todo el mes, no sólo para recordar la masacre del 8 de agosto de 1988, en que murieron miles de personas que protestaban contra el régimen militar, sino también para llamar la atención sobre el 21 de agosto, plazo que la oposición fijó para que el gobierno convoque al parlamento.
El gobierno no quiere que los parlamentarios se reúnan, pues ello prácticamente forzaría al régimen a reconocer las elecciones de 1990, que el partido de Suu Kyi ganó por amplia mayoría y la junta nunca validó.
Pero mientras la junta golpea a su oposición política interna, la presión fuera de Birmania va creciendo.
El mes que viene, el estado de Massachusetts se presentará ante una corte federal para defender su política de sanciones, que penaliza a firmas que inviertan en Birmania.
En contra de Massachusetts están la Unión Europea y el Consejo Nacional de Comercio Extranjero, una coalición de unas 600 empresas estadounidenses.
Estas empresas afirman que las sanciones locales violan la Constitución de Estados Unidos, en tanto contradice la política exterior federal: el presidente Bill Clinton anunció el año pasado la prohibición de nuevas inversiones de su país en Birmania, pero no de las inversiones ya existentes.
Simon Billenness, analista de la firma Franklin Research and Development, en Boston, sostuvo que "las leyes estaduales de hecho complementan las sanciones adoptadas a nivel federal".
De todas formas, las campañas a favor de las sanciones, así como los boicots a las empresas que tienen relaciones comerciales con Rangún, en general han tenido éxito en cuanto a forzar a las empresas a abandonar sus negocios en Birmania.
La detención el domingo de 18 extranjeros militantes por la democracia aumentó la presión sobre las empresas internacionales que realizan negocios con el gobierno militar de Rangún.
Entre las compañías se encuentran Union Oil of California (UNOCAL), Total, de Francia, y Mitsubishi, de Japón.
Este viernes, sin embargo, un tribunal birmano liberó a los activistas poco después de sentenciarlos a cinco años de prisión. Las sentencias fueron suspendidas, y las respectivas embajadas recibieron instrucciones de deportar a los extranjeros este domingo.
"La liberación fue para promover las buenas relaciones entre Birmania y los países involucrados en el caso", declaró un testigo.
Esta semana, la compañía Atlantic-Richfield (ARCO), que había invertido más de 55 millones de dólares en dos proyectos de combustible en Birmania, anunció que no renovaría su contrato de exploraciones marítimas de petróleo en el país.
La decisión tuvo lugar un año después de que un miembro de la junta directiva de ARCO, John Slaughter, manifestara su deseo de que la compañía terminara sus exploraciones petroleras en el mar de Andaman, frente a la costa birmana.
"Saludamos el retiro de operaciones en Birmania, y nos alienta que compañías como ARCO y Texaco hayan seguido el espíritu de las sanciones estadounidenses", dijo Sein Win, el líder opositor radicado en Estados Unidos, reconocido por la LND como primer ministro birmano.
"Esperamos que el retiro de ARCO presione a UNOCAL a hacer lo propio, ya que ahora es la única compañía estadounidense que financia a la junta", agregó.
Sin embargo, UNOCAL se ha mostrado inflexible en su posición de mantener la inversión de 1.200 millones de dólares, en conjunto con la petrolera francesa Total, para construir el oleoducto Yadana en el sur de Birmania.
"Hemos visto progreso en la creación de trabajos y la generación de ingreso en Birmania, no sólo en nuestro proyecto sino en general", manifestó el año pasado el presidente de UNOCAL, John Imle.
"Eso es positivo y me gustaría que se acelerara. Las sanciones inhibirían ese proceso. Las sanciones dañan a la gente y no cambian el gobierno", agregó.
Pero las sanciones estadounidenses han tenido éxito en cuanto a promover el retiro de empresas en Birmania, algo que han hecho PepsiCo, Texaco, Amoco y ahora ARCO.
Respecto a UNOCAL, Kevin Rudiger, de la Coalición por una Birmania Libre, dijo que la empresa "debe unirse al programa y dejar de apoyar la represión". (FIN/IPS/tra-en/fh/di-ml/hd-if/98
