El gobierno de Venezuela hará el día 15 su segundo intento por privatizar cuatro empresas de aluminio con un precio rebajado en 650 millones de dólares y el ingreso del financista húngaro-estadounidense George Soros en la pelea.
"Queremos que los dos potenciales compradores lleguen a la subasta con ofertas que representen una sana competencia", dijo este miércoles el ministro de Inversiones, Alberto Poletto, al explicar el nuevo precio base, de 1.550 millones de dólares.
El primer intento para la venta del aluminio fracasó en marzo, cuando todos los cuatro grupos internacionales calificados se retiraron al considerar excesivo el precio base de 2.100 millones de dólares, tomando en cuenta las condiciones impuestas para la adquisición.
El precio base por el total de la Corporación Aluminios Venezuela (CAV) supone que si se mantuviera inalterado en la subasta, el gobierno percibiría 207.130.000 dólares, indicó Poletto al término de una larga discusión de ministros y autoridades del aluminio en torno al tema.
Esa cantidad se debe a que lo que Venezuela vende es 70 por ciento del total de la CAV y que de su valor habrá que descontar los 1.245 millones de dólares de deuda de las cuatro empresas y otros pasivos establecidos en el contrato de compra-venta.
La venta de la CAV adquiró un rumbo sorpresivo cuando Soros se sumó como financista a la empresa estadounidense Kaiser Aluminum y a la coreana Daewoo, para conformar uno de los dos consorcios que siguen en la liza, el Venezuela Aluminum Partners.
Kaiser logró demorar 15 días la subasta para sumar a Soros a su consorcio, para intentar hacerse con el bloque de empresas que, con una capacidad productiva de 650.000 toneladas de aluminio primario, controla 3,9 por ciento de la oferta mundial.
Desde Nueva York, los analistas que siguen los pasos del "lobo" de las inversiones mundiales comentaron que, de ganar la subasta, Soros se habrá hecho con una inversión de alto rendimiento en unos cinco años, pero también de alto riesgo.
Para el gobierno de Venezuela, sea con la intención que sea, la aparición de Soros fue la mejor noticia recibida en meses, dentro de la tortuosa privatización del aluminio, que requiere concretar con urgencia por los ingresos netos de la venta y aun más por traspasar activos en diaria depreciación.
El otro grupo calificado para la subasta, Aluminum Consortium Venezuela, es encabezado por la empresa británica Billiton y la francesa Pichiney y en él participan también empresas venezolanas.
La CAV está compuesta por dos reductoras de aluminio primario, una empresa productora de ánodos de de carbono usados en la fabricación del metal y una compañía que posee un rico yacimiento de bauxita y una planta de alúmina, pasta básica del producto.
Del 30 por ciento que no será vendido, 20 por ciento será transferido a los 9.800 trabajadores en condiciones preferenciales y el resto se destinará a la participación social a través del mercado bursátil.
La CAV es un complejo que tiene la ventaja de la cercanía con fuentes abundantes de agua y barata energía, los dos elementos esenciales para la producción competitiva de aluminio, un rubro muy concentrado, con apenas 91 empresas en el mundo, que producen 16,3 millones de toneladas anuales.
Pero requiere millonarias inversiones que el gobierno no puede afrontar para mejorar instalaciones en las que no se efectúan mejoras hace más de una década, como explicó este miércoles el asesor especial para la privatización designado tras el fracaso de marzo, Pedro Carmona.
"De no ser privatizadas estas empresas, en un año no podrán seguir funcionando", acotó, mientras el Estado seguirá teniendo que hacer frente a la deuda acumulada y la exigencia de inversiones ambientales por 150 millones de dólares.
Pese a su calamitosa situación, al exceso de trabjadores que no podrán ser removidos durante un año y a que los costos laborales consumen 23 por ciento de los costos, el aluminio venezolano es un eslabón determinante en la expansión de la concentrada producción del metal.
La CAV ocupa el octavo lugar entre los 12 productores que controlan 60 por ciento de la producción mundial, y construir una nueva planta eleva el costo de cada toneladas del metal a 4.000 dólares, mientras que en una fundición establecida baja a 2.400 millones de dólares.
Pichiney es el quinto productor mundial con 5,7 por ciento del total, mientras que su socia en la aventura venezolana, Billiton, ocupa el lugar número 12, con 1,3 por ciento del mercado. Kaiser, por su parte, tiene el octavo lugar, con 3,2 por ciento, según cifras contrastadas por IPS en diferentes fuentes.
Los dos gigantes del aluminio mundial, la estadounidense Aluminium Company of America (Alcoa) y Aluminium of Canadá (Alcan), con 21,2 por ciento del mercado en conjunto, se retiraron del proceso en las dos ocasiones, con un estruendo que en Venezuela no se considera casual.
En junio, Poletto y el presidente de la CAF, Alfredo Rivas, advirtieron a las dos empresas de una posible demanda internacional, después que difundieron la carta de renuncia a la subasta, con señalamientos sobre el grave riesgo de la compra.
Directivos de la asociación de empresarios privados del aluminio y del proceso de privatización han comentado que Alcoa y Alcan juegan a que Venezuela desaparezca como competidor, porque su potenciación crearía problemas a su peso determinante en el mercado.
La estadounidense Reynolds, con la tercera posición mundial y 6,3 por ciento del mercado, y la noruega Norsk Hydro, con la sexta posición y cuatro por ciento del mercado, siguieron al igual que en marzo a Alcoa-Alcan de su retiro, pero con menos ruido.
Si se logra la venta del sector del aluminio el día 15, se pondrá la losa a uno de los proyectos más ambiciosos de los 40 años de democracia venezolana: aprovechar las grandes ventajas de la confluencia de los rios Caroní y Orinoco para desarrollar una industria pesada que aliviara la dependencia del petróleo.
Ese proyecto se concentró en la selvática región de Guayana, a unos 800 kilómetros al sureste de Caracas, y del mismo formó parte también la Siderurgia del Orinoco (Sidor), vendida en diciembre a un consorcio latinoamericano.
En manos de la devaluada Corporación Venezolana de Guayana quedan aún ricos y nacionalizados yacimientos de hierro, el complejo hidroeléctrico del Caroní, con capacidad de 13.000 megavatios, el bosque artificial más grande del mundo y ricos yacimientos de oro y otros minerales. (FIN/IPS/eg/mj/if/98
