Las críticas a la potestad de amnistiar violadores de derechos humanos en manos de la estatal Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (CVR) arrecian pocas horas antes de que acabe su gestión.
La CVR se estableció hace dos años como contribución con el proceso de reconciliación, con el mandato parlamentario de investigar violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1960 y 1993 y de compensar a las víctimas con indemnizaciones y rehabilitación.
Quienes cometieron las violaciones no son necesariamente procesados si cumplen con ciertas condiciones, tales como decir toda la verdad. Las funciones de la comisión acaban a fin de mes.
La experta Chrissie Hart, que realiza una investigación auspiciada por el Centro para el Estudio de la Violencia y la Participación, dijo que "bajo el derecho consuetudinario es discutible si se puede amnistiar a torturadores".
Hart está elaborando un informe que cuestiona la coherencia de la CVR con las obligaciones del derecho internacional.
El informe indica que muchos ven las amnistías como una concesión política, aunque la comisión las justifique diciendo que son "una parte integral del proceso de negociación de una sociedad en transición, y se convirtieron en un mandato constitucional".
La familia del asesinado activista antiapartheid Griffiths Mxenge considera que la CVR obstruye el curso de la justicia, pues quieren que los responsables comparezcan ante la justicia, donde con seguridad serían condenados, y no ante la comisión, que les concede la amnistía.
"En mi opinión, considerar que la represión y convicción de los antiguos enemigos es la única forma de reivindicar los derechos fundamentales es muy limitante", consideró el juez Albie Sachs, de la Corte Constitucional de Sudáfrica.
"Para mí, la cuestión fundamental no es el castigo sino deslindar responsabilidades", dijo Sachs.
Pero hay quienes se preguntan si la CVR tiene el poder necesario para manejar adecuadamente las consecuencias del apartheid, régimen de segregación racial institucionalizada que privilegió a la minoría de origen europeo hasta 1993.
Quienes se plantean esta interrogante son los familiares de las miles de víctimas, en su mayoría negros, de las atrocidades de ese régimen.
Hart sostiene que la actuación de la comisión subraya la necesidad de crear un Tribunal Penal Internacional que erradicaría la posibilidad de que la conveniencia política pase por encima del sistema judicial.
En algunos círculos la CVR es vista como una forma de manejar un problema de cantidades, pues son tantos los violadores de derechos humanos que llevarlos ante el sistema judicial haría impracticable la administración de justicia.
Por ejemplo, el juicio del funcionario del apartheid Eugene de Koch duró 18 meses, durante los cuales se tomaron 120 declaraciones y se gastaron casi dos millones de dólares.
Más de 24.000 personas sufrieron violaciones graves de derechos humanos durante el período investigado por la comisión.
Russell Ally, del Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que la CVR es al mismo tiempo "el producto de una negociación política, un puente entre la vieja y la nueva Sudáfrica, y un proceso para construir una cultura de derechos humanos en el país".
En su opinión, el cuerpo no fue creado para hacerse cargo de todo lo que sucedió durante el apartheid, sino que se limita a las violaciones graves de derechos humanos ocurridas entre 1960 y 1993.
La comisión "no hace diferencias entre las violaciones graves cometidas por el apartheid y las cometidas contra el apartheid", indicó.
Pero según Graeme Simpson, del Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación, el énfasis en el aspecto legal con que ha operado la comisión opacó el proceso social y la reconciliación, a los cuales tendría que haber ayudado.
"Bajo la legislación de la CVR, ¿Hitler saldría en libertad? Creo que sí", observó Simpson.
En procesos similares, algunos países optaron por no perdonar a quienes violaron los derechos humanos, como en Bosnia y Ruanda. Pero otros, como Chile, Haití y Uruguay, sí concedieron amnistías.
En muchos lugares del mundo, la comisión sudafricana es vista como modelo a seguir en este tipo de coyunturas. (FIN/IPS/tra- en/gm/di-mj/hd/98
