Amnistía Internacional urgió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU a procurar el procesamiento de los responsables de las matanzas de refugiados hutus desarmados en la República Democrática de Congo (ex Zaire) en 1996 y 1997.
La organización defensora de los derechos humanos realizó la exhortación menos de 24 horas después de que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) culpara de las masacres a los entonces rebeldes congoleños y sus aliados del ejército de Ruanda.
Las matanzas se produjeron durante la revolución del actual presidente de la RDC, Laurent Kabila, contra el gobierno del difunto dictador Mobutu Sese Seko.
"El Consejo debe adoptar medidas inmediatas para que los autores de esos crímenes contra la humanidad sean llevados ante la justicia", instó Iain Levine, de Amnistía, en reacción al informe del foro mundial sobre las matanzas en el país centroafricano, publicado el martes.
A menos que exista "una voluntad política real" de parte del gobierno de Kabila para cooperar con la ONU, el informe de ésta "no conducirá a ninguna parte", dijo Levine a IPS. "Esta es la preocupación de todos los activistas de los derechos humanos", agregó.
El informe de 52 páginas, incompleto debido a las dificultades para recabar pruebas, no calculó el número total de hutus asesinados, pero citó algunas masacres de hasta 500 personas.
La ONU advirtió que las matanzas podrían llegar a considerarse genocidio si se prueba que hubo "una decisión de eliminar una parte del grupo étnico hutu como tal".
"Nuestra investigación fue sólo un comienzo", declaró Daniel O'Donnell, miembro del equipo investigador. "Es muy importante que esta pesquisa sea continuada por un organismo imparcial", subrayó.
Kabila y el foro mundial están enfrentados por el acceso de los investigadores a los sitios de las masacres desde que el ex rebelde tomó el poder, en mayo de 1997.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, se vio obligado en abril a retirar su equipo investigador de la RDC.
Kinshasa "no demostró interés en cumplir con su obligación, según el derecho internacional, de determinar responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos", según el informe del martes.
El documento atribuye las matanzas a la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo (AFDL) de Kabila, que habría contado con la colaboración del Ejército Patriótico Ruandés, las antiguas fuerzas de seguridad zaireñas y otros grupos armados.
Según el equipo de la ONU, cientos de hutus ruandeses desarmados fueron masacrados en Mbandaka y la aldea vecina de Wendji por fuerzas de la AFDL, aparentemente bajo las órdenes del Ejército Patriótico Ruandés.
"Las pruebas forenses indican que los cadáveres fueron retirados de una tumba colectiva en Mbandaka, lo que corrobora el testimonio de que hubo un intento de 'limpiar' este tipo de sitios antes de la llegada del equipo de investigación", explica el informe.
La ONU también acusó a la AFDL de obligar a huir a gran número de civiles a zonas poco habitadas, en condiciones de peligro para sus vidas, y de negar a organizaciones humanitarias el acceso a enfermos y heridos no combatientes.
El equipo de la ONU, formado luego de que las fuerzas de Kabila tomaran el poder, tuvo problemas desde el principio. El nuevo gobierno de la RDC objetó la designación del jefe del equipo, el chileno Roberto Garretón, lo que obligó a Annan a retirarlo del grupo.
Garretón había redactado un informe en el que responsabilizaba a la AFDL y sus aliados de varias masacres. En su lugar, Atsu Koffi Amega, de Togo, pasó a encabezar el equipo.
Kabila luego discutió sobre el mandato de la investigación e impidió al equipo de la ONU toda visita fuera de la zona oriental de la RDC. La decisión hizo imposible la inspección de varias localidades del centro del país, donde se cree ocurrieron masacres, sobre todo en Mbandaka y Tingi-Tingi.
En octubre, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Bill Richardson, obtuvo la autorización de Kabila para realizar la investigación de esos sitios. El equipo también analizaría las denuncias de masacres cometidas en 1994, entre ellas algunas atribuidas a la etnia hutu.
Pero las inspecciones no se materializaron. Con frecuencia, a los investigadores se les impidió realizar su labor por "razones de seguridad" y también fueron interrumpidos en varias ocasiones por manifestantes de Mbandaka que los acusaban de profanar cementerios tradicionales.
A pesar de las dificultades, en seis meses el equipo logró reunir la evidencia suficiente para responsabilizar de las masacres a los gobiernos de la RDC y Ruanda, a los que presentó su informe antes de la publicación del martes.
"La publicación de un informe tan incompleto, sesgado y absolutamente engañoso no beneficia a la causa de los derechos humanos y compromete la posibilidad de saber la verdad sobre lo ocurrido", respondió el embajador de Ruanda, Gideon Kayinamura.
El gobierno de Ruanda "niega categóricamente y protesta por la insinuación del informe de que soldados ruandeses cometieron violaciones a los derechos humanos contra un sector de su propio pueblo, o contra otras personas, en lo que antes era Zaire", declaró Kayinamura en una carta enviada a Annan.
El embajador de RDC, Mwamba Kapanga también escribió a Annan rechazando las afirmaciones del informe.
Se trata de "un peligroso documento que, contrario a los ideales de paz y seguridad internacionales promovidos por las Naciones Unidas, exacerba el odio étnico entre hutus y tutsis al simplificar los complejos problemas que padece la región de los Grandes Lagos", sostuvo.
"Los rumores reunidos tras varias investigaciones están basados en muestras demasiado pequeñas para ser estadísticamente viables, con el resultado de que el documento no se basa en hechos concretos", aseguró Kapanga.
Amnistía Internacional, en una declaración emitida este miércoles, previno que "no habrá desarrollo social y económico perdurable para el pueblo congoleño sin un propósito firme del gobierno de la RDC y la comunidad internacional de detener el ciclo de matanzas".
La organización de derechos humanos también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que cree una Comisión de Expertos para profundizar las investigaciones y procesar a los responsables. (FIN/IPS/tra-en/td-fah/aa/ml-aq/hd/98
