Reformas legislativas dispuestas en El Salvador para humanizar la administración de justicia determinaron la excarcelación de tres de los cinco asesinos de cuatro religiosas estadounidenses, uno de los crímenes de mayor impacto en este país.
De nuevo resonó en El Salvador la palabra "impunidad", al volver a primer plano el asesinato de las cuatro religiosas de la orden Maryknoll, perpetrado el 2 de diciembre de 1980.
En marzo del mismo año había sido asesinado el arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, y en octubre, cinco grupos insurgentes se unieron en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y el conflicto interno se transformó entonces en guerra civil.
Para Ana Esther Posada, secretaria de denuncia y solidaridad de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, el caso del asesinato de las religiosas es de "impunidad parcial", porque los autores materiales fueron juzgados y pagaron su crimen, no así los autores intelectuales.
Cinco integrantes de la Guardia Nacional fueron sentenciados en 1984 a 30 años de prisión por la muerte de las monjas Ita Ford, Maura Clark y Corothy Kazel y de la misionera laica Jean Donovan, todas de nacionalidad estadounidense.
Pero la jueza Gloria Platero, de la ciudad de Zacatecoluca, ordenó la libertad por buena conducta y tras haber cumplido la mitad de la sentencia de tres de los cinco condenados, que el miércoles abandonaron la prisión.
Posada dijo a IPS que la reforma del Código Penal buscó humanizar la justicia y las sentencias y es inevitable que algunas personas salgan favorecidas.
"Creo que los guardias han cumplido su sentencia. Para nosotros es doloroso, pero también debemos respetar, como organismos de derechos humanos, el derecho de la persona a la recuperación y a la reinserción en la sociedad", indicó.
Pero —agregó— "vemos con pesar que los autores intelectuales" del asesinato de las religiosas "no han sido procesados".
El 20 de abril entró en vigor una nueva legislación penal que busca cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida y resolver las causas pendientes. La mayoría de los 8.000 detenidos que abarrotan las cárceles salvadoreñas son presos sin condena.
El nuevo código compensan al detenido por los años que ha pasado en prisión sin ser juzgado, descontándole más días por cada uno de encierro. A la vez, admite la libertad anticipada de quienes cumplieron más de la mitad de su sentencia con buena conducta.
A esta posibilidad se acogieron los ex guardias Antonio Colindres, Daniel Canales, José Moreno, Carlos Contreras y Francisco Recinos. Pero sólo los tres primeros recibieron el beneficio, ordenado por la jueza Platero.
La liberación de los tres hombres, anunciada hace 15 días, produjo una serie de reacciones.
Los empresarios, por ejemplo, alegaron que la nueva legislación es inconveniente, porque favorece a los delincuentes, en detrimento de los miembros honorables de la sociedad.
Según el sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal, vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), "el problema no es que los guardias hayan quedado en libertad, el problema es que ellos declararon que recibieron órdenes superiores para cometer los asesinatos y aún asi, el sistema judicial no se ha interesado".
La UCA fue golpeada en la década de los 80 por la represión ilegal lanzada paralelamente a la guerra civil. El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados por miembros del ejército seis sacerdotes jesuitas, entre ellos el director de la universidad, Ignacio Ellacuría.
En efecto, los ex guardias argueron, tras saber que obtendrían la libertad anticipada, que cometieron los asesinatos cumpliendo órdenes superiores y, por lo tanto, fue injusto que se les juzgara como delincuentes comunes, cuando su caso correspondía a un delito de guerra.
Sin mencionar nombres, Daniel Canales, uno de los liberados, aseguró que colaborará con el gobierno de Estados Unidos en las investigaciones para descubrir a los autores intelectuales del asesinato de las religiosas.
Pero ese intento de Washington, si se concreta, tropezará con la decisión del Poder Judicial salvadoreño de dar el caso por cerrado. Esa fue la respuesta que recibió Estados Unidos hace escasas tres semanas.
La guerra civil salvadoreña finalizó en 1992, con una serie de acuerdos entre el gobierno y el FMNL patrocinados por la Organización de las Naciones Unidas. El costo del conflicto fue de 75.000 muertos, 8.000 desparecidos y cerca de un millón de exiliados. (FIN/IPS/lv/ff/hd/98
