El fin del conflicto armado en Colombia, una perspectiva fortalecida por el diálogo entre representantes sociales y el insurgente Ejército de Liberación Nacional, determinaría el ahorro de 5.000 millones de dólares al año, según un estudio privado.
El proceso de conversaciones apenas se inicia y existe concidencia entre los analistas y las partes involucradas en que será largo y costoso.
La negociación de paz no será financiada únicamente por el presupuesto nacional, punualizó Juan Restrepo, que será ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, a instalarse el mes próximo.
Restrepo anunció en el seminario "La paz, una oportunidad para repensar el país", organizado por el Departamento Nacional de Planeación, que recurrirá a la cooperación internacional en busca de una suerte de "Plan Marshall", que permita grandes inversiones para impulsar la economía y mejorar áreas sociales.
Esa inversión se justifica porque "la paz es un buen negocio" y evitará "gastos estériles que están recargando el presupuesto nacional", agregó.
Si no existieran el conflicto armado y el narcotráfico, Colombia se ahorraría 5.000 millones de dólares en gasto público y privado en seguridad, de acuerdo con el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), de la privada Universidad de los Andes.
Sergio Clavijo, autor del estudio del CEDE, dijo a IPS que el los gastos generales de la violencia son de cerca de 8.000 millones de dólares anuales, equivalentes a "la mitad de la deuda externa pública y la mitad del déficit fiscal" de Colombia, que atraviesa "una de sus más graves crisis" económicas.
El estudio toma en cuenta los costos directos, representados principalmente en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el más alto de América Latina, los gastos por atentados a la infraestructura petrolera y las regalías (contribuciones) dejadas de percibir cuando el conflicto afecta la producción.
Según Cecilia López, del Departamento Nacional de Planeación, el gasto en defensa aumentó 65 por ciento entre 1985 y 1995. En la pimera de las dos fechas señaladas era equivalente a 1,6 por ciento del producto interno bruto (PIB), y llega ahora a 2,6 por ciento, mientras que en el resto de América Latina, bajó de 1,9 a 1,7 por ciento.
La CEDE tuvo también en cuenta los costos indirectos, como el gasto privado en seguridad, el pago de rescate por los secuestrados y la pérdida de capital humano.
En opinión de Clavijo, si se lograra acabar con la inseguridad y la violencia, Colombia podría lograr un crecimiento económico adicional de 1,5 por ciento. El PIB aumentó menos de tres por ciento en 1997, frente a un promedio de cinco por ciento entre 1990 y 1994.
La guerra interna, el narcotráfico y el agravamiento de la delincuencia común ponen en riesgo la estabilidad económica que este país logró mantener por cerca de 50 años, advirtió el experto.
El equipo de Pastrana considera que, para contribuir a la paz, el sector privado tendrá que empezar a pagar cumplidamente sus impuestos.
Colombia lleva el liderazgo en América Latina en materia de evasión de impuestos, con una tasa de 30 por ciento. Las pérdidas de la hacienda pública por ese concepto suman cerca de 3.000 millones de dólares al año, dijo Restrepo.
El gobierno saliente de Ernesto Samper anunció la creación de un fondo de inversiones por 700.000 dólares no reembolsables, para financiar la paz. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que apoyará finaciera y técnicamente ese fondo.
Jorge Garay, consultor del BID, propuso también utilizar con la misma finalidad los bienes y propiedades confiscados a los narcotraficantes colombianos.
El narcotráfico ha sido un elemento perturbador y generador de violencia en este país. Los traficantes se beneficiaron de la guerra y ahora sus bienes confiscados deben servir para la paz, indicó Garay. (FIN/IPS/yf/ff/ip/98
