El ELN, segunda organización guerrillera de Colombia, inaugurará este domingo la reconstrucción de un diálogo de paz que se interrumpió seis años atrás con el fracaso de las negociaciones con el gobierno de César Gaviria en Tlaxcala, México.
No obstante, a diferencia de 1992, cuando la falta de voluntad política de ambas partes preanunciaba el inevitable fracaso las negociaciones, los diálogos que se inician en Mainz (Maguncia), Alemania, se abren en un ambiente de optimismo y advertencias sobre los complejo y largo que puede resultar el proceso.
Para Horacio Duque, presidente de la Fundación Participación Civil, si bien no es seguro que en la reunión de Mainz "se llegue a la paz" con el rebelde ELN (Ejército de Liberación Nacional), hay elementos que muestran el encuentro como el inicio de un proceso más positivo que los anteriores.
Las negociaciones en Tlaxcala nuclearon a la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolivar (CNGSB), que intengran con el ELN las mayoritarias Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y el minoritario Ejército Popular de Liberación (EPL), y a representantes del gobierno de Gaviria (1990-1994).
Mauricio García, investigador del Centro de Educación y Cultura Popular (CINEP), recordó que la CNGSB pronosticaba que la apertura económica impulsada por Gaviria aumentaría el descontento social.
La coordinadora guerrillera creía poder canalizar ese descontento, lo cual, sumado a la ofensiva militar del gobierno en pleno diálogo, llevó a la negociación al fracaso.
Pero "la reunión de Mainz nos sitúa delante de una nueva metodología para alcanzar la paz", que consiste en la concertación con la sociedad civil y "sus expresiones organizativas más notables", dijo Duque a IPS.
La presencia de la sociedad civil permitirá que "en un ambiente de diálogo y acuerdo se establezcan los puntos esenciales para desactivar los factores que alimentan la violencia política", sostuvo el activista.
El diálogo de Mainz deben conducir a la definición de reformas económicas, sociales y políticas que permitan "la construcción de un nuevo orden democrático" en el que puedan expresarse todas las tendencias y expresiones sociales, agregó.
El activista considera también positiva la participación de la Iglesia Católica de Colombia y de Alemania y la disposición de los gobiernos de Estados Unidos, Francia, España, Venezuela México y Costa Rica, entre otros, a participar en el proceso.
Otros analistas recuerdan que el conflicto interno, que ha sido costoso y sangriento, no es aislado, y que para resolverlo se requiere el concurso y la voluntad de apoyo de la comunidad internacional, tanto en lo económico como en un control que garantice el cumplimiento de los acuerdos.
Según las estadísticas de Cinep, de las cerca de 28.000 muertes violentas que se registraron en 1997 en Colombia, 1.156 tuvieron como autores a paramilitares de derecha que en su estrategia de "quitar base social a la guerrilla" asesinan a la población civil.
Los grupos guerrilleros cometieron 316 homicidios fuera de combate y la policía y el ejército regulares, 50.
Otro informe del ejército indica que entre 1994 y 1997 han sido "dados de baja" 3.227 guerrilleros, apresados 11.110 y "han muerto en combate" 836 militares.
El informe indica también que en ese mismo lapso han muerto 4.483 civiles a causa del conflicto armado, se han cometido por parte de la guerrilla 5.399 secuestros y 2.950 "acciones terroristas".
El proceso de paz con la guerrilla "ha sido una de las dinámicas de la vida política del país que más ha centrado la atención de la población" en las últimas dos décadas, dijo García.
Los primeros acercamientos ocurrieron durante la presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986), quien había asumido la paz como una de sus consignas y, por lo tanto, firmó acuerdos de tregua con el entonces Movimiento 19 de abril (M-19), las FARC, el EPL y algunos sectores del ELN.
Pero nadie verificó el cumplimiento de esos acuerdos, que se esfumaron con la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia (1986), acción que terminó con un centenar de muertos entre guerrilleros, magistrados y civiles.
El gobierno del liberal Virgilio Barco (1986-1990) estableció contactos con la recién creada GNGSB, pero no se avanzó más alla del anuncio de la decisión del M-19 de acogerse a la iniciativa de paz del gobierno que contemplaba amnistía y apoyo económico para quienes se legalizaran.
Gaviria adoptó al llegar a la presidencia el mismo modelo de negociación aplicado por Barco con el M-19, que implicaba para los grupos guerrilleros aceptar la legalidad imperante, el cese al fuego unilateral.
No obstante, comenzó el diálogo con la CNGSB primero en Caracas y despues en Tlaxcala, donde se registró el fracaso definitivo.
Gaviria declaró entonces lo que llamó "guerra integral" contra la guerrilla, que conduce a la ocupación de la sede del comando central de las FARC en el municipio de La Uribe.
Con el sorpresivo contacto el jueves entre el presidente electo Andrés Pastrana y el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda, y las conversaciones del ELN y la sociedad civil en Mainz surge de nuevo la posibilidad de una negociación conjunta con la CNGSB a partir del 7 de agosto con el nuevo gobierno. (FIN/IPS/yf/mj/ip/98
