Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) anunciaron que llegó la hora de establecer un tribunal regional de justicia, pero reconocieron la necesidad de superar algunos escollos "prácticos".
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Basdeo Panday, comentó que hay avances concretos en el diseño de un marco legal para crear el Tribunal de Justicia del Caribe, y por lo tanto el acuerdo final para su funcionamiento podría suscribirse en un plazo de seis meses.
Pero aunque los mandatarios caribeños que se reunieron en Santa Lucía el fin de semana estuvieron de acuerdo sobre los avances logrados en este proceso, el propio Panday ilustró algunos de los escollos para la creación del Tribunal.
En el caso de Trinidad y Tobago, dijo que su participación en el proyecto judicial dependerá del respaldo que logre en el parlamento por parte del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM) para la creación del Tribunal.
La incertidumbre no es exclusiva de ese país, y afecta a todas las naciones donde los partidos gobernantes no cuentan con respaldo parlamentario suficiente como para introducir las reformas constitucionales que les permitirían aceptar la jurisdicción de una corte regional.
Todos los países de Caricom, con la excepción de Guyana, Suriname y Haití, tienen un sistema legal que acepta jurisdicción del Comité Judicial del Consejo del Rey, con sede en Gran Bretaña.
Panday comentó que el Tribunal podría tener su sede en la capital trinitaria, Puerto España. Pero expresó dudas sobre la materialización de esa idea, dada la incertidumbre en torno al respaldo del PNM y a la decisión de su gobierno de mantener vínculos con el Consejo del Rey para apelaciones civiles.
"Sería un problema tener la sede del Tribunal en Trinidad, sin poder aprovecharlo al máximo", comentó Panday ante un grupo de periodistas.
Por otra parte, advirtió que si bien el tratado podría suscribirse en medio año, pasará más tiempo antes que los países logren ponerse de acuerdo para el funcionamiento de la corte. "Será necesario disponer de una gran cantidad de infraestructura", recordó el primer ministro trinitario.
El Tribunal, que iba a ser de Apelaciones antes de decidirse por uno de Justicia, tendrá jurisdicción sobre "la interpretación y aplicación del tratado del Caricom". También deberá definirse su relación con las constituciones nacionales.
Panday dijo que el establecimiento de un Tribunal de Justicia del Caribe es una muestra de confianza de la región. "Debemos demostrar confianza en nosotros mismos", coincidió el primer ministro de Grenada, Keith Mitchell.
Pero algunos grupos de derechos humanos y de abogados no tienen demasiada confianza en el futuro del Tribunal. La crítica más frecuente es que los países deberían preocuparse por resolver los problemas de sus sistemas judiciales nacionales antes de siquiera plantearse pasar al nivel regional.
Los problemas que se registran en el Caribe incluyen una pobre infraestructura en los tribunales y escasez de personal capacitado, factores que debilitan su funcionamiento.
Los críticos del Tribunal regional argumentan que su creación no resolverá ninguna de estas deficiencias a nivel nacional. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/lc-ml/ip/98