La alianza del Estado, los empresarios y la sociedad civil en programas basados en la responsabilidad compartida surge como la mejor fórmula para reducir la pobreza de América Latina y el Caribe, según experiencias presentadas a un seminario regional en Venezuela.
Ciento veinte proyectos, considerados reproducibles en áreas distintas a las de su origen, ya fueron considerados "experiencias exitosas en reducción de la pobreza" por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y la Fundación Interamericana.
Programas de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela fueron expuestas en el seminario, realizado los tres primeros días de esta semana.
Las experiencias abarcaron áreas disímiles como empleo, salud, educación, vivienda, ambiente y nutrición, pero todas apuntaron a la integralidad, otro elemento considerado básico para el éxito.
El modelo para reducción de la pobreza dista de la acción solitaria "del sector público, el privado o la sociedad civil sin apoyo", pues "se trata de crear alianzas entre los tres, como comprometidos interlocutores", dijo a IPS la politóloga Caterina Valero, coordinadora del proyecto en el PNUD.
Desde que en 1996 surgió el proyecto de identificar y difundir las prácticas exitosas en reducción de la pobreza, se han reunido 120 experiencias, realizadas en los países citados más Brasil, Chile, Jamaica y Uruguay, que cumplen los requisitos de la "fórmula", dijo la especialista.
Esos requisitos son, además de la alianza tripartita en su patrocinio, tener impacto o beneficios claros a poblaciones empobrecidas, la novedad o respuesta creativa a uno o más problemas de comunidades pobres y una relación justa entre costo y beneficio.
Otras características son la accesibilidad, o sea que las tecnologías, destrezas o recursos necesarios para el programa se puedan obtener con relativa facilidad en los países de la región, y la sustentabilidad, establecida porque el proyecto fuera independiente de coyunturas inusuales.
También la equidad o contribución para mejorar la distribución de la riqueza, la participación o intervención de los beneficiarios en la toma de decisiones, y sobre todo la "replicabilidad" o evidencia de que sirve de modelo ante necesidades similares en otras poblaciones o países.
En Caracas se presentaron casos como la reconversión económico- laboral en el municipio argentino de Palpalá, provincia de Jujuy, frente al desempleo que generó la privatización de la empresa Altos Hornos Zapla, o los programas de educación, salud y vivienda de Fundazúcar, en Guatemala.
En la provincia de Mizque, departamento de Cochabamba, Bolivia, sectores sindicales, campesinos, gubernamentales, religiosos y cooperativistas desarrollan desde 1993 un proyecto de educación alternativa, relató a IPS la activista quechua Agustina Cairo.
"Buscamos en primer lugar lograr la alfabetización y abrir la educación para la mujer campesina e indígena, ya que en Mizque loa pobreza había derivado en una situación de marginamiento", dijo Cairo, una de las primeras 23 jóvenes formadas con el programa.
El proyecto encontró resistencias en los propios varones de las familias agricultoras y hasta en grupos de docentes. Todavía "para llegar a la escuela de mi comunidad, hay que caminar ocho horas", pero aun así "este año no son 23 sino 85 las muchachas que deberán egresar", señaló la activista.
Una consecuencia es que "aumentó la participación de la mujer en los asuntos de la comunidad y su voz es cada vez más atendida. En el concejo de nuestro municipio ya hay dos mujeres y una egresada del proyecto es la secretaria general de la organización femenina de Mizque", dijo Cairo.
Pablo Jaramillo, del comité departamental de cafetaleros de Caldas, Colombia, explicó el proyecto "Escuela Nueva", que se desarrolla en 800 centros rurales de enseñanza.
"Se atiende cada alumno según su ritmo y puede concluir tercer grado en seis meses o dos años. Sobre todo se respeta el tiempo de la cosecha, así el niño puede interrumpir su año escolar para realizar labores agrícolas y retomarlo cuando terminan", explicó Jaramillo.
"El objetivo es que el niño termine el noveno grado y no emigre a las ciudades, ni a las guerrillas, ni a los sembrados de coca. Que desempeñe su actividad rural de forma digna, que se entienda que ser campesino no es sinónimo de ser ignorante", agregó.
Entre los programas que presentó Venezuela estuvo el del fondo empresarial Dividendo Voluntario para la Comunidad, que ha construido 265 escuelas rurales para 13.000 alumnos sobre una base "modélica" de tripartismo, según Valero.
LA comunidad aporta terreno y mano de obra, la empresa privada recursos financieros, materiales y asistencia técnica y el Estado dotaciones y maestros.
Otro programa fue el "Vaso de vida" del estado de Lara, provincia agroindustrial del centro-oeste, que logró extender a 300.000 niños, durante todo el año, la entrega de un vaso de leche diario inicialmente diseñado para 70.000 alumnos durante ocho meses de período escolar.
En el camino para instrumentar el programa se han creado varias microempresas, algunas para reciclaje de envases, y se han logrado otras formas de organización comunitaria y abierto vías para extender iniciativas asistenciales a las madres.
"El Estado ya no es omnipotente y no puede ser omnipresente, el sector privado ya no tiene éxito si se aísla en la sola obtención del lucro y la comunidad sola y sin recursos no avanza. El nuevo paradigma es la corresponsabilidad", resumió Valero. (FIN/IPS/jz/mj/dv/98
