El gobierno de Brasil figura entre los que más desean la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) para el juzgamiento de crímenes de guerra y contra los derechos humanos, dijo el principal funcionario de este país en la materia, José Gregori.
El debate que se desarrolla al respecto en una conferencia de las Naciones Unidas en Roma es una oportunidad singular, pues se trata de "la primera vez que el mundo se reúne para castigar la guerra y no para reglamentarla", dijo Gregori, secretario general de Derechos Humanos del gobierno de Brasil.
Habrá necesidad de conciliar la legislación nacional con los estatutos del TPI, pero son "cuestiones técnicas" superables que no constituyen impedimentos para el apoyo total de este país a la constitución del tribunal en discusión en la capital de Italia.
Abogado y activista, Gregori aceptó la sensible misión de "modificar mentalidades" desde la Secretaria Nacional de Derechos Humanos de un gobierno al cual se sigue reclamando el fin a la impunidad de quienes cometen matanzas de niños de la calle, presos, campesinos sin tierra y marginados.
Las organizaciones y movimientos sociales brasileños están más preocupados con los asesinatos colectivos fuera de un contexto bélico, las peores violaciones a los derechos humanos que sufre el país, que por los crímenes de guerra.
El Movimiento Nacional de los Derechos Humanos (MNDH), que congrega cerca de 300 organizaciones de todo el territorio brasileño, considera necesaria la creación de un tribunal internacional que castigue efectivamente todas las masacres.
La coordinadora del MNDH, Valeria Brito, recordó que aún no se condenó a los policías responsables de la matanza en 1992 de 111 presos en la penitenciaría Carandirú, en Sao Paulo.
La Conferencia de las Naciones Unidas que discute la creación del TPI en Roma no prevé, sin embargo, que la constitución del organismo tenga efectos retroactivos. El tribunal sólo juzgará crímenes cometidos después de su instalación.
Habrá "enormes dificultades para que el gobierno brasileño acepte fallos de un tribunal internacional", previó Nei Strozake, abogado y coordinador de Derechos Humanos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
"Brasil siquiera reconoció la Corte Interamericana de Justicia", recordó Strozake.
El MST no adoptó una posición formal sobre el TPI, pero entre sus dirigentes predomina una opinión favorable a que los estados respondan por sus crímenes ante una corte, dijo el dirigente.
El MST ejerce una fuerte oposición al gobierno y practica ocupaciones de predios rurales y edificios del gobierno para reclamar una reforma agraria más amplia y rápida que la oficial.
En 1996, una de las marchas convocadas por el movimiento fue reprimida a tiros por la policía en el norte de Brasil. La "masacre de Eldorado de Carajás" dejó un saldo de 19 muertos.
El MNDH envió a su secretario general, Romeu Olmar, como observador de los debates que se desarrollan en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en Roma.
Pero las organizaciones brasileñas, en general, están ausentes. "Están más acostumbradas a denunciar que a participar en estos foros, presionando por soluciones", se lamentó Valeria de Brito. (FIN/IPS/mo/mj/hd/98
