La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y países vecinos de Angola aumentaron la presión para poner fin al conflicto civil en esa nación sudafricana, que desplazó a cientos de miles de personas hacia estados fronterizos.
La ONU anunció que enviará un delegado a Angola, Lakhdar Brahimi, quien se reunirá con el presidente angoleño Edoardo dos Santos y con Jonas Savimbi, líder de la rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA).
Líderes de los 14 estados miembros de la Comunidad de Desarrollo de Africa Austral, reunidos en Namibia esta semana, también exhortaron a las partes beligerantes de Angola a deponer las armas, informó un miembro clave de la comunidad.
El vicecanciller de Sudáfrica, Aziz Pahad, advirtió que el conflicto podría arrojar la región entera al caos. "Será una situación desastrosa que afectará a toda la región", dijo el martes a un comité parlamentario sobre Asuntos Exteriores.
Una preocupación similar expresó el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, quien exhortó a la Organización de Unidad Africana a ayudar a resolver la crisis.
La tensión aumentó en Angola desde que 215 campesinos fueron masacrados en la aldea de Mussuku, en la provincia nororiental de Lunde Norte, el día 22.
El gobierno atribuyó el ataque a UNITA, que libró una guerra de 20 años contra Luanda antes de firmar un acuerdo de paz negociado por la ONU, en 1994.
UNITA rechazó la acusación y culpó por el incidente a una banda traficante de diamantes que merodeaba la rica región mineral.
Mientras, la ONU conduce una investigación de la matanza con la ayuda de su misión de mantenimiento de la paz, que fue reducida a unos 90 observadores militares y personal de apoyo.
La misión forma parte de una fuerza de paz de 7.500 miembros llamada Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola, establecida en 1995 para controlar el cumplimiento de las partes con el acuerdo de Lusaka.
El mandato de la misión terminó el 30 de junio de 1997, y entonces fue reemplazada por la Misión Observadora de las Naciones Unidas en Angola.
El protocolo de Lusaka fue firmado el 20 de noviembre de 1994. El acuerdo prevé el cese del fuego, el acuartelamiento y la desmovilización de las tropas de UNITA, la formación de un ejército nacional unido, la participación de los ex rebeldes en un gobierno de unidad nacional y la entrega gradual de territorio controlado por UNITA al gobierno.
El último incidente provocó reacciones airadas en la capital, Luanda, donde muchos pidieron la proscripción de UNITA.
Joao Domingos Simao, líder de la Unión de Tendencia Presidencial de Angola, pidió la remoción de los miembros de UNITA del gabinete ministerial, la Asamblea Nacional y el ejército.
Simao afirmó que 8.000 comandos de UNITA se infiltraron en Luanda para aterrorizar y asesinar personas, incluidos ministros e integrantes del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola.
La Unión liderada por Simao es una coalición de 25 partidos políticos creada en 1997, sin representación parlamentaria.
De manera similar, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advirtió que las consecuencias de la reanudación del conflicto son gravísimas en un país donde 3,3 millones de personas pueden considerarse desplazadas o afectadas por la guerra.
"Debido a la incertidumbre política, la ONU y las agencias de ayuda al desarrollo son reticentes a destinar recursos a programas de rehabilitación, por temor a quedarse cortas de fondos ante una emergencia potencialmente enorme", dice un informe del foro mundial.
"La guerra en Angola inevitablemente tendrá amplias repercusiones a medida que el conflicto se salga de las fronteras hacia países ya inestables", advierte el documento.
Debido a la escalada de violencia de los últimos dos meses, unas 150.000 personas huyeron de sus hogares en Angola hacia la República Democrática de Congo, Zambia y Congo-Brazaville. (FIN/IPS/tra-en/np/mn/ak/ml/ip/98
