El gobierno de Trinidad y Tobago desacató la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de aplazar la ejecución de un ex soldado condenado a muerte y cuatro más previstas para este mes.
La administración de Basdeo Panday también negó haber tomado las medidas del ex soldado, de nombre Anthony García, para preparar la horca.
El dirigente del Movimiento Nacional del Pueblo, Patrick Manning, advirtió que la comunidad internacional desaprobará con seguridad el incumplimiento de una orden procedente de un organismo del sistema interamericano.
"Nuestra conducta en materia de derechos humanos no podrá resistir el escrutinio. Muchos países tomarán eso en cuenta en sus relaciones con Trinidad y Tobago", dijo Manning.
El arzobispo católico Anthony Pantin también cree en que la actitud tendrá un impacto negativo en el país. "¿Hemos estudiado lo que implica retirarnos de los organismos de derechos humanos?", se preguntó Pantin.
El gobierno retiró su respaldo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y denunció el Protocolo Opcional del Convenio Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos.
Trinidad y Tobago adhirió al convenio en 1978 y al protocolo adicional en 1980. También ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en 1991.
Desde que el país se retiró de estos organismos, el camino quedó habilitado para proceder a las ejecuciones de los presos sentenciados a muerte, dijo el ex dirigente de la Oficina de Derechos Humanos de Trinidad y Tobago, el fiscal de la nación Ramesh Maharaj.
"Trinidad y Tobago tenía que adoptar estas medidas para cumplir con el mandato constitucional", declaró Maharaj ante la Cámara de Representantes.
Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en San José, pidió al gobierno que "tome las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física" de los cinco condenados a muerte. Desde entonces, Barbados y Guyana indicaron que adoptarán una actitud similar.
Al canciller Ralph Maraj no le preocupa que la cuestión pueda perjudicar al país. "Nuestros antecedentes de derechos humanos son impecables", declaró.
"Tenemos una democracia que funciona, medios de comunicación libres, pluralismo político, elecciones libres y justas, de hecho, tenemos libertad de expresión y una fuerte sociedad civil. El mundo sabe el tipo de civilización humanitaria que queremos construir", sostuvo.
Maraj reveló que el fiscal de la nación planeaba responder a la orden de la Corte Interamericana.
Pero Anselm Francis, experto en relaciones internacionales, opinó que el país no tiene mucha opción en esta cuestión. "Legalmente, no hay forma de evitar" la orden.
"La Corte se pronunció y es definitivo. Ninguna norma nacional podrá invalidar una decisión del tribunal", añadió.
El papel de la Corte no se debe tomar a la ligera, aunque el organismo no tenga la capacidad de hacer cumplir sus decisiones, explicó Francis. "Sencillamente, tenemos que acatar las leyes internacionales".
Cuando Trinidad y Tobago se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo Opcional (fue el primer país en hacerlo) se habían presentado 27 casos de condenas de muerte ante esos organismos.
Estados Unidos y Bahamas nunca ratificaron la Convención y otros estados del Caribe, como Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nevis, y Santa Lucía nunca firmaron el Protocolo Opcional. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/aq-mj-ml/hd/98
