Miles de pobladores andinos de Perú pudieron soportar la pobreza, la discriminacion, la desconfianza y hasta el desprecio de sus compatriotas gracias a la ilusión de retornar al hogar, que abandonaron precipitadamente para huir de la violencia.
Hoy, muchos han vuelto a sus lugares de origen pero el desamparo encontrado los está convirtiendo nuevamente en parias en busca de donde vivir.
Huancayo, una próspera ciudad de la sierra central de Perú, es uno de los lugares escogidos por hombres y mujeres hartos de cargar sobre sí el estigma de ser desplazados y no poseer ni siquiera un papel de identificacion.
"Ya nada era igual en mi pueblo, tanta ilusión por volver, tantas cosas que soporté pensando: 'algún día volveré a mi casa', y cuando volvimos no encontramos nada", dice Martina Chuquihuayta, una campesina de 63 anhos, madre de cuatro hijos.
"Mucha ayuda nos prometieron, pero solo nos dieron frazadas, calaminas y palas, y después nos metieron en un ómnibus rumbo a la tierra y nos abandonaron a nuestra suerte", añade la mujer, que huyó en 1981 de Upahuaco, un pueblito de Ayacucho, productor de papa y maíz, que tuvo más de 3.000 habitantes en su apogeo.
Chuquihuayta dice que siempre han sido tratado como animales, primero por los miembros de la organización guerrillera Sendero Luminoso y después por el ejército.
"No nos podíamos quedar (en Upahuaco) porque allí íbamos a morirnos de hambre. No teníamos nada, ni siquiera un banco para sentarse. Esperamos un tiempo la ayuda prometida y cuando nos dimos cuenta que nos habían abandonado, decidimos venir a Huancayo", dice.
"Aquí por lo menos nos sentimos más comodos que en Lima, es nuestra gente, somos todos serranos, podemos sembrar nuestra chacrita", dice.
En esta ciudad, a 310 kilómetros de Lima, hay cientos de "retornantes" que han decidido abandonar para siempre sus lugares de origen ante la indiferencia gubernamental. Y son muchos los desplazados que, simplemente, no desean acogerse a los programas de retorno del gobierno.
Según la Asociación de Desplazados Regional del Centro, el 60 por ciento no desea volver debido a las nulas condiciones de progreso que se les presentan en sus lugares de origen. Aunque la mayoría son jóvenes menores de 30 años, también entre los mayores existe temor por el retorno.
"Hasta 1993 estaba latente el sentimiento de volver, porque tras 10 años viviendo en ciudades de la costa no habían logrado adaptarse y vivían en situación de extrema pobreza", dice el sacerdote José Miranda, de la Comisión de Derechos Humanos de los Desplazados de la Iglesia Católica.
"Sin embargo, al escuchar de boca de quienes se animaron a retornar el aspecto desolador de las comunidades, con los campos de cultivos cubiertos de maleza, las casas destruidas, sin colegios, postas medicas ni autoridades, empezaron a mostrarse reacios a los ofrecimientos de regresar del gobierno", añade.
Según las autoridades del Programa de Apoyo al Repoblamiento, unos 230.000 desplazados por la violencia de un total de 600.000, ha retornado a sus lugares de origen desde 1995.
Sin embargo, organismos no gubernamentales afirman que sólo el 20 por ciento está radicando en sus lugares de origen, mientras que el resto se encuentra "itinerante", transitando de ciudad en ciudad.
Versiones oficiales señalan que existe una inversión de 16 millones de dólares para mejorar las condiciones de vida de los retornantes, principalmente en carreteras. Sin embargo, se requieren 800 millones de dólares para que los pueblos asolados por la guerrilla sean nuevamente lugares aptos para vivir.
"El 50 por ciento de los retornantes está en una situación paupérrima, sin nada que comer y dependiendo de los programas de alimentación del gobierno", comenta Carlos Tapia, director del Centro de Desarrollo Poblacional.
"Se trata de campesinos, sin la capacitación debida para abrirse mercados de trabajo, y que tienen el cien por ciento de sus tierras arrasadas", añade.
El experto asegura que solo en las comunidades de Ayacucho hay 5.000 casas destruidas y 3.000 huérfanos que han sido adoptados como hijos de la comunidad a la que pertenecen, la mayoría de los cuales no posee documentos de identidad.
"No se trata solamente de retornar a los desplazados a sus tierras. Se trata de reconstruir una democracia diferente en las zonas asoladas por el terrorismo si no queremos el recrudecimiento de la violencia", asevera.
Según el experto, lo que el gobierno está haciendo en materia de desplazados es "levantar el mismo puente que se cayó, sin reforzarlo debidamente. Entonces, existe el riesgo de que después de un tiempo se vuelva a caer". (FIN/IPS/zp/ag/hd-pr/98
