Buena parte de la población de Indonesia exige la devolución al estado de las fortunas que amasaron el ex presidente Alí Suharto y sus familiares y amigos, pero expertos recomiendan prudencia para no profundizar la crisis económica.
"Si creen que la devolución de los bienes de Suharto al estado beneficiará a la población están equivocados… Solo serviría para aumentar su miseria", advirtió en Yakarta el consultor financiero Bambang Nurbiyanto.
Uno de los problemas sería el aumento del desempleo si cierran las empresas de los allegados al ex dictador, explicó Nurbiyanto.
Mientras tanto, el nuevo presidente, Bacharuddin Jusuf Habibie, se encuentra bajo intensa presión para investigar la fortuna amasada por su predecesor, que, según la revista estadounidense Forbes, llegó a los 16.000 millones de dólares.
Las actividades económicas del "imperio" Suharto cubren una gran variedad de sectores, desde el de infraestructura al automotriz, del químico al petrolero, del inmobiliario al comercial. Además, tiene cuantiosas inversiones en el extranjero.
Todos estos negocios prosperaron al amparo de la sólida situación económica que tuvo Indonesia la última década, hasta que se desencadenó la crisis hace algunos meses.
La actividad de estas empresas logró generar riqueza para un segmento de la sociedad indonesia compuesto principalmente por "pribumi", como se denomina a los nativos de este país, que ganaron poder en una economía dominada por la minoría china.
"Su error es que hicieron esto a costa del pueblo. Un pequeño grupo de pribumi se volvió próspero, mientras la mayoría se hundía en la miseria", dijo Haryanto, un periodista especializado en finanzas en Yakarta.
Los miembros del círculo de allegados a Suharto disfrutaron además de todos los beneficios asociados a la riqueza y el poder, incluso productivos negociados, monopolios, concesiones impositivas y otros incentivos financieros, además de acceso privilegiado a los créditos.
Por eso no fue ninguna sorpresa que las protestas de hace un mes, cuyo punto culminante fue la renuncia de Suharto después de 32 años en el poder, tuvieran como uno de sus objetivos principales de ataques, saqueos e incendios las empresas vinculadas con el ex mandatario.
Poco después de que Suharto abandonó el poder comenzaron a plantearse reclamos de investigación sobre el origen de su fortuna, demandas que, sin duda, generaron inestabilidad en algunas empresas.
La primera víctima fue el Banco Asia Central, que pertenecía al socio de Suharto, Liem Sioe Liong, y a dos hijos del ex presidente. Los retiros masivos de depósitos generaron insolvencia y de inmediato se produjo la intervención de la Agencia Indonesia para la Reestructuración Bancaria.
Otra empresa que se paralizó fue la PT Bina Jasa Hantarindo (BJH), controlada por un hijo de Suharto. Este hecho ocasionó la cancelación de un proyecto para construir un puerto en sociedad con una compañía pública.
También se detuvo un proyecto de sistema de tránsito en el sur de Yakarta, en el cual estaba involucrada una hija de Suharto, y el de crear una fábrica automotriz en el ocupado territorio de Timor Oriental.
La paralización de estos proyectos causó el despido de miles de trabajadores, y se pronostica que muchos más perderán sus puestos. Los especialistas dicen que los problemas laborales y la detención en el proceso productivo complicarán las posibilidades de recuperación económica.
"Si no hay proyectos tampoco hay empleos. Lo que debería hacerse es incorporar a estos proyectos una gestión transparente, justa y eficiente, pero sin destruirlos", advirtió el economista Didik Rachbini.
El experto se manifestó sorprendido del modo en que gobernadores y autoridades locales se vuelven contra el que fue su benefactor ordenando la clausura de los proyectos vinculados a Suharto.
"Lo hacen para ganar el favoritismo de la gente y evitar convertirse en blanco de campañas contra la corrupción y el nepotismo", añadió.
Las dudas sobre la transparencia también alcanzaron a las fundaciones vinculadas a Suharto, pues se asegura que los empleados públicos y las empresas del Estado eran obligadas a entregar contribuciones a estas instituciones.
Pero los ex funcionarios del gobierno que dirigen fundaciones creadas por el ex mandatario desafiaron a que se presenten pruebas sobre las irregularidades.
"Los desafiamos a que nos demanden si detectan alguna irregularidad. Pueden investigar estas fundaciones. Estamos abiertos", dijeron sus portavoces.
Las fundaciones Amal Bakti Muslim Pancasilla, Supersemar, Dharmais y Dakab recibieron fondos en forma voluntaria, y no mediante coerción a los donantes, argumentaron. Sus fondos suman 219 millones de dólares para proyectos sociales y educativos. (FIN/IPS/tra-en/ky/ral/lc mj/ip if/98
