Indígenas de la comunidad emberá- katío pidieron a las autoridades ambientales detener la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, en el norte de Colombia, por carecer de garantías de mitigación del impacto ambiental que la obra causaría en sus tierras.
Francisco Salazar, representante legal de los indígenas, pidió al Ministerio del Medio Ambiente que no apruebe la licencia ambiental para el llenado de la represa, previsto para agosto, por haber incumplido la empresa el plan ambiental con el que se había comprometido.
Salazar dijo a IPS que se ha pedido también a la autoridad ambiental que se inicie "una consulta previa con el pueblo emberá- katío, para establecer los daños que ha causado hasta ahora la construcción de la obra" y establecer responsabilidades.
Según Salazar, el daño ambiental que produjo la construcción de la hidroeléctrica en la zona es irreparable tanto para la flora y fauna como para la salud de la comunidad.
A las quejas de los indígenas se sumaron también las de la Asociación de Pescadores y Productores de la Ciénaga Grande, de Lorica, que han visto afectado su principal medio de subsistencia por la muerte de los peces.
Las denuncias de los indígenas fueron avaladas por la defensora del pueblo (ombudsman) local, Milene Andrade, quien afirmó que la petición al Ministerio del Medio Ambiente está "orientada a persistir en la protección y el respeto de las comunidades afectadas" por los impactos que traerá la obra.
Así mismo, Gloria Ramírez, delegada de la defensoría para asuntos ambientales, indicó que para la construcción de la hidroeléctrica la empresa Urrá S.A no está cumpliendo "con los principios del desarrollo humano sustentable".
La Defensoría del Pueblo anunció que pedirá a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre las leyes que protegen las comunidades indígenas para intervenir y concertar las decisiones sobre proyectos que se lleven a cabo en su territorio.
La Constitución de 1991 faculta a las comunidades a debatir en una consulta previa para que se pronuncien sobre el impacto socioambiental y económico que pueden traerles las obras que se proyecten.
Para cumplir con ese objetivo, la Constitución prevé la realización de audiencias públicas en las que los ciudadanos intercambien opiniones y criterios sobre el tema, en este caso el del llenado del embalse.
Para la primera etapa de la construcción de la represa, el Ministerio del Medio Ambiente otorgó en 1996 a la empresa Urrá S.A la licencia ambiental pese a las protestas de grupos ecologistas que la consideraban negativa.
La licencia de construcción fue otorgada a la empresa tras la presentación de un plan ambiental para la etapa de construcción que contemplaba el manejo de aguas, aprovechamiento forestal, disposición de residuos sólidos y de emisiones atmosféricas.
Así mismo, se le exigió a la constructora un inventario de flora y fauna de la zona que afectaría la obra, un plan de manejo ambiental, que según los indígenas no se ha cumplido, y la evaluación de los efectos que causaría el desvío del rio Sunú, principal servidor de la represa.
En esa oportunidad, los ambientalistas opositores al proyecto señalaban que la obra afectaría parte de la reserva natural de Paramillo, zona de influencia del embalse en el noroeste colombiano, donde se perdería irreversiblemente cerca de 7.000 hectáreas de biomasa.
Este daño, según los ambientalistas, sería semejante al que se ocasionó con la contrucción de la carretera Transamazónica en Brasil.
Para los defensores del proyecto, en cambio, éste permitiría la regulación de las aguas del rio Sunú, cuyos desbordes en época de lluvia dejan centenares de familias damnificadas y cosechas destruidas en el departamento de Córdoba, donde se sitúa la obra.
La construcción de la represa de Urrá está a cargo de un consorcio de firmas internacionales con un costo cercano a los 180 millones de dólares, de los que un 60 por ciento corresponde a créditos externos y 40 por ciento a la contraparte colombiana.
La hidroeléctrica, que implica la reubicación de 390 familias en su mayoría indígenas, tendrá una capacidad instalada de 340 magavatios de energía y generará 1.421 gigavatios año-hora.
Los emberá-katío, con una población cercana a 2.000 indígenas dispersos entre los departamentos de Chocó y Córdoba, forman parte de la familia de los Chocó, que habita en el oeste del país. (FIN/IPS/yf/np/ml/en-pr/98
