El asesinato de siete supuestos narcotraficantes devolvió al primer plano en Honduras las sospechas sobre la existencia de una red delicitiva integrada por jefes del ejército y de la policía.
Dos oficiales militares son acusados de estos asesinatos, cometidos entre el 12 y el 14 en la ciudad de Tocoa, en el norte del país, al parecer por disputas sobre el reparto del negocio. También se implicó al jefe del Estado Mayor de la Policía nacional.
Al coronel Wilfredo Leva, prófugo desde el miércoles pasado, y el subteniente Redimir Arita, que se encuentra preso, se les considera integrantes de uno de los carteles de la droga que operan en el litoral atlántico de Honduras.
Leva estuvo preso hace más de un año por su relación con una banda de robo de vehículos, pero fue absuelto por la justicia. El militar fue nombrado luego de su liberación subcomandante del Cuarto Batallón de Infantería en la ciudad de La Ceiba, uno de los principales del país.
Organismos de derechos humanos y fuentes de la Fiscalía afirman que Leva integra la banda conocida como "Grupo de los 13", en la que estarían implicados otros altos jefes militares y policiales.
Uno de ellos es, según las mismas fuentes, el jefe de Estado Mayor de la policía, coronel Andrés Urtecho.
Los movimientos de esta banda, que se dedica al robo de vehículos, narcotráfico, secuestros, asaltos y asesinatos, de acuerdo con los informantes, se centran en el litoral atlántico, caribe y occidente del país.
Leva y Arita son acusados por la muerte de siete supuestos narcotraficantes en menos de 72 horas por disputas territoriales, según la Policía y la Fiscalía del Estado.
En el escenario de la muerte de estas personas se hallaron algunas armas y pequeñas bolsas de cocaína, pero lo que delató al militar fue su insistencia en que se devolviera un automóvil requisado por la Policía y en poder de los tribunales.
La mayor María Luisa Borjas, comandante de la policía preventiva en Tocoa, explicó que Leva "insistió mucho en que se devolviera ese vehículo".
"Mandó emisarios y me hizo llamadas telefónicas para que se lo diera, pero le dije que no podía porque estaba en poder los tribunales. Esta insistencia despertó mi curiosidad y, junto con los fiscales y los agentes antidrogas, pedimos autorización al juzgado para revisar el vehículo", agregó Borjas.
"Creíamos que encontraríamos droga, pero nuestra sorpresa fue que hallamos 240.000 dólares en los compartimientos falsos del automóvil", recordó la agente, quien dijo el jueves ser objeto de llamadas anónimas con el propósito de tenderle una emboscada.
Las cinco personas arrestadas por su participación en las muertes en Tocoa dijeron que ese dinero tenía como destino la "compra de un ganado" que le interesaba a Leva.
Borjas exhortó a las fuerzas armadas a que entreguen al coronel Leva. "Creo que ellos saben dónde se encuentra", afirmó.
Fuentes de la Fiscalía y de la Policía dijeron este jueves a IPS que la captura del coronel Leva es, sin duda, el hilo que los conducirá a una gran banda de narcotraficantes en la que hay más militares implicados.
La participación de los dos oficiales en el narcotráfico "es un fuerte golpe a nuestra moral, pero no vamos a defender a nadie, porque su inocencia o culpa debe ser probada en los tribunales", dijo el jueves el portavoz de las fuerzas armadas, coronel Mario Villanueva.
"Mi coronel (Leva) se tomó una molestia que le puede costar caro al insistir en que devolvieran ese vehículo, pero serán los tribunales quienes dirán la última palabra. Las fuerzas armadas no van a permitir ningún militar 'narco' en el organismo", afirmó.
La participación de estos dos oficiales en narcotráfico y asesinatos fue un duro golpe para las fuerzas armadas, que este martes insinuaron su interés en que el gobierno reformarça su ley interna para darle potestad en la investigación y control de las drogas.
El narcotráfico se estableció en Honduras en la década del 70. El mayor escándalo político en relación con el tráfico se produjo a mediados de los años 80, cuando trascendió en Estados Unidos una lista de narcomilitares.
Las acusaciones de Washington contra esos militares fueron olvidadas a cambio de la entrega por parte de Tegucigalpa en 1987 de Ramón Matta, vinculado con el cartel de Cali en Colombia, quien hoy cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense. (FIN/IPS/tm/mj/ip hd/98
