El gobierno de Malasia, que teme un estallido social a causa del deterioro de la economía, prohibió tres actos públicos, y los analistas creen que esas medidas pueden ser contraproducentes.
La policía negó autorización al opositor Partido de Acción Democrática (DAP) para realizar una concentración el día 2 en Pantai Kundor, una localidad de Malaca unicada 530 kilómetros al sur de la ciudad de Penang.
El DAP, que es considerado representante de la etnia china, pese a su autodefinición de grupo multiétnico, había convocado a la reunión como parte de una serie de 40 actos organizados en apoyo a su vicesecretario general, Lim Guan Eng, condenado a 36 meses de cárcel por sedición y divulgación de falsas noticias.
La policía desplegó una fuerza "innecesaria", movilizando no sólo a sus agentes "sino también a la Unidad de Reserva Federal, armada con bastones y escudos, en actitud provocadora", declaró el parlamentario Lim Kit Siang, secretario general del DAP.
Guan Eng, hijo de Kit Siang y representante en el parlamento de la ciudad de Malaca, aguarda el resultado de su apelación ante la Corte Federal. Si pierde, no podrá participar durante varios años de la actividad política.
El objetivo del DAP era poner pie en Pantai Kundor, cuya población rural es sostén de la Organización Nacional de Malayos Unidos, la principal fuerza de la coalición gobernante, y del opositor Partido Islámico.
La prohibición de reuniones públicas parece confirmar el temor del gobierno ante la posibilidad de que la crisis económica estallada en la segunda mitad de 1997 provoque disturbios.
Malasia está atrapada en el colapso general del sudeste de Asia y su economía retrocedió 1,8 por ciento en los primeros tres meses de este año y muchos analistas opinan que lo peor aún está por venir. Al respecto, predicen el aumento del desempleo y de la inflación.
El gobierno proyectó para este año un crecimiento económico de dos por ciento, pero fuentes independientes creen que ese dos por ciento será en realidad negativo.
A los problemas económicos se agrega una larga sequía que ha determinado el racionamiento de agua en Kuala Lumpur, la capital.
Dos días antes de la cancelación del foro de Malaca, fue también prohibida una reunión de abogados organizada por el DAP en Kuala Lumpur.
La policía advirtió al público que el acto de los abogados, que debía realizarse en el salón de un hotel, no estaba autorizado y que no se permitiría su realización, y movilizó fuerzas para cerrar el paso a los asistentes.
"La conducta de la policía demuestra claramente que las autoridades no respetan los derechos humanos garantizados por la Constitución federal", señaló Jonson Chong, coordinador del grupo de derechos humanos Suaram.
"¿Era necesario hacer una exhibición de fuerzas de tal magnitud para impedir una asamblea en un salón cerrado de un hotel, como si hubiera una inminente ruptura de la ley y el orden"', se preguntó Ramdas Tikamdas, presidente de la Sociedad Nacional de Derechos Humanos de Malasia.
También fue cancelado "por razones de seguridad" otro acto público, programado por la Federación de Asociaciones de Consumidores para el día 3 en la capital con la finalidad de discutir la crisis del suministro de agua.
Un día antes, el inspector general de la policía, Rahim Noor, había asegurado que la fuerza pública no impediría concentraciones debidamente notificadas. También dijo que esas asambleas no resolverían el suministro de agua potable.
Las elecciones generales están previstas para el 2000, pero la súbita dimisión del presidente Alí Suharto en la vecina Indonesia ha estremecido a la coalición que gobierna Malasia desde 1977.
La prohibición de la asamblea de la Federación de Consumidores se produjo el mismo día en que las autoridades anunciaron que consideran reducir el suministro de agua a Kuala Lumpur a uno cada tres días, en lugar de uno cada dos, como hasta ahora.
Los grupos de derechos humanos reaccionaron con firmeza ante la prohibición del acto de la Federación de Consumidores.
"Es trágico que se impida discutir asuntos cotidianos y problemas de interés vital en un país que se proclama respetuoso de principios y prácticas democráticas", advirtió la organización no gubernamental Aliran.
El derecho de los consumidores a reunirse en asamblea y discutir asuntos que afectan su vida cotidiana es básico para la democracia, señaló Ramdas Tikamdas, de la Sociedad de Derechos Humanos.
La prohibición de esas tres concentraciones públicas demuestra que el gobierno teme una reacción popular en su contra, pero esas medidas pueden alimentar el descontento, observó Aliran.
"Impedir la discusión pública de asuntos sociales importantes es un medio seguro de aumentar el malestar del público", indicó la organización.
"El gobierno sugiere con esas decisiones a la población que nada tiene que opinar acerca del modo en que el país es administrado y que la búsqueda de soluciones es facultad excluyente de los dirigentes políticos", agregó. (FIN/IPS/tra- en/an/ral/ff/98
