Activistas de derechos humanos de Indonesia aspiran a que el Tribunal Penal Internacional (TPI) cuya creación se debate en Roma pueda juzgar al ex presidente Alí Suharto y a otros funcionarios por numerosos crímenes cometidos en 32 años de dictadura.
Entre esos delitos figuran secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos a manos de organismos del estado para asegurar la permanencia de Suharto en el poder y consolidar la presencia y control del gobierno sobre zonas candentes del archipiélago, como Timor Oriental.
Los activistas consideran que los delitos cometidos en el marco de un conflicto interno deberían incluirse en la gestión del TPI, cuyo tratado constitutivo se discute en Roma hasta el 17 de julio.
"El régimen de Suharto cometió terribles atrocidades como desapariciones, secuestros, torturas, asesinatos y violaciones", dijo Andreas Harsono, del Instituto de Estudios para el Libre Flujo de Información, organización radicada en Yakarta.
"Graves violaciones de derechos humanos son conocidas sólo ahora, tras la renuncia de Suharto. Deben ser juzgados por el TPI por crímenes contra su pueblo porque el sistema legal indonesio es inadecuado para asegurar audiencias justas", explicó Harsono.
El TPI procesará crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio, entre otros, pero no sustituirá ni excluirá a las jurisdicciones nacionales. Operaría, según el principio jurídico de complementariedad, solo en caso en que éstas sean inefectivas o inexistentes.
Pero los poderes que se conferirán al tribunal dependerá de la marcha de las negociaciones.
Harsono dijo que, por ejemplo, habrá pocas posibilidades de que la corte tenga la facultad de acusar a personas como Suharto si las delegaciones de los gobiernos en Roma acuerdan que el TPI sólo procese casos referidos al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El alcance del poder del Consejo sobre el TPI y su fiscal es uno de los puntos más espinosos en debate en la conferencia en la capital de Italia. Algunos países temen que sus facultades afecten las soberanías nacionales.
Estados Unidos afirma que una corte como la que está en debate podría acabar atando las manos de los soldados que participen en misiones de mantenimiento de la paz.
Entonces, aun si la corte fuera investida de amplios poderes para actuar contra gobernantes que cometen abusos contra sus pueblos, habría factores políticos a considerar.
"Suharto es aún considerado un aliado de Occidente y estoy seguro de que Estados Unidos objetaría que él o cualquiera de los miembros de su familia sea juzgado en el TPI", dijo Harsono.
Uno de los peores dolores de cabeza diplomáticos de Yakarta es Timor Oriental, un problema considerado un caso potencial para el tribunal.
Más de 200.000 timoreses, un tercio de la población de ese territorio, la mayoría civiles, perdieron la vida en bombardeos y maniobras de "limpieza" del ejército indonesio dispuestos por Suharto durante los meses siguientes a la invasión de la ex colonia portuguesa en diciembre de 1975.
El general Prabowo, yerno de Suharto, estuvo implicado en el control de escuadrones ninja (comandos expertos en artes marciales orientales) al servicio del ejército en Timor Oriental para torturar y aterrorizar a la población timoresa.
Prabwono, ex comando de las fuerzas especiales de elite, también es acusado de asesinar a seis manifestantes de la Universidad Trisakti y el secuestro de activistas.
El militar no ha sido juzgado por estas acusaciones, si bien fue cesado de la fuerza de combate por el jefe de las fuerzas armadas, general Wiranto, y asignado a funciones educativas.
Rob Wesley-Smith, portavoz de la organización Australianos por Timor Oriental Libre con sede en Darwin, dijo que Suharto y Prabowo deberían ser acusados ante el TPI. "Ambos son responsables de numerosas y graves violaciones de derechos humanos", dijo.
Pero los activistas saben que las posibilidades son pocas. "El movimiento timorés nota la hipocresía occidental en el problema de Pol Pot. Vimos con nuestros propios ojos lo que sucedió en la invasión de Timor Oriental, pero Occidente no se dio cuenta de nada porque adoraba a Suharto", agregó.
"En teoría, es posible acusar a Suharto en un TPI y confiscar sus bienes. Pero en la realidad no es fácil", dijo el indonesio George Aditjondro, profesor de la Universidad Newcastle de Australia y autor de numerosos estudios centrados en la riqueza de la familia Suharto.
"Los militares y el presidente Yusuf Habibie no quieren que so suceda", argumentó. El nuevo mandatario es un aliado de Suharto. Pero Aditjondro dijo que puede alcanzarse algún tipo de justicia.
"Lo inesperado ocurrió en Corea del Sur el año pasado, cuando Chun Doo-hwan y Roe Tae-woo fueron acusados por el presidente Kim Young-sam por su participación en la masacre de Kwanju en 1980. Lo mismo podría sucederle a Suharto y Prabowo", explicó.
Aditjondro sostuvo que el TPI debería tener jurisdicción no solo en crímenes de guerra cometidos en conflictos internacionales sino también en luchas internas.
"Las peores atrocidades se cometen en tiempos de paz a manos de regímenes represivos. Es descorazonador advertir que en el proyecto de tratado para la constitución del tribunal no se definan con claridad los crímenes contra la humanidad", dijo Aditjondro. (FIN/IPS/tra-en/si/js/hd/98
