La inseguridad, los operativos de "limpieza social", los linchamientos de supuestos delincuentes y la impunidad afectan gravemente los derechos humanos en Guatemala, según el último informe presentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en este país (Minugua).
La Minugua reclamó al Estado protección adecuada para jueces, fiscales, testigos y familiares de las víctimas, según consta en el segundo informe elaborado desde el acuerdo de paz firmado en diciembre de 1996, que puso fin a 36 años de conflicto interno armado.
"Al menos cinco familias decidieron abandonar el país el fin de semana pasado por miedo a represalias de los secuestradores y por la inseguridad e incorrecta aplicación de la justicia", dijo el lunes Jean Arnault, jefe de la misión, al presentar el estudio que cubre el período comprendido entre junio de 1997 y marzo de 1998.
El informe evalúa los esfuerzos emprendidos para transformar y robustecer al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, instituciones responsables de la aplicación de la justicia.
Arnault sostuvo que el país padece "una inseguridad que ha influido profundamente la percepción que la ciudadanía tiene de su situación personal y de la situación general del país, y que también ha afectado con fuerza su visión del proceso de paz".
Las perspectivas que abrió la paz han sido empañadas por la sensación de indefensión e impunidad que sigue prevaleciendo en amplios sectores, ricos o pobres, de la población.
La violencia política disminuyó, pero esa evolución no es irreversible, observó Arnault. El asesinato del obispo Juan Gerardi en abril "revivió el espectro del crimen político, que a juzgar por la tendencia de los últimos dos años parecía estar desapareciendo.
El secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, Ricardo de la Torre, dijo este martes que el informe de Minugua es positivo, pues reconoce los avances que el gobierno ha realizado para evitar violaciones de derechos humanos.
De la Torre recordó que en gobiernos anteriores la violencia procedía de sectores vinculados con el Estado, lo que no ocurre ahora.
Tanto el canciller Eduardo Stein como la abogada Marta Altolaguirre, directora de la gubernamental Coordinadora Presidencial de los Derechos Humanos, admitieron que aún existen violaciones aisladas, pero totalmente ajenas a las políticas del gobierno.
"Es necesario que las poblaciones afectadas denuncien a los responsables para que sean castigados con todo el peso de la ley", dijo Altolaguirre en relación a las acusaciones de Minugua contra ex militares y paramilitares, que luego de ser desmovilizados aún cometen violaciones de derechos humanos.
Minugua registró 1.842 violaciones de derechos humanos. Fueron comprobadas 109 violaciones al derecho a la vida, entre ellas 28 ejecuciones extrajudiciales, 42 tentativas de ejecución y 39 amenazas de muerte.
También se constataron 954 violaciones de la integridad y la seguridad, entre ellas 858 casos de uso excesivo de fuerza por parte de agentes del Estado, siete de torturas, 21 de tratos crueles, 47 de maltrato y 21 de amenazas, aunque no de muerte.
"La expansión de grupos ilegales es preocupante para la democracia, pero no se pueden utilizar métodos iguales para combatirlos", alertó Arnault.
Minugua instó a la Policía y al Ministerio Público a coordinar acciones para evitar las operaciones de "limpieza social" y a luchar contra el crimen organizado dentro de un marco legal.
En solo 12 meses se produjeron 120 linchamientos, en localidades donde las patrullas de autodefensa civil tuvieron mucha presencia y control social, y en varios casos se ha identificado a ex miembros de esos comités como instigadores, recordó.
Según Minugua, esto es una reacción a la incapacidad estatal de prestar seguridad y castigar los delitos.
Minugua recomendó una mejor coordinación entre las instituciones en la investigación y sanción del crimen, así como la urgencia de otorgar protección a jueces, fiscales, testigos y familiares de las víctimas y a miembros de organizaciones de derechos humanos.
Recomendó también superar el estancamiento de los procesos judiciales y otorgar más recursos al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el Procurador de Derechos Humanos.
La misión de las Naciones Unidas señaló también que el ejército debe cooperar para aclarar los hechos y sancionar a los miembros de su institución responsables de actos ilegales. (FIN/IPS/cz/mj/hd/98
