El periodista en América Latina puede obtener una primicia que lo saque del anonimato, pero también enfrenta situaciones menos gratas, como presiones judiciales, amenazas, despidos e incluso la muerte.
Los analistas coinciden en que el acceso a la información ha mejorado y que ahora existe mayor libertad de expresión que hace 20 años. Pero también advierten que paralelamente a esos avances aumentaron las presiones contra la prensa y los periodistas.
En Perú, un país de 23 millones de habitantes y 44 diarios, hay una aparente libertad de expresión, pero los medios opositores son discriminados de la publicidad estatal, les demoran los trámites de importación y sus periodistas enfrentan problemas judiciales, señalaron fuentes consultadas por IPS.
Los periodistas "están sujetos a amenazas, intimidaciones y hostilizaciones después que sus reportajes son publicados", apuntó en su último informe el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), una organización internacional.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) denunció la campaña sistemática de desprestigio, difamación, denuncias, amenazas y amedrentamiento directo contra los periodistas que investigan actos de corrupción por parte de militares o los servicios de inteligencia.
El Consejo, integrado por los directores de los principales medios de comunicación, también mencionó la presión tributaria contra muchos de sus miembros y la manipulación de hechos contra la democracia, como la intervención telefónica de periodistas.
"Nuestra labor se desarrolla bajo una completa inseguridad jurídica", señaló Ricardo Uceda, jefe de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, el más importante del país.
"A los periodistas se nos está obligando a un despropósito: a que publiquemos pruebas judicialmente válidas para amparar nuestras denuncias, de lo contrario, el hecho denunciado puede revertirse en contra nuestra y el periodista terminar en los tribunales", añadió.
El propio Uceda es víctima de lo que muchos analistas denominan "escalada contra la prensa": fue acusado por el general Homero Nureña de haberlo extorsionado por varios miles de dólares bajo amenaza de manchar su desempeño al frente del Sistema Nacional de Defensa Civil.
Nureña, quien fue destituido como jefe de Defensa Civil, pretendería con esto salir airoso de las graves acusaciones de malversación de fondos en su contra, mientras estuvo al frente del organismo que debió tomar las medidas necesarias para hacer frente a los efectos del fenómeno de El Niño.
Este no es el único caso. El periodista José Arrieta, actualmente refugiado en Estados Unidos, fue acusado por uno de sus entrevistados de haberlo sobornado para que denunciara públicamente la existencia del grupo paramilitar Colina, integrado por miembros del Servicio de Inteligencia en actividad.
Esta denuncia fue emitida por el canal 2 de televisión antes de que su propietario, Baruch Ivcher, fuera despojado del canal y de la nacionalidad peruana adquirida por naturalización.
La acusación, proveniente de un ex miembro de los servicios de inteligencia, le valió a Arrieta una citación en la Dirección contra el Terrorismo y la posibilidad de un proceso en la justicia militar.
Sus familiares se niegan a declarar a la prensa por temor y ha trascendido que han sido víctimas de amenazas y extraños accidentes de tránsito.
Blanca Rosales, editora del diario opositor La República y la única mujer que desempeña un cargo de este nivel en Perú, dijo que las amenazas son posibles por el desmantelamiento sistemático de todos los mecanismos de control del Estado.
"Los periodistas nos hemos convertido en los centinelas de la justicia sin estar preparados ni protegidos para ello", afirmó Rosales, quien a fines del año pasado fue raptada al salir del periódico por un grupo que la retuvo durante varias horas y la amenazó de muerte.
Sectores de oposición acusaron del hecho al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), pero el Ministerio del Interior lo consideró un asalto común y se cerró la investigación.
Para Rosales, todas estas maniobras contra la prensa apuntan a posibilitar la candidatura del presidente Alberto Fujimori para un tercer mandato en el año 2.000. El Comité de Protección de Periodistas también expresa esta opinión en su último informe.
En un seminario realizado este mes en Lima por la agencia internacional Noticias Aliadas, se mencionaron los mecanismos contra la prensa imperantes en varios países de América Latina.
En Chile, se utilizan sinónimos para algunos términos, como "extrañamiento" por "exilio", señaló Pascalle Von Nefoy, corresponsal en ese país.
El uruguayo Samuel Blixen dijo que en su país se aplica una ley de prensa que coarta la libertad de informar o se amenaza con el despido a los periodistas que se enfrentan con altos funcionarios del gobierno.
John Ross, un veterano corresponsal en México, afirmó que en ese país desde 1984 han sido asesinados 63 periodistas y sólo bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo han muerto 11 reporteros. (FIN/IPS/zp/ag/cr-hd/98
