La gran mayoría de los programas de computadoras existentes en América Central son copias ilegales, aseguró Business Software Alliance (BSA), que agrupa a 104 compañías productoras de software de Estados Unidos.
La piratería informática en el istmo continúa siendo un dolor de cabeza para los fabricantes, pese a campañas para combatirla, y lo mismo ocurre con la falsificación de marcas comerciales.
El Salvador y Guatemala, con 89 por ciento de copias ilegales sobre el software total en venta, y Costa Rica, con 86 por ciento, son los países de América Central en que menos se respeta el derecho de propiedad intelectual en la materia.
En Europa, la proporción es de 43 por ciento, y en Estados Unidos, de 28 por ciento.
Mientras, se calcula que cinco por ciento de la ropa, calzado y relojes que se venden en el mundo son de marca falsificada, y esos artículos ilegítmos también circulan en América Central.
La ropa y el calzado Nike, los lentes Ray-Ban, las carteras Chanel, los relojes Citizen, los pantalones vaquero Levis y las confecciones Calvin Klein son los productos que más se falsifican en el mundo, informó en Panamá un portavoz de los fabricantes.
Aunque los grandes centros de falsificación de marcas están en Europa, Asia y Africa, se estima que desde la zona libre (franca) de Colón, en el Caribe de Panamá, se distribuye una gran parte de esas mercancías a América Central y del Sur.
Así mismo, Panamá, que hasta octubre presentaba un índice de uso no autorizado de programas de software cercano a 85 por ciento, en los últimos ocho meses redujo la proporción, para situarse actualmente en 64 por ciento, de acuerdo con la BSA.
Cinco empresas locales, entre ellas la constructora Ventas y Proyectos, que edificó el importante Hotel Miramar en la ciudad de Panamá, fueron acusadas de copiar sin licencia programas de software y demandadas judicialmente por violar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos vigente desde enero de 1995.
La ofensiva contra la piratería -sobre todo de software- fue iniciada por la BSA en Panamá en 1997, y la persecución de los transgresores se ampliará próximamente a El Salvador y otros países de la región donde existan leyes de protección de derechos de autor y de la propiedad intelectual.
En El Salvador se anuncian las primeras audiencias sobre uso indebido de software, que son promovidas por la Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual de la Fiscalía de la República, informó el jefe de esa oficina, Guillermo Gochez.
La Asociación Salvadoreña de Industriales calculó que el Estado y el sector privado deberán invertir unos 300 millones de dólares en la sustitución de los programas de software pirateados.
El representante de la BSA en Panamá, Audrey Williams, advirtió que alegar ignorancia o aducir "que los papeles de propiedad de los programas se perdieron" no exime de responsabilidad a las empresas, instituciones o particulares que usen copias ilegales.
"Si el comprador de la computadora con un software instalado sin autorización sabe lo que ocurre y utiliza ese software, incurre en estafa por uso sin licencia" de una propiedad intelectual advirtió el abogado.
Javier Castillo, representante en Panamá de la compañía Microsoft, de Estados Unidos, estimó que la reproducción ilegal de software entre 1992 y 1997 ocasionó pérdidas a las compañías productoras por más 100 millones de dólares sólo en en este país.
Sin embargo, el problema tiene dimensiones globales y según la BSA, va a pasar aún cierto tiempo para que se regularice el uso de software en la región.
La BSA calculó a finales de 1997 que la pirateria informática impidió a la industria la creación de 130.000 nuevas plazas de trabajo y la canalización de más de 1.000 millones de dólares al fisco de Estados Unidos durante 1996.
Mientras, la confección y venta de prendas de vestir de marca falsificada causó a Calvin Klein la pérdida de 12 millones de dólares anuales en Panamá, aseguró Adalberto Pinzón, representante en este país de aquella empresa.
Pinzón informó que la Dirección de Aduanas de Panamá decomisó un cargamento de ropa Clavin Klein falsificada en la zona libre de Colón, la cual a precios de mercado "hubiese tenido un valor de 250.000 dólares".
La sanción para ese tipo casos consiste en una multa entre 10.000 y 200.000 dólares, pero cuando se trata de una empresa ubicada dentro de la zona libre de Colón, el castigo equivale a 25 por ciento de su movimiento comercial de un mes, explicó.
Pero el margen de ganancia de los falsificadores es de tal magnitud que éstos se arriesgan a ser multados y "son alarmantes las pérdidas" sufridas por Calvin Klein y otras marcas internacionales en América Central y el Caribe, advirtió Pinzón.
El jefe de la oficina de Propiedad Intelectual de la Dirección de Aduanas de Panamá, Aquilino Tejeira, destacó que la calidad de los materiales y los adelantos tecnológicos que emplean los falsificadores son tan similares a los de las marcas originales que "sólo un perito experto puede distinguir la diferencia". (FIN/IPS/sh/ff/if/98