Una gran parte de la economía de Panamá depende del agua para su desarrollo, como es el caso del canal interoceánico, pero es el único país de América Central que carece de una ley para proteger sus recursos naturales.
Dos años después de que el presidente Ernesto Pérez Balladares vetara por "inconveniente" la primera ley de ambiente adoptada por el parlamento local, sectores de la sociedad civil exigieron al legislativo que discuta con urgencia un nuevo proyecto "antes de que sea tarde".
Panamá cuenta con el privilegio de poseer 9.000 de las 250.000 especies de plantas superiores conocidas en el mundo, 929 especies de aves, 227 de mamíferos, 226 reptiles y 170 anfibios, así como 122 especies de aves migratorias estacionales.
Sin embargo, en los últimos 50 años han desaparecido un tercio de los 4,2 millones de hectáres de bosques primarios a causa de la tala indiscriminada con fines comerciales y la quema y desmonte destinada a habilitar potreros para ganado y parcelas agrícolas.
En esa especie de guerra no declarada entre el hombre y la naturaleza, 38 especies de aves, 33 de mamíferos y 10 de anfibios se encuentran en vías de desaparecer a causa de la caza furtiva, la comercialización y la destrucción de su hábitat.
Informes del estatal Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (Inrenare) revelan que entre 60.000 y 70.000 hectáreas de bosques naturales son talados o quemados cada año.
El nuevo proyecto de ley fue debatido entre un grupo de diputados y representantes de 14 grupos ambientalistas, y si bien no hubo un consenso total, representantes de la sociedad civil consideran que en algunos aspectos se dieron avances notables.
El activista Félix Wing afirmó que uno de los principales logros es que el administrador y subadministrador de la nueva entidad que se creará sean egresados universitarios con por lo menos cinco años de experiencia en manejo de ambiente y recursos naturales.
De aprobarse el proyecto. desaparece el Inrenare y se instituye la Autoridad Nacional del Ambiente (ANA), adscrita al Ministerio de la Presidencia.
También se estipulan mecanismos de consulta sobre la materia a través de una comisión consultiva nacional, así como otras a nivel distrital, provincial y comarcal en todo el país.
Consultas públicas sobre problemas ambientales que puedan afectar a la población, sobre todo en las áreas indígenas, tambien fueron incluidas en el nuevo proyecto, indicó Wing.
Las tres etnias más importantes del país, los ngobe-buglé, los kunas y los emberá, que en total equivalen a un ocho por ciento de los 2,7 millones de habitantes del país, se oponen tajantemente al desarrollo de proyectos mineros en sus territorios.
Otro aspecto se relaciona con las sanciones por la vía administrativa que se aplicarán a las personas o compañías que destruyan los recursos naturales, de hasta 10 millones de dólares de multa para compensar los daños.
Sin embargo, Wing advirtió que, pese a los esfuerzos, en el nuevo proyecto de ley no se pudo incluir una cláusula que obligue a los inversionistas a realizar un estudio previo de impacto ambiental antes de comenzar un proyecto de desarrollo económico.
El debate de la nueva ley de ambiente ocurre en momentos que el administrador general de la Comisión del Canal de Panamá, Alberto Alemán, instó al gobierno local y a la población a redoblar los esfuerzos para conservar el recurso del agua en la cuenca canalera.
Alemán señaló que la sequía producida por el fenómeno de El Niño ha puesto al país "ante una cruda realidad", y subrayó que la lección aprendida "es que para corregir los errores del pasado es necesario un cambio radical" con respecto a los recursos naturales.
En ese sentido advirtió que la cuenca hidrográfica del canal, de unas 330.000 hectáreas de extensión, "no ha escapado de las prácticas de desarrollo no sustentable que han prevalecido por generaciones en el resto del país".
Explicó que si el país desea mantener el canal en funcionamiento debe adoptar drásticas medidas de conservación de los bosques naturales existentes en la cuenca superior que abastece el canal, de la cual procede 50 por ciento del agua utilizada para que los barcos pasen de un océano al otro.
A su juicio, en esas áreas solo se pueden desarrollar proyectos de ecoturismo e investigaciones científicas, pero no seria oportuno permitir la destrucción del bosque primario existente en ese lugar porque se pondría en peligro el funcionamiento del canal.
El canal de Panamá aporta alrededor de 800 millones de dólares anuales a la economía local y ofrece una alternativa de tránsito para cuatro por ciento de todas las mercancías transportadas por vía marítima a nivel mundial. (FIN/IPS/sh/mj/en/98
