México era hace 10 años un puerto seguro para los observadores extranjeros que viajaban a América Central, escenario entonces de guerras civiles y de violación de los derechos humanos, pero los papeles parecen hoy invertirse.
Expulsiones, advertencias oficiales, discursos nacionalistas y antiextranjeros son parte del ambiente que hoy encuentran los observadores que visitan el sureño estado de Chiapas, similar al percibido años atrás en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
En los años 80, México permitía que en su territorio se prepararan las giras de observación a América Central, e incluso exhortaba a los gobiernos vecinos a autorizar los viajes con el argumento de que "los derechos humanos no tienen fronteras".
Hoy, ese pasado parece cobrar factura. Sometido a la atenta mirada internacional por el conflicto con la guerrilla zapatista, México autoriza la presencia de observadores, pero califica a algunos de ellos de "turistas revolucionarios" y limita sus movimientos.
Además, advierte que "ningún extranjero debe involucrarse en asuntos nacionales" y que nunca permitirá la mediación internacional para solucionar el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que desde su irrupción en enero 1994 despertó simpatías en múltiples países.
Este semana visitaron la zona del estado de Chiapas donde tiene presencia el EZLN, un centenar de italianos, entre los que se encontraban parlamentarios y se anuncia para la presencia de diputados canadienses.
Los italianos, que desafiaron la orden oficial de sólo visitar ciertos lugares y se mostraron abiertamente identificados con la guerrilla, fueron agredidos por grupos indígenas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En los primeros cuatro meses de este año, cuando el gobierno buscó una salida al conflicto con los zapatistas, las autoridades de migración expulsaron a una veintena de extranjeros de Chiapas.
Amnistía Internacional y Human Rights Wacht sostienen que en la lucha contrainsurgente, militares y policías violan los derechos humanos y la impunidad reina.
Desde que asumió el presidente Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994, los militares tienen fuerte presencia en Chiapas y en los estados de Guerrero y Oaxaca, donde opera el guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El actual rechazo del gobierno mexicano a personas calificadas "izquierdistas" y observadores extranjeros es considerada por los partidos opositores como un "patrioterismo ramplón", que busca ocultar violaciones de los derechos humanos.
"El que nada debe nada teme", dijo el presidente del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, Manél López, tras exhortar al gobierno a que no limitara las tareas de observación.
Desde la década del 20 hasta la del 80, los gobierno mexicanos acogieron a revolucionarios y toleraron sus actividades políticas, como ocurrió con los guerrilleros cubanos dirigidos por Fidel Castro.
Además, hicieron del discurso de la tolerancia y la pacificación parte de una tradición diplomática y promovió negociaciones de paz en su propio territorio, en el caso de El Salvador y Guatemala.
Las tradiciones no han cambiado, aseguran las autoridades, pero no se permitirá que los extranjeros "desafían las leyes y el orden", el EZLN rechace el diálogo y grupos como el EPR actúen impúnemente. (FIN/IPS/dc/ag/ip/98
