La democracia no ha traído a América menos impunidad de violadores de derechos humanos pero sí cambió el uniforme que usan, pues ahora son policías y no militares, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las denuncias de masacres, torturas y otros atentados contra la persona que llegan a la CIDH ya no son perpetradas por las Fuerzas Armadas, dijo su vicepresidente, el estadounidense Robert Goldman.
"La policía es ahora el cuerpo que más viola los derechos humanos en todo el continente", detalló Goldman, al concluir el viernes una semana de deliberaciones de la comisión en la capital de Venezuela.
El presidente de la Comisión, el venezolano Carlos Ayala, detalló que más de 70 por ciento de los casos que se reciben siguen siendo sobre atentados al derecho a la vida, la libertad y la integridad moral y personal de los ciudadanos.
"Es sumamente preocupante" que las ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de quienes deben proteger a los ciudadanos no reciban castigo, coincidieron Ayala y Goldman.
En su sesión 99, la CIDH emitió un solo informe de condena, dirigido contra el gobierno de México por no haberse investigado ni sancionado como le solicitó antes a los responsables policiales de dos ejecuciones extrajudiciales en 1995.
De los nueve casos admitidos, buena parte se refieren a violencia policial que quedó impune, como el caso del argentino Walter Bulacio, víctima de los efectivos de Buenos Aires.
La CIDH, con la consolidación de la democracia en el continente americano, ha pasado a ser utilizada con mucha frecuencia por las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, con el apoyo de las organizaciones humanitarias.
En la actualidad tiene unos 1.000 casos en sus manos y solo se pronunciará este año sobre unos 46, explicó el argentino Jorge Taina, secretario ejecutivo de la CIDH. Pero sus integrantes explicaron que tratan de escoger aquellos que sienten precedentes ejemplares para todos los países.
Ayala precisó que la alarma de la CIDH sobre la impunidad por parte de los efectivos policiales no se contradice con que el organismo considere absolutamente necesaria la existencia de fuerzas armadas y policiales.
"Necesitamos policías bien estructuradas, profesionales, bien dotadas y bien pagadas" y ellas son necesarias para proteger a los ciudadanos, combatir el crimen y mantener el orden, comentó el jurista venezolano.
"La policía debe ser el primer frente de protección de los derechos humanos y la que vela por las personas y sus derechos y eso no es lo que se está viendo en el continente", acotó.
"La policía muchas veces se confunde con el crimen y el atropello", dijo Ayala en nombre de la CIDH, que ya planteó el problema de la impunidad a los gobernantes de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 18 y 19 de abril en Chile.
Goldman precisó que el hecho de que la violación de los derechos humanos "no es política de Estado en los países americanos" es un cambio muy positivo que trajo la generalización de la democracia.
Pero los gobiernos y los demás poderes públicos mantienen una "tolerancia excesiva que involucra una responsabilidad" sobre la fuerza desproporcionada y las violaciones con que actúan sus policías en términos generalizados.
"Hay lugares donde las policías son casí empresas criminales y la gente no se atreve a recurrir a ella, y esto es una desgracia para la democracia y los ciudadanos", dijo Goldman.
El saber que no van a ser castigados, los fueros especiales de los que gozan, su falta de preparación y los bajos salarios, así como su falta de conocimiento sobre su papel como defensores de derechos humanos y no como sus violadores son factores que avivan el problema.
Ayala y Goldman también subrayaron la debilidad del Poder Judicial en el continente como herencia de las dictaduras y la insuficiente modernización de los estados democráticos.
"Urge un sistema judicial independiente y robusto para que la democracia se traduzca en un real estado de derecho", dijo Goldman.
Ayala comentó que una prueba de la debilidad del sistema judicial es que 70 por ciento de los detenidos en las cárceles americanas son procesados que no tienen sentencias.
Goldman insertó el problema de la impunidad en el del deterioro socieconómico en los países latinoamericanos y caribeños, que alimenta la criminalidad que, a su vez, desborda a unas fuerzas policiales que no cuentan con preparación adecuada. (FIN/IPS/eg/mj/hd/98
