Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos de América demandarán la semana próxima a la Asamblea General de la OEA que asuma medidas a favor del cese de la impunidad y la tortura, el acceso equitativo a la justicia y garantías para los defensores humanitarios.
Cancilleres de los 34 miembros de la Organización de Estaos Americanos (OEA) se reunirán entre este lunes y el miércoles en la capital de Venezuela, en una asamblea en que organizaciones no gubernamentales (ONG) del continente actuarán como observadores.
Durante esas tres jornadas también se realizará en Caracas un seminario sobre "El presente y el futuro de los derechos humanos de las Américas", en coincidencia con el 50 aniversario de la Declaración Americana de los Deberes y los Derechos del Hombre.
"En diversos países de la región se practica aún la tortura, las condiciones de las cárceles continúan siendo inhumanas y degradantes y prosiguen las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas", dijo el venezolano Raúl Cubas, uno de los organizadores del seminario de ONG.
Liliana Ortega, otra portavoz venezolana del encuentro de ONG, acotó que la impunidad para los violadores de los derechos humanos "sigue siendo una realidad", pese a que en esta década la democracia se haya extendido por el continente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presentará un informe especial ante la Asamblea, aseguró durante una sesión realizada en Caracas este mes que el cambio con la extensión de la democracia es que ahora la impunidad la protagonizan los policías y no los militares.
"La democracia ha demostrado ser una condición indispensable pero no suficiente para las garantías de derechos humanos", adujo Ortega, para afirmar que en América Latina aún se está en el tiempo de "democracia formal más que real'.
La activista puntualizó que la persistencia de atentados al derecho a la vida y las demás violaciones de derechos humanos en la región "no son sólo un remanente del pasado", aunque ahora "casi todos los países reconocen la vigencia de los derechos humanos como un valor".
Ortega, directora de una organización humanitaria centrada en el problema de los desaparecidos, alertó que la falta de castigo para los violadores de los derechos humanos está minando la credibilidad de la población sobre las democracias, con graves implicaciones para la gobernabilidad latinoamericana.
Cubas y Ortega explicaron a corresponsales extranjeros que "la Asamblea de la OEA no puede permanecer impasible ante esta realidad" y que de Caracas debería salir un compromiso firme para erradicar prácticas que niegan la dignidad humana.
Un pilar de ese compromiso debe ser, según el pronuciamiento de las ONG a la 28 Asamblea de la OEA, el fortalecimiento de la justicia como un poder autónomo al que se garantice el acceso igualitario de los ciudadanos.
El canciller venezolano, Miguel Angel Burelli, afirmó el jueves que la reforma de la administración de justicia será un asunto fundamental de los debates de la asamblea, en que el gran ausente es Cuba, expulsado de la OEA en 1962.
"Todos los países somos conscientes que cojeamos en la aplicación de la justicia y queremos abordar el problema en su aspecto concreto de la administración y el servicio", acotó.
Pero Ortega dijo que las ONG temen que la posición formal de la asamblea sea la de reducir el problema judicial a una crisis institucional, "cuando estamos ante una crisis de la Justicia con mayúsculas".
Cubas, coordinador del Foro por la Vida, que agrupa a medio centenar de organizaciones humanitarias venezolanas, comentó que un problema creciente que enfrenta la región es la inseguridad de los defensores de los derechos humanos.
El activista recordó los asesinatos del colombiano Eduardo Umaña y del obispo guatemalteco Juan Gerardi como ejemplos extremos del hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos.
Cubas explicó que las ONG de derechos humanos enfrentan una ofensiva para presentarlas como defensores de delincuentes y terroristas o promotores de campañas de desprestigio internacional de los países.
Otro elemento que plantearán las ONG continentales a la 28 Asamblea es la necesidad de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, mediante la ratificación de todos los miembros de las resoluciones que lo apuntalan y el otorgamiento de un estatuto consultivo a las organizaciones humanitarias.
Las ONG también reiterarán la gran preocupación por la persistencia de la aplicación de la pena de muerte en países del continente, pese a la orientación decididamente abolicionista de la OEA, que este año cumplió medio siglo. (FIN/IPS/eg/mj/hd/98
