El gobierno de Brasil se comprometió a colocar 25 millones de hectáreas de bosques amazónicos bajo protección total para el 2000, pero hay dudas sobre la financiación y aplicación del plan.
Además, para el año 2005 el gobierno introducirá en 200 millones de hectáreas de la Amazonia la "administración sustentable", que incluye la práctica de la explotación maderera de bajo impacto, anunció el presidente Fernando Henrique Cardoso.
El anuncio filmado de Cardoso, exhibido el miércoles pasado en una conferencia de prensa en Washington, fue pregonado como el primer resultado de una nueva alianza entre el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
La alianza fue creada para ayudar a los países a establecer 50 millones de hectáreas como nuevas áreas protegidas para el año 2000 e introducir la administración sustentable en 500 millones de hectáreas para el 2005, explicó el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn.
Si se cumpliera ese objetivo, el área mundial de bosques protegidos aumentaría del actual seis por ciento a 10 por ciento.
"Este regalo del presidente brasileño a la Tierra representa el primer logro tangible de la alianza Banco Mundial-WWF y demuestra lo que se puede alcanzar cuando dos organizaciones eficaces e influyentes combinan su experiencia con un gobierno de larga mira para salvar los bosques del mundo", dijo el director general de WWF Internacional, Claude Martin.
Pero varias interrogantes penden sobre las celebraciones. Las áreas protegidas requerirán entre 90 y 125 millones de dólares y hasta ahora sólo se consiguieron 720.000 dólares, explicó Robert Buschbacher, director de WWF en Brasil.
Brasilia y el Fondo Global del Medio Ambiente, un grupo de varias agencias encabezadas por el Banco Mundial, aportaron 300.000 dólares cada uno y el WWF contribuyó con 120.000 dólares, explicó Buschbacher.
"El Banco Mundial está listo para apoyar y financiar lo que sea necesario" para cumplir con los objetivos de la alianza, añadió Wolfensohn. "Pero no estoy preparado para entregar un cheque en blanco", aclaró.
También falta decidir el destino de las comunidades que viven en las zonas que serán colocadas bajo protección "total", dijeron funcionarios del Banco.
Zonas previamente designadas como reservas indígenas no estarán incluidas en esta iniciativa, pero las comunidades agrícolas que residan en las áreas protegidas podrían ser obligadas a trasladarse, añadió Buschbacher.
La cuestión sobre cuál grupo se cerciorará de que la "administración sustentable" se practique en los 200 millones de hectáreas destinadas para la explotación de bajo impacto también resulta políticamente complicada.
Para el Banco Mundial y el WWF, el único grupo independiente capaz de certificar que las operaciones madereras cumplan con normas ambientales nacionales e internacionales es el Consejo Administrador Forestal, de México, creado en 1992 por la Cumbre de la Tierra de la ONU para supervisar la industria maderera.
Empresarios madereros se oponen a la participación del organismo y arguyen que las propias compañías deben certificar su labor, algo contrario al cometido del Consejo.
El Banco tendría que persuadir a las compañías de aceptar la certificación del Consejo o convencer a los ecologistas, entre ellos WWF, de que otra entidad puede hacer la misma tarea.
Para el Banco Mundial, la iniciativa en la Amazonia brasileña representa la oportunidad de remediar sus numerosos errores en materia ambiental.
El Banco, ante la creciente evidencia del daño ambiental y social que provocaron en la zona proyectos financiados por la institución en los años 80, aprobó en 1992 un préstamo de 167 millones de dólares para la administración de recursos naturales y la protección ambiental en el estado brasileño de Rondônia.
Pero el año pasado, el Panel de Inspección independiente del Banco reveló que el principal proyecto de la institución, conocido como Planafloro, en realidad incrementó la deforestación a la marca histórica de casi 450.000 hectáreas por año.
La mayor participación de la población local en el proyecto Planafloro durante el año pasado podría generar resultados positivos, aseguran funcionarios y analistas.
Mientras, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de la zona financian proyectos nocivos para el ambiente en la región, manifestó Steve Schwartzman, antropólogo del Fondo de Defensa Ambiental.
Entre estos proyectos se encuentran una carretera en Manaos, al norte de Brasil, y el gasoducto que une Brasil con Bolivia, atravesando la selva amazónica.
El miércoles, Wolfensohn subrayó que una de las principales causas de la deforestación es la usurpación de tierras que realizan personas pobres residentes en la selva o cerca de ella.
Aunque reconoció que no cuenta con estadísticas sobre la proporción del daño atribuido a los campesinos y a las compañías madereras, Wolfensohn dijo que el "porcentaje de la usurpación de los pobres es mucho mayor que el de las compañías".
Muchos residentes pobres accedieron a las zonas forestadas por carreteras construidas por las compañías madereras y se asentaron en lugares ya explotados por las empresas, aseguró Martin, el director de WWF.
"Sí, pero, históricamente, los pobres derribaron los bosques", replicó Wolfensohn.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su temor a que el Banco, que está revisando la prohibición de financiar la explotación maderera en bosques tropicales, procure retomar su antigua política disfrazándola de "explotación sustentable".
"No intentamos introducirnos en bosques tropicales, sino protegerlos. Algunas ONG nunca lo creerán, pero estoy tan interesado en que mis hijos crezcan en un mundo bueno como ellos en los suyos", dijo Wolfensohn a IPS.
Inspectores del Banco concluyeron el año pasado que la explotación ilegal de bosques (principalmente de compañías madereras, pero también de trabajadores migrantes y sus familias) es responsable de hasta 90 por ciento de la pérdida de bosques en el área del projecto Planafloro. (FIN/IPS/tra-en/aa/ml-aq/en/98
