La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) cerró el caso de Guatemala, lo cual fue celebrado por el gobierno de este país centroamericano, mientras organizaciones humanitarias manifestaban su desacuerdo.
Los 53 países miembros de la CDH, con sede en Ginebra, resolvieron por unanimidad "concluir la consideración de la situación de los derechos humanos" en Guatemala, análisis que practicó durante 19 años.
La CDH elogió en su resolución el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, también llamada Comisión de la Verdad, que investiga las violaciones de derechos humanos cometidas en 36 años de guerra civil, al tiempo que recomendó brindar al organismo toda la información que requiera.
La resolución formuló 14 recomendaciones para fortalecer los derechos humanos en Guatemala, entre ellos cumplir los acuerdos de paz y solucionar la inseguridad ciudadana, así como los problemas judiciales y las desigualdades que sufren los pueblos indígenas, las mujeres y otros sectores vulnerables.
La CDH también exhortó a la comunidad internacional, en particular a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a mantener su apoyo a Guatemala en esta etapa de transición.
El gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que solicitaron en conjunto el cierre del caso, se mostraron satisfechos por la resolución y manifestaron que esto permitirá aumentar la inversión extranjera y mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
"Esto nos permite recuperar un pedazo de nuestra soberanía, pero obliga y compromete más al gobierno y a la ciudadanía a ocuparse de defender los derechos humanos", dijo el canciller Eduardo Stein.
La resolución también respalda las acciones realizadas por la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua) que contribuyen a consolidar la democracia, y recomienda prorrogar su mandato hasta el 2000.
Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos en Guatemala cuestionaron la resolución, según la cual el país deja de ser considerado un violador institucional de las garantías individuales.
Mario Polanco, dirigente de la agrupación humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) que nuclea a familiares de desaparecidos durante la guerra civil, dijo a IPS que tras la resolución el ejército puede recibir ayuda extranjera.
La decisión de la CDH le da a las fuerzas armadas guatemaltecas la posibilidad de comprar armas a otros países con total libertad "pese a que se continúan violando los derechos humanos".
Aunque no hay una política institucional de violar los derechos humanos, "sí hay una política de proteger a los violadores de los derechos fundamentales, sobre todo a los que pertenecen al mismo gobierno", agregó Polanco.
Arnoldo Noriega, vocero de la URNG, resaltó que la resolución de ONU compromete al gobierno a modificar reglas y prácticas donde aún existen problemas, como los secuestros, la inseguridad ciudadana y las posibles operaciones de "limpieza social" que se han denunciado de forma reiterada.
El propio procurador de Derechos Humanos, Julio Arango, consideró que la decisión fue precipitada y que debió haberse mantenido un tiempo más la observación de ONU, mientras se resuelven los problemas que aquejan a la población.
Arango opinó que la ONU debió escuchar antes de tomar la decisión a las instituciones y organizaciones no gubernamentales y no solo a sectores del gobierno donde sutilmente se violan esos derechos.
Nineth Montenegro, una dirigente humanitaria de larga trayectoria y ahora diputada por el izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, la resolución es "un triunfo pírrico para el gobierno".
"En el país continúan las violaciones de derechos humanos y ahora no habrá un observador para que constate ese campo", se lamentó la legisladora, para quien el gobierno pretende debilitar a la Procuraduría de Derechos Humanos.
Hellen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack que lleva el nombre de su hermana, una antropóloga asesinada por militares en 1990, dijo que el fin del conflicto armado "no significa que ya esté consolidado el estado de derecho".
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA), que agrupa a más de 20 organizaciones, expresó en un comunicado que, dada la resolución de la CDH, el gobierno deberá demostrar e implementar una verdadera voluntad política de respeto a esos derechos.
La CONADEHGUA mantendrá "una actitud vigilante que priorizará las necesidades y propuestas de la sociedad civil guatemalteca y las deficiencias que se manifiesten en el cumplimiento de los acuerdos de paz".
La CDH comenzó el análisis de la situación de los derechos humanos en Guatemala en 1979, y en 1983 nombró como relator especial al británico Colville de Culross, cuyo mandato renovó en 1984 y 1985.
En 1987, cuando ya habían cesado las dictaduras militares y había un gobierno elegido democráticamente, aunque continuaba el conflicto armado, la ONU nombró como asesor para Guatemala al uruguayo Héctor Gross Espiell.
En 1990, la Secretaría General de la ONU designó como su representante al alemán Christian Tomuschat, quien hoy preside la Comisión de la Verdad, para examinar la situación de los derechos humanos.
En 1993, fue nombrada la argentina Mónica Pinto, hasta que en 1997 la CDH pidió a la Secretaría General de la ONU que se diera por terminado el anterior mandato. (FIN/IPS/cz/mj/hd/98
