El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo hoy que quiere "hacer más para minimizar el daño" causado por el embargo de 34 años contra Cuba, pero que readmitir al país caribeño en la Organización de Estados Americanos (OEA) sería "un gran error".
Clinton declaró en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que cualquier alivio del embargo debe estar destinado "no sólo a ayudar y fortalecer al pueblo cubano, sino también a la iglesia y otras instituciones sociales en la esperanza de una transición hacia un lugar más abierto y libre".
"Creo que el embargo ha sido útil, pero también creo que deberíamos hacer más para minimizar el daño al pueblo cubano", expresó el mandatario.
Sus afirmaciones generaron cierta especulación en el Capitolio sobre las intenciones presidenciales de respaldar el proyecto de ley patrocinado por el senador demócrata Christopher Dodd y el republicano Ronald Grams, que le daría autoridad para exceptuar los alimentos y las medicinas del embargo.
"Su declaración de que quiere 'hacer más' suena muy esperanzadora", resaltó un activista que apoya el proyecto de Dodd.
Las declaraciones de Clinton se produjeron sólo dos días después del regreso del primer ministro canadiense Jean Chrétien desde la Habana, donde se reunió con el presidente cubano Fidel Castro.
Aunque la visita de Chrétien no logró alcanzar ningún acuerdo sobre reforma política o liberación de presos de conciencia, atrajo renovada atención hacia Cuba tres meses después de la histórica visita a la isla del papa Juan Pablo II.
Chrétien también apoyó el retorno de Cuba a la OEA, de la cual está suspendida tras la revolución de Castro. Igual posición que Canadá adoptaron casi todos los líderes latinoamericanos durante la II Cumbre de las Américas, en Santiago de Chile, hace dos semanas.
Interrogado sobre si estaba dispuesto a aceptar "un voto democrático de la mayoría de los miembros de la OEA para reintegrar a Cuba como miembro activo", Clinton respondió que "no, porque sólo el pasado año, la OEA decidió expulsar a cualquier miembro que se aparte de la democracia".
"Otros países de la OEA son libres de discordar con nuestra posición. Podemos tener diferencias en nuestro camino hacia el mismo objetivo, y no las criticaría. Pero creo que abrir la OEA o el proceso de la Cumbre de las Américas a una nación no democrática sería un gran error", expresó.
No obstante, es casi seguro que las declaraciones de Clinton sobre la flexibilización del embargo fomenten el creciente revuelo que existe en Washington sobre las relaciones de Estados Unidos con Cuba.
En reacción a la visita que realizara en enero el papa Juan Pablo II a la isla, Clinton levantó el mes pasado algunas de las sanciones que impuso a La Habana en los últimos cuatro años.
El presidente permitió nuevamente que las familias cubano- estadounidenses envíen hasta 1.200 dólares por año a sus familiares en Cuba y simplificó los trámites burocráticos para enviar equipos médicos a la isla.
Además, Clinton levantó la prohibición a los vuelos chárter por razones humanitarias entre Estados Unidos y Cuba.
Grupos cubano-estadounidenses de derecha criticaron las medidas, pero otros integrantes de la comunidad, cada vez más pluralista, defendieron la decisión de Clinton.
A la vez, Clinton dijo que apoyará las leyes que "contemplen las necesidades alimentarias de la isla".
Desde entonces, el gobierno declaró que quiere trabajar junto con Dodd y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano de extrema derecha Jesse Helms, para aprobar la legislación pertinente.
Helms se opone con energía al proyecto de ley de Dodd, pero aún no presentó una propuesta propia que permitiría a compañías y personas donar alimentos y fármacos a Cuba, a condición de que sólo la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales de la isla administren la ayuda.
Con el respaldo de importantes exportadores estadounidenses, así como de grupos religiosos y de derechos humanos, el proyecto de Dodd autorizaría al presidente a excluir por completo del embargo a los alimentos y los fármacos, lo que permitiría las ventas directas a Cuba y su gobierno.
El proyecto tiene 24 auspiciantes entre los 100 miembros del Senado, pero defensores del proyecto calculan que hasta 48 senadores votarían por él.
La cifra podría aumentar para junio o principios de julio, fecha en que los partidarios del proyecto esperan presentarlo a la cámara incluyéndolo como una enmienda de una norma pendiente, aseguran fuentes legislativas.
Las fuentes creen que no hay posibilidad de que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Representantes, con predominio de legisladores de derecha, pero esperan que una mayoría en el Senado, junto con la defensa del gobierno, pueda persuadir a la cámara baja de aprobarlo en un comité conjunto de ambas cámaras.
El Pentágono (Ministerio de Defensa) dejó en evidencia la delicadeza de la cuestión cuando retuvo un informe interno que tendría que haber publicado hace un mes sobre el peligro que Cuba representa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El informe habría concluido que Cuba no supone una amenaza para Estados Unidos, una estimación que debilitaría otras normas contra La Habana. El director del Pentágono, William Cohen, está revisando el documento y su publicación está prevista para la semana próxima. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ml-aq/ip/98
