El color de la piel aún determina en Sudáfrica la aceptación o el rechazo de las personas a la hora de alquilar viviendas, a pesar de que el régimen racista del apartheid se terminó oficialmente hace cuatro años.
Lo único que distingue al alto y blanco edificio San Martinho de otros bloques de apartamentos en el tranquilo suburbio de Bedfordview, en Johannesburgo, es que no se permite la residencia de extranjeros no blancos. Ello ocurre en un país con una de las constituciones más progresistas del mundo.
"El Grupo de Propiedades Investec (IPG) no avala este tipo de política. Estas proceden de los propietarios de los edificios; nosotros sólo los administramos", aseguró Beverley Van der Walt, de IPG, la firma administradora del San Martinho.
Zonas como Bedfordview eran exclusivas de la comunidad blanca durante el régimen del apartheid, cuando el control de los residentes y los desalojos forzosos eran la orden del día.
La Ley de Nativos (Zonas Urbanas) de 1923 otorgó a las autoridades locales el poder de crear pueblos para negros, determinar el acceso a ellos y obligar a a los residentes a vivir allí.
En 1955, la comunidad negra de una zona residencial de Johannesburgo llamada Sophiatown fue desalojada por la fuerza y sus viviendas demolidas para construir un suburbio exclusivo para blancos que se llamaría Triomf (Triunfo). El lugar sigue en pie como testimonio de la política racial de la época.
Aunque el apartheid terminó oficialmente en abril de 1994, en muchos suburbios propietarios blancos intentan que sus edificios tengan sólo población de su raza.
"Si dependiera de nosotros, permitiríamos que cualquiera resida en los apartamentos. Pero, según los dueños del edificio, sólo hace poco decidieron expulsar a los extranjeros debido a los problemas que generaban", sostuvo Van der Walt.
"Estudiantes de países como Ghana, Nigeria y Zaire provocaban escándalos en las viviendas, con fiestas y mucho ruido. Ahora los propietarios insisten en entrevistar a los futuros arrendatarios", señaló.
Pero este no fue el caso de James, un profesional negro de Zimbabwe que trabaja en la ciudad. Su intento de alquilar el apartamento fue rechazado de plano cuando la agencia inmobiliaria se percató de que él no es sudafricano.
"Perdóneme, pero la política de la compañía no permite la residencia de extranjeros en los edificios", le explicó una de las agentes de la inmobiliaria.
Sin embargo, cuando James le pidió a una colega de Alemania que intentara alquilar el mismo apartamento, la mujer fue invitada a ver la vivienda por la inmobiliaria, la cual le aseguró que su condición de extranjera no era problema.
"Para mí ya no se trata de que soy extranjero, sino de que soy negro en un país aún dirigido por blancos. Me sentí discriminado, pero parece que no hay nada que pueda hacer", manifestó James.
No obstante, el párrafo 19 de la Declaración de Derechos sudafricana estipula que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia en cualquier parte del territorio nacional.
El uso de "persona" en lugar de "ciudadano" implica que la cláusula también se aplica a los extranjeros, y precedentes internacionales establecen que la norma es aplicable a los residentes permanentes.
Hace cuatro años, el presidente Nelson Mandela asumió el poder y declaró a Sudáfrica una sociedad no racista, pero el país sigue inmerso en una lucha para cambiar las costumbres y trasladar la igualdad del papel a la realidad.
El alojamiento es sólo uno de muchos aspectos en Sudáfrica en los que el color de la piel determina la aceptación o el rechazo. Negros de clase media aseguran que la cuestión racial influye aún en la solicitud de cuentas bancarias, préstamos para autos, tarjetas de crédito y permisos de trabajo.
Sin legislación, será imposible revertir las consecuencias del apartheid y asegurar un tratamiento igualitario que rebase la frontera del color, aunque sólo sea con respecto al alojamiento, señalan observadores.
"Vamos a redactar una ley de inquilinos que esperamos presentar en el parlamento a fines de año", anunció a IPS el ministro de Vivienda Nacional, Sankie Mthembi Mahanyele.
El fin de la norma consiste en "terminar con la discriminación de cualquier tipo. Con frecuencia, a la gente se la expulsa de sus viviendas por razones menores y, en la mayoría de los casos, para continuar las políticas racistas", explicó el ministro.
Cuando el proyecto se convierta en ley, tendrá cláusulas penales y abarcará a la propiedad privada y pública. Entre otras cosas, fijará topes razonables a los alquileres para evitar la explotación que aún cunde en el sector inmobiliario. (FIN/IPS/tra-en/gm/kb/aq-ml/hd/98
