La Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazó el empleo de medidas coactivas unilaterales en el plano internacional, como los embargos económicos impuestos por Estados Unidos contra Cuba, Libia e Irán.
La Comisión también expresó su preocupación por los efectos del ajuste estructural en los derechos humanos.
El Movimiento de Países No Alineados (Noal) patrocinó la resolución sobre los derechos humanos y las medidas coercitivas unilaterales, que fue aprobada el miércoles por la Comisión de 53 estados miembros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
La resolución se relaciona con dos leyes estadounidenses, la Helms-Burton que acentuó las trabas al comercio con Cuba y la ley D'Amato, que obstruye el intercambio con Libia e Irán.
El texto, aprobado con 37 votos favorables, siete contrarios y ocho abstenciones, pide a los estados que se abstengan de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de la ONU.
En especial, la resolución alude a medidas de carácter coercitivo con efectos extraterritoriales, como la ley Helms- Burton, que persigue judicialmente a los ciudadanos de terceros países que hagan negocios con Cuba.
La Comisión rechazó la aplicación de esas medidas como instrumentos de presión política o económica contra cualquier nación, especialmente contra países en desarrollo, por sus efectos negativos en vastos sectores de la población.
El embajador de Colombia, Gustavo Castro Guerrero, que fundamentó la resolución en nombre del Noal y China, recordó que "autoridades morales", como el papa Juan Pablo II, "reprueban esa práctica habida cuenta de los sufrimientos que genera en la población civil".
Castro sostuvo que ningún país puede argumentar "supuestos intereses nacionales como pretexto para conculcar la soberanía de otros estados".
El diplomático colombiano aludía a las justificaciones esgrimidas por Estados Unidos para mantener las sanciones económicas unilaterales contra los tres países.
La embajadora de Estados Unidos, Nancy Rubin, replicó que las naciones tienen derecho a decidir con que países van a comerciar y en qué condiciones sostendrán ese intercambio.
En contra de la resolución votaron Alemania, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y Luxemburgo. Se abstuvieron Austria, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Italia, Polonia y Ucrania.
La diplomática cubana Aymée Hernández Quesada comentó que la votación evidenció la persistencia de Estados Unidos en ignorar los llamamientos de la Comisión y también el apoyo a la resolución por parte de los países del mundo en desarrollo.
La otra resolución, sobre las consecuencias de los programas de ajuste estructural para el goce efectivo de los derechos humanos, fue presentada por Filipinas en su condición de presidente del grupo de trabajo que estudia el asunto.
La Comisión de Derechos Humanos aprobó la prórroga del mandato del grupo de trabajo para que complete su labor y presente las conclusiones en el próximo período de sesiones del organismo, en 1999.
El representante de Filipinas, Denis Lepatan, aludió a la crisis económica y financiera de Asia oriental al resaltar que los acontecimientos recientes incrementaron la oportunidad y la importancia de la cuestión del ajuste estructural.
El conjunto de medidas de liberalización de la economía y de reducción de la intervención estatal y de las políticas sociales que caracterizan al ajuste estructural se encuentra actualmente en aplicación en Filipinas, observó Lepatan.
Con esas recetas, el país asiático cree que promoverá la estabilidad económica, el crecimiento y el desarrollo, dijo el diplomático.
Pero el ajuste estructural, como indica la experiencia filipina, tiene consecuencias negativas en la vida de la gente común, en especial de los sectores más vulnerables y de menores ingresos.
El examen del ajuste estructural en relación con los derechos humanos permitirá armonizar las medidas económicas con la promoción y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, sostuvo Lepatan.
La propuesta resultó aprobada con los votos favorables de los países en desarrollo y la oposición de los países industrializados y con economías en transición.
Japón cuestionó la resolución por "insuficiente y equívoca" pues duda de que la designación de un grupo de trabajo y de expertos constituya una solución a las consecuencias del ajuste estructural.
El diplomático japonés Shigeki Sumi lamentó que Filipinas auspiciara el proyecto mientras Asia oriental se encuentra perturbada por la crisis económica y financiera. Japón teme que en las actuales circunstancias "se transmita un mensaje equivocado" a la población asiática, dijo Sumi. (FIN/IPS/pc/mj/hd/98
