El terrorismo de Estado impuesto en los años 80 vuelve a Honduras y amenaza la democracia y el Estado de derecho, aseguró una organización no gubernamental.
Ramón Custodio, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), afirmó a IPS que el móvil de 12 atentados que se perpetraron en las últimas tres semanas es el mismo de episodios de hace 10 años "y la autoridad civil parece que quiere ignorar estos hechos".
"Temo que se prepare el asesinato de alguna figura importante", dijo Custodio.
El dirigente del Codeh cree ver militares implicados en una conspiración para desestabilizar el país cuyos promotores intentarían "un fuerte golpe", como el asesinato de un importante "personaje o funcionario" público.
La mayoría de los atentados de las últimas semanas tuvieron como objetivo a funcionarios públicos. El último caso se registró el día 10, cuando desconocidos dispararon contra el automóvil en que viajaba el director del estatal Instituto Nacional Agrario (INA), Aníbal Delgado, hiriendo a uno de sus colaboradores.
El Codeh supone que el ataque se debió a la decisión del INA de ceder a los indígenas un terreno que las Fuerzas Armadas reclaman para crear un polígono de tiro.
Los hechos serían el preámbulo, a juicio de las organizaciones humanitarias, de un escenario semejante al de los años 80, cuando 187 personas fueron secuestradas por causas políticas e ideológicas y dadas por desaparecidas.
El Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), sostiene que los atentados se produjeron cuando el parlamento se apresta a aprobar la ley orgánica de la nueva policía nacional civil.
La nueva policía y su ley orgánica han generado una fuerte polémica. Organizaciones de la sociedad civil temen que el propósito de las autoridades sea tan sólo un cambio "cosmético" de los cuerpos seguridad, sin la exigida depuración de agentes vinculados a la corrupción y la violación de derechos humanos.
Mery Agurcia, del Cofadeh, señaló a IPS que una propuesta de huelga en la policía por mejores salarios se diluyó al anunciarse el tratamiento legislativo de la ley orgánica del nuevo cuerpo de seguridad sin mención de la depuración de responsables de delitos.
La sociedad civil, aglutinada en un Foro Ciudadano para la Seguridad Pública, se opone también al proyecto de fusión de la policía civil de investigación criminal con las fuerzas de seguridad y orden público, porque podría restablecer el sistema de corrupción e impunidad de fines de los años 80.
En esa época, una Comisión de Notables se pronunció por el reemplazo por un cuerpo de investigación civil técnico judicial de la Dirección Nacional de Investigación (policía militarizada de inteligencia), a la que responsabilizó de una serie de asesinatos.
Entre los últimos atentados se cuenta el ametrallamiento de la residencia de la Contralora de la República, Vera Rubí, quien investiga a varios militares.
Así mismo, la vicepresidenta Gladys Caballero denunció esta semana haber recibido amenazas a muerte tras aceptar la presidencia de la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.
La Dirección de Investigación Criminal, la policía civil técnico judicial, informó que la mayoría de los atentados fueron cometidos por individuos en motocicleta y en automóviles sin matrícula y que en varios casos dispone de "fuertes pistas".
A los 12 atentados de las últimas semanas se suma el asesinato este año de más de 60 personas, presuntamente delincuentes comunes y víctimas al parecer de grupos paramilitares. (FIN/IPS/tm/ff/hd ip/98
