La treintena de organizaciones no gubernamentales que integran la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz) de Colombia pidieron a las guerrillas la liberación de las alrededor de mil personas que mantienen secuestradas.
A pesar de las leyes adoptadas por Colombia, el secuestro sigue siendo un grave problema que empeora cada día y las víctimas son integrantes de la sociedad civil, dijo a IPS Ana Bernal, coordinadora de Redepaz.
País Libre, grupo que integra Redepaz y presta asesoramiento jurídico y sicológico a los secuestrados, informó el viernes que cada día casi tres personas son víctimas de secuestro a pesar de que se incrementó a 60 años de prisión la pena para este delito.
En 1980, con una legislación que establecía condenas de entre seis y quince años para los culpables de secuestro, hubo 84 casos, y cinco años después, cuando las penas se elevaron a entre 15 y 29 años, el número de casos aumentó a 750.
El Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal informó que cerca de 40 por ciento de los secuestros son responsabilidad de la guerrilla, que los realiza para financiar el conflicto.
El resto corresponde a delincuentes comunes y, en menor proporción, a grupos paramilitares de derecha que secuestran a familiares de guerrilleros como represalia.
Emilio Meluk, asesor presidencial para el programa antisecuestro, explicó que los insurgentes recurren a los secuestros hace dos décadas, con algunas variantes.
Al principio, se trataba de golpes publicitarios conocidos como "secuestros espectáculo" que tenían como víctimas a personalidades, funcionarios del gobierno o empleados de multinacionales para llamar la atención y obtener prebendas políticas.
Pero esta actividad evolucionó y, según Meluk, es practicada ahora por los insurgentes "sin ningún pudor" con fines económicos contra ciudadanos comunes, "víctimas del conflicto armado a las que se está violando los derechos individuales".
Entre los secuestrados figuran hacendados y comerciantes, niños y niñas, industriales, funcionarios del gobierno y extranjeros.
A causa del hostigamiento, ejecutivos de las empresas multinacionales contrataron pólizas que, según una fuente del sector privado que reclamó reserva sobre su identidad, son las más altas del mundo.
Los secuestros se convirtieron en Colombia en un negocio ilícito transnacional que mueve más de 350 millones de dólares al año y abrió un mercado en el que lucran comisionistas de rescates, aseguradoras y cazadores de recompensas, según distintas fuentes.
El caso más comentado ha sido el ocurrido en noviembre de 1996, cuando se capturó al ciudadano alemán Werner Mauss, quien se disponía a sacar del país a la también alemana Brigitte Shonne, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Mauss, quien fue liberado al no comprobársele los cargos, fue acusado por el entonces gobernador del departamento de Antioquia, Alvaro Uribe, de haber recibido 1,5 millones de dólares por gestionar con el ELN la liberación de Shonne.
La gestión de Mauss fue avalada por el gobiernno alemán, que consideró que su actuación fue humanitaria.
En un documento divulgado el día 2, Estados Unidos dio a conocer una lista de 78 secuestros de ciudadanos de ese país desde 1995 hasta la fecha.
Los últimos cuatro estadunidenses fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor organización guerrillera del país, el 23 de marzo. Uno de ellos fue liberado una semana después.
El comando de las FARC amenazó con ejecutar a los estadounidenses aún en su poder si comprueba que tienen algún nexo con organismos de seguridad de su país.
Esta decisión motivó un fuerte pronunciamiento del presidente Ernesto Samper, quien afirmó que las amenazas de las FARC "son horrendas" y pidió a la comunidad internacional suspender cualquier contacto con la agrupacion insurgente hasta la liberación de los ciudadanos estadounidenses. (FIN/IPS/yf/mj/hd/97
