La Corte Internacional de Justicia en La Haya provocó un caos jurídico en Washington al ordenar que se suspenda la ejecución del ciudadano paraguayo Angel Francisco Breard en Estados Unidos.
"Estamos analizando con urgencia los efectos legales de la orden de la Corte Internacional con el Departamento de Justicia. No quiero especular sobre cómo resolverá el asunto la Corte Suprema del estado de Virginia", dijo el jueves James Rubin, portavoz del Departamento de Estado (cancillería).
Al mismo tiempo, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) elogió la sentencia de la Corte Internacional y exhortó al gobierno de Virginia a detener la ejecución.
"Reclamamos que el Departamento de Justicia revise los por lo menos 76 casos extranjeros en el pabellón de la muerte" en Estados Unidos, dijo Sam Jordan, director del programa para la abolición de la pena de muerte de AI.
Al intervenir en la condena a muerte de Breard, la Corte Internacional, máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acrecienta las críticas de la derecha estadounidense hacia el foro mundial.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el derechista Jesse Helms, cuestionó la semana pasada el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, según el cual Estados Unidos aplica la pena de muerte de forma racista y arbitraria.
La Comisión de la ONU reclamó al gobierno de Bill Clinton la suspensión de las ejecuciones hasta que los problemas que señaló se resuelvan.
Incluso el diario The Washington Post, considerado un bastión del respaldo estadounidense a las organizaciones internacionales, criticó el dictamen de la Comisión en Ginebra. "Estados Unidos no necesita consejo de la ONU sobre asuntos internos", editorializó.
"Ahora deberemos lidiar con las quejas de la Corte Internacional", se lamentó un funcionario del Departamento de Estado.
Breard, nacido en Argentina pero nacionalizado paraguayo, fue arrestado en 1992 por intento de violación y asesinato a puñaladas de una mujer en Arlington, Virginia, una localidad adyacente a la ciudad de Washington.
La ejecución de la sentencia de muerte está programada para el martes, pero el gobierno de Paraguay llevó el caso a la Corte Internacional con la finalidad de reclamar la suspensión de la condena y un nuevo juicio.
Asunción sostuvo que Breard no fue notificado de su derecho a recibir ayuda del consulado paraguayo luego de su arresto, como lo establece la Convención de Viena (1963), firmada por los dos países.
El estado de Virginia, que actuó en la acusación, admitió que el reo no fue informado de este derecho. Pero los abogados del Departamento de Estado argumentaron en La Haya que "Breard era culpable y no fue prejuzgado por falta de notificación consular", según Rubin.
El funcionario agregó que "la Corte Internacional no tiene jurisdicción en el caso y su interferencia es inapropiada".
Los 15 jueces de la Corte Internacional estuvieron en desacuerdo con la posición de Washington y votaron el jueves de forma unánime la orden de suspensión de la ejecución.
"La Corte Internacional de Justicia reclama a Estados Unidos que tome todas las medidas a su disposición para impedir la ejecución del señor Angel Francisco Breard", declaró el presidente del órgano judicial, Christopher Weeramantry.
El juez Stephen Schwebel, integrante estadounidense de la Corte Internacional, estuvo de acuerdo con el fallo y observó que Paraguay afrontó "una situación de urgencia incuestionable", dada la inminencia de la ejecución.
Paraguay, supuestamente, argumentó que Breard tuvo escaso asesoramiento de sus abogados y no pudo comprender las consecuencias de su no aceptación de una oferta del fiscal de negociación de condena, según la cual obtendría cadena perpetua a cambio de una confesión de culpabilidad.
Breard admitió luego el asesinato, pues pensó que el jurado le daría una sentencia menor. Su estrategia fracasó.
El condenado ya pidió clemencia a la Suprema Corte, que ya reclamó al procurador general, representante del gobierno federal, a fijar antes del lunes su posición sobre la orden de la Corte Internacional.
El gobierno de Virginia no presentará su petición sobre el caso porque no participó en el debate en la Corte Internacional. "Nos concentraremos en la Suprema Corte", explicó David Botkins, funcionario de la fiscalía de ese estado.
La Convención de Viena, ratificada por Estados Unidos en 1969, establece que cualquier persona arrestada en un país que no sea el suyo debe ser informado sobre su derecho a procurar ayuda de los representantes de su nación.
AI, entre otras organizaciones, se quejaron de que el gobierno de Estados Unidos no instruyeron de forma adecuada a las autoridades locales y estaduales sobre las obligaciones que les impone la Convención.
Dos ciudadanos mexicanos fueron ejecutados en Estados Unidos el año pasado a pesar de los reclamos de suspensión planteados por el gobierno de Ernesto Zedillo en base a la Convención. Washington pidió disculpas a México un día después de la ejecución de Mario Murphy.
Las decisiones de la Corte Internacional son obligatorias para los países, pero su poder de aplicación depende del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Washington podría interponer su poder de veto. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mj/hd/98
