El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Jakob Selebi, manifestó su preocupación por el deterioro verificado en Colombia en 1997.
Selebi manifestó el profundo desasosiego de la Comisión por la gravedad y la magnitud de las violaciones de derechos humanos y por los ataques al derecho internacional humanitario.
La irlandesa Mary Robinson, Alta Comisionada de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos, había lamentado la semana pasada la muerte de casi 4.000 colombianos en episodios de violencia durante 1997.
Robinson denunció las amenazas contra los defensores de los derechos humanos y apremió a las autoridades para que desbanden a los grupos paramilitares y eliminen la impunidad.
Selebi, embajador de Sudáfrica ante los organismos de la ONU en Ginebra, leyó el día 3 la declaración de la presidencia de la Comisión, un texto discutido previamente con representantes del gobierno y de grupos cívicos independientes de Colombia.
La declaración presidencial es un recurso procesal más leve con el que las autoridades colombianas logran cada año evitar que el país sea colocado en la rigurosa categoría de los mayores violadores de los derechos humanos.
Pero el documento de este año incorporó elementos que estaban ausentes en la declaración sobre Colombia que la presidencia de la Comisión leyó durante el período de sesiones de 1997.
El primer ingrediente nuevo es el reconocimiento que hace el presidente de los nexos existentes entre algunos agentes del Estado colombiano y los grupos paramilitares, evaluó el abogado Arturo Carrillo Suárez, de la Comisión Colombiana de Juristas.
La Comisión está preocupada por el hecho de que miembros de los grupos paramilitares actúen algunas veces conjuntamente o con la aquiescencia de miembros de las fuerzas armadas o de policía, confirmó Selebi.
Otro fenómeno reconocido por primera vez en la declaración es el creciente número de personas desplazadas internas que se registra en Colombia, observó Carrillo.
La Comisión de Derechos Humanos estimó que el elevado número de ciudadanos desplazados internamente es sintomático del conflicto interno.
La declaración de la presidencia de la Comisión celebró el acuerdo concertado entre el gobierno de Colombia y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para el establecimiento de una oficina en Bogotá dedicada a la atención de los desplazados internos.
El documento saludó también la labor desplegada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, abierta hace un año en la capital colombiana. La oficina desempeña una función vital para verificar la situación de los derechos humanos en Colombia, dijo la Comisión.
La declaración manifestó que las medidas adoptadas por el gobierno de Colombia resultan todavía insuficientes para mejorar el cuadro de los derechos humanos.
Selebi dedicó también párrafos de condena a la guerrilla colombiana por las prácticas terroristas y los actos violentos que perpetra.
La Comisión censuró igualmente el sabotaje electoral emprendido por los grupos guerrilleros, mediante el secuestro y asesinato de candidatos.
Carrillo evaluó que la declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas tiende a contribuir al fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado en Bogotá y "por ende a mejorar también la situación de los derechos humanos" en el país, dijo. (FIN/IPS/pp/mj/hd/98
