Un creciente número de consumidores de Japón se opone a la importación de alimentos manipulados genéticamente, que no son etiquetados a pesar de su gran disponibilidad en el país.
Grupos de consumidores sostienen que dichos productos podrían ser peligrosos para la salud y el medio ambiente, pese a afirmaciones en contrario del gobierno.
"Los japoneses somos usados como conejillos de Indias por los países ricos y sus empresas en la expansión de los alimentos modificados genéticamente, pero nuestro mensaje es: 'Alto'," dijo Setsuko Yasuda, de la Unión de Consumidores de Japón.
El Ministerio de Salud aprobó en 1996 la venta en el país de 20 tipos de productos manipulados genéticamente, entre ellos frijoles de soja y semillas de colza, que son parte esencial de la dieta japonesa.
Esos frijoles y semillas, 90 por ciento de los cuales son importados, tienen una particular resistencia a los herbicidas. Los genes de bacterias presentes en esos productos les permiten tolerar ciertos productos químicos.
Así mismo, el maíz y la papa alterados genéticamente segregan toxinas insecticidas que mantienen las pestes a raya.
Las innovaciones se deben a un proceso en que se toman genes de bacterias con las propiedades deseadas y se insertan en plantas.
El objeto de la manipulación genética de plantas es el de hacerlas más resistentes a los herbicidas y las pestes, volviéndolas más fáciles de cultivar, más baratas y con mayor tiempo de durabilidad antes de la venta.
Pero los activistas japoneses no están muy convencidos de los méritos de esta innovación tecnológica.
La compañía Kirin Brewery pagó a una empresa estadounidense a cambio de tecnología para desarrollar en Japón tomates manipulados genéticamente, que tienen una mayor durabilidad.
Sin embargo, la firma decidió demorar la introducción de los tomates porque los consumidores japoneses "aún no están listos", según ejecutivos de Kirin.
Yasuda encabeza una campaña de boicot contra los productos de Kirin, una medida sin precedentes entre los usualmente dóciles consumidores de Japón.
Los activistas también están en medio de la campaña "Abajo con los alimentos manipulados genéticamente", lanzada en noviembre de 1996 para presionar a Tokio a adoptar normas más estrictas. La campaña reúne a la organización de Yasuda con grupos ambientalistas y 500 agrupaciones locales.
Como parte de la campaña, Yasuda presentó el año pasado al Ministerio de Salud y Bienestar Social un millón de firmas de consumidores que piden la suspensión de la importación de productos alterados genéticamente hasta que sus riesgos sanitarios sean evaluados con rigor científico.
Los firmantes exigen que el gobierno establezca un proceso de etiquetado obligatorio para que se pueda diferenciar con claridad entre los productos cultivados en forma convencional y los modificados genéticamente.
"Europa, un gran importador de alimentos alterados genéticamente de Estados Unidos, tiene un sistema de etiquetado muy claro. Es lo mínimo que se puede hacer para proteger a los consumidores", señaló Yasuda.
Funcionarios de gobierno arguyeron que el etiquetado obligatorio sería difícil porque Japón tiene una fuerte dependencia de los productos agrícolas y alimenticios importados.
Sin embargo, Yasuda afirmó que el asunto está vinculado al compromiso de Japón de aumentar sus importaciones. "El gobierno retarda una decisión sobre el tema debido a la presión de Estados Unidos para que aumente las importaciones de sus productos", sostuvo la activista.
El Ministerio de Agricultura abandonó en diciembre sus planes de exigir a los productores de alimentos que declararan en una etiqueta si el producto fue desarrollado mediante ingeniería genética.
La decisión fue adoptada luego de que Estados Unidos arguyó que el etiquetado obligatorio constituiría una barrera comercial no arancelaria. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/ml/he-en-dv/98
