El fracasado intento de un grupo de diputados oficialistas de Argentina de contrarrestar una causa sobre desaparecidos que se sustancia en la justicia de España hizo estallar un nuevo escándalo en materia de derechos humanos.
La delegación encabezada por el presidente del bloque de diputados del gobernante Partido Justicialista (peronismo), Humberto Roggero, regresó este viernes a Argentina.
Roggero debió afrontar durante su estancia en Madrid una citación del juez español Baltasar Garzón para que explique sus denuncias sobre inhumaciones clandestinas en un cementerio de la provincia argentina de Córdoba.
El legislador, que viajó junto con sus pares Saúl Ubaldini y Carlos Soria, tenía el objetivo de "exigir" a Garzón, a cargo de una causa por la desaparición de 600 personas de origen español en Argentina, que investigara también la muerte de una militante peronista ocurrida en Madrid en 1980.
Los diputados emprendieron su misión en medio de una ofensiva del gobierno de Carlos Menem contra el juez Garzón, a quien calificó de "vedette" y criticó por considerar que no tiene jurisdicción territorial para juzgar delitos cometidos en territorio argentino.
Roggero se negó a concurrir al juzgado de Garzón, quien lo citó por los desaparecidos en Córdoba. El hecho desató un incidente diplomático que derivó en la citación del embajador español en Buenos Aires, Carlos Calderera Soler, por parte de la cancillería.
El conflicto se destrabó cuando un fiscal dictaminó que Foggero debía ser indagado por Garzón a través del Congreso argentino.
La comitiva argentina no fue recibida por el presidente del gobierno de España, José Maria Aznar, ni por su antecesor Felipe González.
Además, los legisladores fueron desairados en público por dirigentes de la coalición Izquierda Unida, que les rogaron que se retiraran de un local partidario de Madrid y se manifestaron ofendidos porque "insultaron a la justicia española".
El episodio generó un severo cuestionamiento de la oposición argentina al manejo del gobierno de la cuestión de los derechos humanos.
La líder del opositor Frente País Solidario (Frepaso), diputada Graciela Fernández Meijide, calificó el desempeño de Roggero en España de "papelón". Su par Carlos Alvarez, también del Frepaso, le tildó de "payaso".
Fernández Meijide, quien tiene un hijo desaparecido, agregó que Roggero "fue a torcer a un juez que hace lo que indican las leyes de su país".
Garzón recibió numerosos testimonios de familiares de desaparecidos, de entidades humanitarias, sindicalistas y políticos opositores argentinos, que le permitieron emitir órdenes internacionales de captura contra varias personalidades de la última dictadura (1976-1983).
Otras causas similares se desarrollan en tribunales de Italia y Francia, mientras familiares de desaparecidos de origen alemán anunciaron que presentarán sus casos ante la justicia de ese país.
En 1990, Menem indultó a los miembros de las juntas militares condenados por la justicia civil por graves violaciones de derechos humanos.
Ese indulto cerró el círculo abierto en el gobierno de su predecesor Raúl Alfonsín, durante cuyo mandato se promulgaron las leyes denominadas "de obediencia debida" y "de punto final", que dieron la libertad a decenas de ex represores. (FIN/IPS/of/mj/hd/98
