El parlamento de Honduras comenzó hoy la discusión de un polémico proyecto de Ley de la Policía Nacional, para concluir el proceso de traslado del organismo policial del sector militar al civil.
El proyecto de ley, que fue presentado a la Cámara Legislativa (parlamento) por su presidente, Rafael Pineda Ponce, contempla la creación del Ministerio de Seguridad, que tendrá bajo su mando la policía preventiva y la de investigación.
Mediante esta ley se fusionará, bajo un mando único, a la Fuerza de Seguridad Pública (FSP), que dependía de las Fuerzas Armadas, y a la Dirección de Investigación Criminal (DIC) del Ministerio Público.
Este es el punto más polémico, ya que organizaciones de la sociedad civil se oponen a la fusión de las dos policías arguyendo que debilitará la labor del Ministerio Público.
El Foro Ciudadano, integrado por más de 30 organizaciones no gubernamentales, se reunió con Pineda Ponce y otros parlamentarios para exponerles sus puntos de vista, pero no lograron la modificación del proyecto de ley.
Pineda Ponce dijo que este proyecto fue extensamente consultado con todos los sectores del país y existe acuerdo entre los dos grandes partidos, el gobernante Liberal y el Nacional, las Fuerzas Armadas y el presidente Carlos Flores.
"Las policías estarán juntas, pero no revueltas, ya que habrá un ministro civil que tendrá dos subsecretarías: la de investigación y la policía preventiva", dijo el presidente de la Cámara Legislativa.
Además, habrá un Consejo Nacional de la Policía que cumplirá labores de coordinación interinstitucional, asesoría, formulación y evaluación de políticas y estrategias de seguridad interna.
En el Consejo habrá un delegados del Ministerio del Interior, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El presidente del Comité de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, dijo que se cometerá un error histórico al debilitar al Ministerio Público quitándole la DIC, porque no habrá un organismo que investigue las irregularidades de la policía preventiva, la corrupción y la impunidad.
Pese a estos argumentos de los miembros del Foro Ciudadano, los diputados liberales y nacionalistas dejaron entrever que aprobarán el proyecto sin recoger estas inquietudes.
En la pasada década, la FSP se desprestigió por abusos de poder, violaciones de los derechos humanos y el involucramiento de oficiales de policía en actos delictivos.
Esta situación obligó al gobierno a crear una Comisión Ad Hoc, presidida por el arzobispo de Tegucigalpa, Andrés Rodríguez, que sugirió la intervención y posterior disolución de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) en 1993.
También propuso, y logró, la creación del Ministerio Público, durante el gobierno del presidente Rafael Callejas (1990-94).
En lugar de la DNI se creó la DIC, adscrita al Ministerio Público, a partir de 1994. Posteriormente, el presidente Carlos Reina (1994-98) convocó de nuevo a la Comisión Ad Hoc, que propuso la separación de la FSP de las Fuerzas Armadas y la creación de la Policía Nacional.
El pleno de la Cámara Legislativa sometió a dictámen de una comisión el proyecto de ley, mientras el Foro Ciudadano anunció que continuará su lucha por mantener separadas a las policías.
Dentro de la estrategia del Foro Ciudadano figura la posibilidad de que varias organizaciones se declaren en huelga de hambre para forzar un cambio de actitud de los parlamentarios. (FIN/IPS/jrd/ag/ip/98
