Las cinco provincias de la costa de Ecuador paralizarán toda actividad ante la falta de recursos para atender a las localidades afectadas por el fenómeno de El Niño y por la desorganización del gobierno.
En tres de las cinco provincias costeras, las más afectadas por las inundaciones, el paro comenzó entre el lunes y este martes, "y se extenderá en pocas horas a todas las localidades de la región", afirmó Guido Alava, alcalde de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, 355 kilómetros al suroeste de Quito.
Otras dos regiones anunciaron que apoyarán la medida de protesta, que finalmente englobará a las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí y a la insular Galápagos. Las autoridades de esos distritos se proponen mantener el paro hasta que el gobierno central les otorgue recursos.
"Existe una total desorganización de las autoridades gubernamentales para atender a las provincias afectadas y una enorme fuga de recursos" hacia destino no prioritario, dijo Humberto Gillén, prefecto de Portoviejo.
Guillén recordó que el gobierno interino de Fabián Alarcón realizó una millonaria campaña de difusión televisiva sobre el fenómeno de El Niño "que es innecesaria, tomando en cuenta los pocos recursos que tiene el país".
La campaña informativa fue objeto de denuncias judiciales por supuesta irregularidad en las contrataciones y el caso está a estudio del parlamento.
Así mismo, varios funcionarios del gobierno central fueron acusados de malversación de fondos destinados a los damnificados por el impacto de El Niño y se encuentran prófugos de la justicia.
Por su parte, Alarcón advirtió a los huelguistas de la costa que aplicará todo el rigor de la ley a quienes alteren el orden público y paralicen los servicios básicos.
Según el presidente, los paros y movilizaciones "son de carácter político". Algunas autoridades de la costa "mantienen intereses partidistas en los paros y no comprenden que el país no está en bonanza económica", agregó.
Las principales vías de acceso a Quito están bloqueadas por activistas de organizaciones sociales, laborales y de indígenas y autoridades de la costa, que impiden el transporte de productos agrícolas a la capital y de mercaderías que llegan por vía marítima.
Manabí es una de las provincias que más afectadas por El Niño. Sus 19 ayuntamientos se mantienen en paro "hasta que el gobierno central nos de los recursos suficientes para enfrentar la tragedia", declaró el alcalde Alava.
Según las autoridades de Portoviejo, el gobierno debe un millón de dólares a la provincia.
Con esa cantidad "no se puede hacer gran cosa para reparar las carreteras, levantar los puentes destruidos por el desbordamiento de los ríos, ni atender a la población enferma", pero "es lo que nos corresponde por ley y eso exigimos", dijo Alava.
Hasta el momento se cuentan 35.000 evacuados de las provincias de la costa, debido a El Niño, una corriente marina cálida de frecuencia irregular, que se presenta en diciembre. Los expertos aluden ahora a un "Superniño", producto de la aparición del fenómeno en dos años consecutivos, y con fuerte intensidad.
El impacto de esa corriente cálida, que tanto puede dar lugar a inundaciones como a sequías, se siente en Ecuador desde principios de octubre.
En Esmeraldas, otra de las provincias devastadas, el paro fue convocado por pobladores y autoridades y contó con el apoyo de la Iglesia Católica.
"El gobierno debe asumir responsabilidades con oportunidad y no esperar que las cosas se mejoren por sí solas", advirtió Eugenio Orellana, obispo de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia.
Un incendio estalló la semana última en varios centros poblados cercanos a la ciudad de Esmeraldas, ubicada 318 kilómetros al noroeste de Quito, debido al derrame de 16.000 barriles de petróleo.
El crudo se filtró del oleoducto transecuatoriano, el mayor del país, fracturado por deslizamientos de tierra debidos a las constantes lluvias.
Hasta el momento se cuentan siete muertos y seis desaparecidos a causa de los incendios.
"Además de la tragedia que se vive en esta ciudad, tenemos el rebrote de epidemias como el cólera, la malaria y el dengue, que ya se han cobrado más de 50 víctimas en toda la costa", apuntó el obispo Orellana.
"En nuestras demandas no hay nada de política. Son medidas determinadas por la desesperación, que buscan atención", agregó el religioso. (FIN/IPS/mg/ff/lb en/98
