El proceso de creación de una Corte Penal Internacional (CPI) se enfrenta al escollo de definir cuánto poder ostentará su fiscalía, luego de que algunos países encabezados por Estados Unidos pidieran restringir su autoridad.
El tema de los poderes de la fiscalía es uno de los más debatidos durante una conferencia técnica que se realiza en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es avanzar en la definición de este tribunal internacional y de su papel en el mundo.
Delegados de los países miembros de la ONU deberán aprobar la creación de esta nueva entidad y definir cuáles serán sus funciones durante un encuentro que se realizará en Roma, del 15 de junio al 17 de julio.
Representantes de organismos de derechos humanos plantearon que la CPI será eficiente sólo si su fiscal tiene poderes suficientes para realizar en forma independiente investigaciones "ex oficio", que le permitan abordar los crímenes en base a informaciones obtenidas de las más diversas fuentes.
Pero Estados Unidos está preocupado, y teme que ese grado de independencia convierta al fiscal en una especie de "dueño del universo" que no debe rendirle cuentas a nadie, según palabras del embajador especial de ese país para crímenes de guerra, David Scheffer.
El delegado estadounidense propuso un fiscal autónomo, pero cuya acción requiera el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU o de los países involucrados en las investigaciones.
Scheffer dijo que bajo este esquema el fiscal tendrá una independencia considerable para sus investigaciones, pero "enmarcado en un contexto" en el cual los casos "sean elevados a la Corte por los países involucrados o por el Consejo de Seguridad".
Si no existe ese contexto, añadió, Estados Unidos teme que la fiscalía pueda dedicarse a indagaciones frívolas o con motivaciones políticas.
Pero esos temores son descartados por activistas de derechos humanos que, en cambio, están preocupados porque al imponerse el criterio de que es necesario un consentimiento para actuar, la oficina del fiscal y la Corte sean impotentes para cumplir sus funciones.
"Si la Corte no investigara un caso a menos que dieran su consentimiento los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, no habría procesos", comentó el consejero de la organización Human Rights Watch, Richard Dicker.
La alternativa de que un estado involucrado dé su consentimiento también es limitada, añadió Dicker, quien se preguntó si el gobierno de Iraq aprobaría una investigación de la Corte ante acusaciones en su contra por haber aprobado una matanza de kurdos en 1988.
"Existe mucha resistencia por parte de los estados a presentar denuncias entre ellos", añadió la directora de la organización International Women's Human Rights Law Clinic, Rhonda Copelon.
"Estas acusaciones casi nunca ocurren, y si llegan a la Corte serán cuestionables", dijo.
Tanto los gobiernos como los grupos defensores de los derechos humanos están preocupados por que la Corte pueda ser utilizada para venganzas políticas, pero no están de acuerdo sobre los mecanismos para desactivar esa amenaza.
La posición de Estados Unidos y algunos países en desarrollo que proponen una mayor supervisión a la oficina del fiscal fue criticada como un elemento que condenaría a la Corte a tomar partido por los vencedores cuando le corresponda investigar.
El Comité de Abogados por los Derechos Humanos presentó un informe en el cual asegura que una corte penal internacional debe tener independencia para investigar todas las circunstancias que atañen a una situación en particular, por ejemplo una guerra en la cual se han cometido crímenes.
"Las restricciones a la libertad de investigar podrían tener consecuencias absurdas, como que la Corte sólo tenga jurisdicción sobre los crímenes cometidos por uno de los lados en disputa", agregó este informe.
La Corte no puede dedicarse a investigar todos los crímenes de guerra reportados, sino sólo aquellos "de una magnitud que los coloque dentro de su jurisdicción", es decir los que superan la capacidad de acción de los sistemas nacionales, insistió Scheffer en una presentación realizada esta semana.
"Esta no es una corte de derechos humanos, sino una corte penal internacional", destacó.
Según fuentes consultadas durante la reunión, una de las preocupaciones principales de Estados Unidos es proteger a sus soldados de acusaciones de conducta impropia en cualquiera de los países donde están operando.
Además, si Washington estima que el mandato de la Corte es excesivo, podría restringir el envío de tropas a zonas en conflicto, advirtió Scheffer.
Una idea aceptable sería que la fiscalía tenga independencia para iniciar investigaciones, pero que coloque los procesos bajo la "revisión estricta" de una "cámara pre-procesal", sugirió la coordinadora europea del Comité de Abogados que participa en este debate, Jelena Pejic.
La función de esta cámara pre-procesal sería la de monitorear y prevenir los juicios por motivaciones políticas. Se especula que esta propuesta tendría el apoyo de Francia, uno de los países que se mostró reacio a otorgar demasiadas atribuciones a la fiscalía.
Algunos activistas de derechos humanos aseguraron que Estados Unidos parece estar dispuesto a abandonar su posición de requerir una supervisión del Consejo de Seguridad a la CPI.
Se espera una precisión de Estados Unidos, que podría limitar el veto sólo a aquellos casos que ya están en discusión en el Consejo de Seguridad.
"Un tema importante para nosotros es que el Consejo de Seguridad pueda desempeñar las responsabilidades establecidas en la Carta de las Naciones Unidas sin ser limitado" por una investigación de la Corte, explicó Scheffer.
Sin embargo, representantes de organismos de derechos humanos consideran que será necesario esperar hasta junio, cuando se inicia la reunión en Roma, para saber si Washington cambia su posición. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/lc-ml/ip/98
