La política es clave para impulsar el desarrollo en América Latina, ya que en esa área de decisiones se concentran los obstáculos y las soluciones para alcanzar los objetivos económicos y sociales aceptados por todos.
Las reformas políticas constituyen así el nuevo gran reto del desarrollo, concluyó el Círculo de Montevideo, grupo de reflexión creado hace dos años a iniciativa del presidente de Uruguay, Julio Sanguinetti, y que reunió el lunes y martes en Brasilia a 17 personalidades políticas, financieras e intelectuales.
El mundo está "a las puertas del consenso" sobre las reformas económicas y sociales, destacó el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, tras conocer el nuevo énfasis concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las inversiones sociales en favor de los pobres y de la equidad.
En un documento enviado a la reunión de Brasilia, el director gerente del FMI, Michel Camdessus, destacó que "promover la equidad es una responsabilidad básica del Estado" y defendió una política fiscal que reduzca la desigualdad de ingresos y conceda prioridad a la enseñanza y la salud.
Camdessus recomendó mayor reducción del "gasto público improductivo", como el militar, y una "composición del gasto" que favorezca efectivamente a los sectores pobres, dando prioridad a la enseñanza básica, antes que a la superior, y la medicina preventiva en lugar de los servicios en hospitales.
Su preocupación con la cuestión social admite "medidas de protección social adecuadamente focalizadas", como subsidios dirigidos, control temporal de precios e indemnización por despidos, para atenuar efectos de los programas de ajuste económico respaldados por el propio FMI.
Pero la condición previa para promover la equidad consiste en una política macroeconómica sólida, subrayó Camdessus.
"Baja inflación, inversión productiva y crecimiento económico" son cruciales para combatir la pobreza, afirmó, poniendo como ejemplo la gran mejoría en la distribución del ingreso que logró Brasil al estabilizar su moneda.
La necesidad de estabilidad económica ya es algo aceptado en forma generalizada, mantenerla "es una cuestión moral, no más política ni económica", y sólo irresponsables condenados moralmente admiten ponerla en riesgo, sentenció Sanguinetti.
Lo novedoso, añadió, es el consenso que se va consolidando sobre inversiones sociales también imprescindibles, tal como la acción del Estado en esa área, ahora defendidas por instituciones financieras anteriormente rígidas como el FMI.
Las "falsas oposiciones" entre Estado o mercado, crecimiento económico o distribución de ingreso justa, defendida por "viejos populismos" han sido superadas, completó Sanguinetti.
"Hay una nueva conciencia sobre la cuestiones sociales", corroboró el sociólogo Luciano Martins, consejero especial del presidente brasuliño.
La reforma agraria, que en la época de la guerra fría era un problema político, al identificarse con la revolución, vuelve ahora al escenario por razones sociales, ejemplificó.
"La cuestión social dejó de ser monopolio de la izquierda", así como la burocracia internacional ya no es "tan tecnocrática e insensible", resumió Martins, reflejando un consenso registrado entre los participantes en la reunión de Brasilia.
La necesidad de universalizar y mejorar la educación básica, como forma de promover la equidad y asegurar competitividad en la economía globalizada, es reconocida en forma prácticamente unánime en todo el mundo.
Pero aunque no encuentren propuestas alternativas, las reformas económicas y sociales reconocidas como indispensables enfrentan muchos obstáculos, advirtieron varios miembros del Círculo de Montevideo.
Es necesario "crear una nueva ideología, nuevos valores para afianzar las reformas", señaló Cardoso, y añadió que "las formas de organización política antiguas son incompatibles con la nueva sociedad".
En América Latina, "no es la economía ni el movimiento social los que tienen un rol central, sino el sistema político", dijo el sociólogo francés Alain Touraine, en la reunión inaugural del grupo de reflexión celebrada en 1996 en Montevideo.
La crisis regional es política, antes que económica, según Touraine, porque fue provocada por la "degradación en sistemas neocorporativistas y clientelistas" de los regímenes que antes promovieron el crecimiento y contaban con un Estado movilizador e integrador.
La democracia en América Latina y el Caribe "es un fenómeno reciente y aún vulnerable", evaluó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias.
La gobernabilidad democrática requiere fortalecer las instituciones, añadió Iglesias, quien recordó que una encuesta reveló que sólo 27 por ciento de la población está satisfecha con el régimen político y similar desaprobación recibieron los partidos, el parlamento, el gobierno y la justicia.
Cualquier cambio encuentra fuertes resistencias en grupos de intereses establecidos, como sindicatos, empleados públicos que se oponen a la reforma del Estado, los sectores económicos marginados, señaló Fernando Zumbado, director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las fuerzas en pugna muchas veces no favorecen a la justicia social. En Uruguay, recordó Zumbado, los pensionistas absorben 15 por ciento del producto interno bruto, mientras la educación sólo recibe cinco por ciento.
El funcionario dijo que deben corregirse las inversiones sociales que los estudios revelan como ineficaces o mal focalizadas, beneficiando a sectores ya privilegiados. Es un desafío que a veces exige "cambiar la sociedad política y las relaciones entre Estado y sociedad", concluyó. (FIN/IPS/mo/ag/ip- dv/98
