Las organizaciones de la mujer de Venezuela están sumidas en una polémica sobre el derecho a sindicalizarse del colectivo de mujeres y hombres dedicados a la prostitución, una actividad ilegal en el país.
La presidenta del oficial Consejo Nacional de la Mujer, María Bello, se pronunció formalmente el domingo contra la aprobación de un sindicato de trabajadores sexuales bajo el argumento de que la prostitución no es considerada un trabajo en Venezuela.
La misma posición planteó la presidenta del también estatal Instituto Nacional del Menor, Nancy Montero, para quien un sindicato de ese ámbito es "incompatible con la Constitución y otras leyes" y en ningún caso podrá acoger a menores de 18 años.
La solicitud de una agrupación de mujeres prostitutas de que se apruebe el etablecimiento de la Unión Unica de Mujeres y Hombres del Trabajo Sexual, Conexos y Afines del Distrito Federal y el Estado de Miranda (Untrasex) se convirtió en el foco del debate de una Jornada contra la Explotación Sexual.
La directora de la Asociación de Mujeres or el Bienestar y Ayuda Recíproca (AMBAR), Brigitte Pernía, aseguró que la iniciativa sindical pretende reglamentar un trabajo que existe y que ya está regulado por el Ministerio de Sanidad en varios aspectos.
AMBAR es el más importante colectivo existente en Venezuela de trabajadoras sexuales y la organización que ha promovido la constitución de un sindicato en las dos zonas donde se sitúa el área metropolitana de Caracas.
La solicitud del reconocimiento de Untrasex fue introducida el 25 de noviembre ante la Inspectoría del Trabajo, que hasta ahora se ha mantenido muda sobre la demanda. La Central de Trabajadores de Venezuela, la principal del país, hizo saber que no proyecta incorporar a Untrasex como afiliada si se aprueba su existencia.
El Ministerio del Trabajo ratificó en un pronunciamiento de julio de 1997 que ese despacho garantizará el derecho a la sindicalización de todos los trabajadores, sin excepciones.
La ministra del Trabajo, María Govea, ha rechazado emitir cualquier opinión porque ella será el árbitro definitivo a quien podrán recurrir legalmente los favorables y opuestos al sindicato si la Inspectoría falla en contra de sus intereses.
La campaña contra la Untrasex es dirigida por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, cuya directora ejecutiva, la estadounidense Janyce Raymond, destacó que Venezuela violaría convenios de las Naciones Unidas si reconoce la prostitución como una actividad laboral.
La venezolana Zoraida Ramírez, vicepresidenta por América Latina de la Coalición, puntualizó que dentro de la región la prostitución es sólo legal en Uruguay.
En ese país un gremio de prostitutas está afiliado a la central única de trabajadores y en varias oportunidades ha demandado a la Organización Internacional del Trabajo, "en nombre de todo el continente", la admisión de su oficio como actividad laboral.
Ramírez reconoció que el movimiento de protección a las trabajadoras sexuales está tomando cuerpo en la región invocando los derechos humanos de ese colectivo, y que también en Brasil, México y República Dominicana hay iniciativas de legalización laboral del sector.
Raymond dijo a IPS que si el sindicato venezolano tiene éxito se pondrán en peligro los derechos humanos en general y los de la mujer en particular, porque "el reconocimiento de la prostitución como un trabajo sólo llevará a que la explotación sexual sea más legal, legitima y aeptable".
Aseguró que con la existencia de Untrasex la beneficiada será la llamada industria del sexo, que explotará más aún a la mujer al sentirse legitimada, mientras que los gobiernos se despreocuparán aún más de crear trabajos dignos y rentables para la mujer.
Patricia Mejías, abogada de AMBAR, indicó que el plazo para que la Inspectoría del Trabajo se pronuncie sobre Untrasex es el día 25 y que la ley es muy taxativa en los casos en que se puede negar el derecho a la sindicalización.
Según los registros del Ministerio de la Salud, al menos 350.000 venezolanas ejercen la prostitución, pero admiten que esa cifra no es exhautiva. AMBAR asegura que todas sus agremiadas están registradas porque ése es un requisito interno.
La venezolana Ramírez refutó lo indicado por las directivas de AMBAR de que el rechazo se deba a argumentos "moralistas pero no éticos". La Coalición, surgida en 1989, ha comprobado que la legalización de la prostitución sólo alimenta el tráfico de mujeres y la explotación sexual, declaró.
Insistió que es bajo una perspectiva de género, como se denomina al conjunto de políticas y conceptos que promueven la igualdad del hombre y la mujer en los aspectos no biológicos, que la Coalición internacional está dando la batalla en Venezuela.
La directora de AMBAR dijo que su organización sólo quiere mejorar una realidad muy concreta. "Buscamos protegernos de los abusos policiales y de los clientes y lograr tener acceso a programas sociales para mejorar nuestro nivel de vida", señaló. (FIN/IPS/eg/dg/hd-pr/98
