La posibilidad de la postergación de las elecciones generales de Paraguay gana fuerza cada semana y provoca incertidumbre entre los dirigentes políticos y en el Mercosur, que no aceptará la interrupción del proceso democrático paraguayo.
El eventual aplazamiento de los comicios del 10 de mayo está asociado a la detención del general retirado Lino Oviedo, candidato a la Presidencia por el gobernante Partido Colorado, y a la investigación judicial de supuesto fraude en las elecciones internas de los tres principales grupos políticos.
El Poder Judicial investiga denuncias de adulteración de las actas de la votación interna en el Partido Colorado y en los opositores Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Encuentro Nacional.
De confirmarse las denuncias en cualquiera de los tres grupos, el Tribunal de Justicia Electoral se verá obligado probablemente a anular esa votación, aunque el costo sea una crisis de imprevisibles consecuencias.
Mientras, el oficialismo discute el reemplazo de su fórmula presidencial, conformada por Oviedo y Raúl Cubas y todavía no inscripta formalmente en el registro electoral.
Oviedo, favorito en las encuestas, permanece arrestado en una unidad castrense, a la espera de la sentencia de un Tribunal Militar Extraordinaria que juzga su conducta en abril de 1996, cuando resistió la orden del presidente Juan Carlos Wasmosy de ceder el mando del ejército.
Ese episodio, interpretado por la oposición y los socios de Paraguay en el Mercosur (Mercado Común del Sur) de tentativa de golpe de Estado, mereció a Oviedo la acusación formal de insurbordinación, un delito que puede costarle cinco años de cárcel.
Domingo Laíno y Carlos Filizzola, candidatos a la presidencia y la vicepresidencia por la Alianza constituida por el PLRA y el Encuentro Nacional, advirtieron al gobierno que la postergación de las elecciones implicaría un inadmisible "golpe de Estado jurídico".
También los embajadores de Argentina, Brasil y Uruguay, los restantes miembros del Mercosur, y de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) expresaron esta semana a Wasmosy su preocupación ante la situación política. Pero el presidente no aseguró con claridad la realización de los comicios.
Incluso trascendió que la UE y Estados Unidos suspenderán toda negociación con el Mercosur si el bloque regional no contribuyera a la solución de la crisis institucional que estallaría en Paraguay en caso de suspensión de las elecciones.
Wasmosy habría pedido comprensión a los diplomáticos por la situación en curso, asegurando que intentará hallar una salida a la conflictiva situación.
El presidente desmintió a la dirigente colorada Rosario Riveros, que el jueves, tras entrevistarse con el propio mandatario, afirmó que una junta militar podría desempeñar transitoriamente del poder si los comicios fueran anulados.
Riveros dijo que también se maneja la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se haga cargo del Poder Ejecutivo al término del mandato de Wasmosy, en agosto.
Las primeras elecciones democráticas en Paraguay fueron celebradas en mayo de 1989, tres meses después del derrocamiento de Alfredo Stroessner, que encabezaba un régimen dictatorial desde 1954.
El triunfo correspondió entonces al Partido Colorado, que volvió a vencer en 1994 y se mantiene en el poder desde 1948. (FIN/IPS/ct/ff/ip/98
