La expulsión de un sacerdote francés del estado de Chiapas, en el sur de México, debilita a la diócesis católica de la zona, golpea a una comisión de mediadores y traba el proceso de paz.
El sacerdote Jean Chanteau, de 67 años, regresó la noche de este jueves a su Francia tras ser arrestado y deportado por el gobierno mexicano, 33 años años después de haber llegado a Chiapas y trabajado con los grupos indígenas más pobres del país, enfrentándose a políticos y hacendados.
"Realizaba actividades políticas" arguyeron las autoridades para justificar la expulsión de otro de los cercanos colaboradores del obispo Samuel Ruiz, cabeza de la diócesis de San Cristobal, Chiapas, quien encabeza la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).
En un boletín oficial, el Instituto de Migración recordó que Chanteau, el sexto sacerdote obligado a salir de México desde 1995, declaró que la matanza de 45 indígenas de Chiapas en diciembre "fue un plan del gobierno para destruir a las bases de apoyo de la guerrilla zapatista".
En 1995, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo expulsó de la diócesis que preside Ruiz a tres sacerdotes orginarios de Argentina, España y Estados Unidos e impidió el retorno de un canadiense que había salido de México para cumplir una misión.
El año pasado, las autoridades lograron que un sacerdote de Alemania y otro de India abandonaran Chiapas luego de presentarles una solicitud en ese sentido.
"Protestamos enérgicamente por esta nueva agresión (la expulsión de Chanteau), mientras se mantiene la impunidad de funcionarios públicos y de miembros de grupos paramilitares y de responsables de masacres y crímenes en Chiapas", señaló un comunicado de la diócesis de San Cristobal.
En los últimos 15 días el gobierno expulsó a cuatro extranjeros de Chiapas, incluido el último sacerdote. Los extranjeros "son un factor que ha venido complicando y entorpeciendo la solución al conflicto", declaró un alto funcionario la semana pasada.
Desde la matanza de diciembre, de la que grupos humanitarios responsabilizaron al gobierno, las autoridades recibieron un bombardeo de críticas en el país y en el extranjero.
La crisis de seguridad que se vive en Chiapas es responsabilidad de la guerrilla, pues se niega a reaudar el diálogo de paz, suspendido en 1996, sostienen portavoces gubernamentales, tras reiterar que jamás usarán la fuerza para solucionar el conflicto.
La "pelea está por recomenzar", asegura en cambio la guerrilla. El gobierno mantiene posiciones inaceptables al querer renegociar una acuerdo sobre derecho y cultura indígena que firmó hace dos años, mientras persigue a los nativos, organiza matanzas y prepara un ataque militar, alegan los zapatistas.
El equipo de Ruiz sostiene que con la expulsión del sacerdote francés se confirma la existencia de una campaña oficial contra la diócesis de San Cristobal y los extranjeros.
"La expulsión es una ataque a la Iglesia, al obispo Ruiz y al proceso de pacificación", expresó el vicario de San Cristobal, Felipe Toussaint.
Documentos de Inteligencia e investigaciones independientes indican que Ruiz y su equipo, que se identifica con la llamada Teología de la Liberación, formaron los últimos 30 años una estructura pastoral que favoreció el surgimiento de la guerrilla zapatista.
El grupo armado niega las acusaciones, aunque reconoce a Ruiz como un sacerdote comprometido con las causas de los pobres y mediador en el conflicto que mantiene con el gobierno de Zedillo.
Aunque las autoridades también lo reconocen como cabeza de la CONAI, el obispo ha sido periódicamente cuestionado por su presunta cercanía con la guerrilla.
En enero, un jefe militar acusó a Ruiz de ser parte de la guerrilla, luego de informar que soldados encontraron junto a un depósito de armas y sistemas de comunicación libros editados por la diócesis de San Cristobal.
No existe ninguna campaña contra los religiosos o los extranjeros de Chiapas, sólo la aplicación de la ley, asegura el gobierno.
Gracias al trabajo de la Iglesia Católica, incluido la labor de los sacerdotes extranjeros, miles de indígenas fueron alfabetizados y recibieron alguna atención sanitaria en Chiapas, uno de los estados más pobres de México. (FIN/IPS/dc/ag/ip/98
