El acuerdo entre el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el viceprimer ministro de Iraq, Tariq Aziz, no establece cuándo se retirarán las severas sanciones que el foro mundial impuso a Bagdad.
Esta omisión responde a la voluntad de Estados Unidos, que insiste en que no se debe limitar la gestión de los inspectores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que procuran la eliminación de las armas de destrucción masiva de Iraq.
Pero la ONU conoce el sufrimiento del pueblo iraquí. Desde que las sanciones comenzaron a aplicarse en 1991, la mortalidad infantil se multiplicó por siete, de 24 a 168 muertes cada mil nacimientos, mientras la mortalidad para los mayores de 50 años se triplicó.
Por este motivo, Annan esperó antes de viajar a Bagdad la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ampliación del programa de "petróleo por alimentos" de la ONU, que permite a Iraq exportar crudo y adquirir productos para aliviar los efectos del embargo.
La ampliación permitirá que Iraq venda petróleo por 5.200 millones de dólares cada seis meses, más del doble de los 2.000 millones autorizados por la ONU para los semestres anteriores.
El objetivo del plan es reforzar la provisión de alimentos y recuperar al severamente dañado sector agrícola, con la importación de fertilizantes, pesticidas y repuestos para maquinaria, prohibida por el actual régimen de sanciones.
Pero Bagdad no aceptó con agrado la ampliación del programa.
A Iraq ya le resulta difícil generar los 2.000 millones de dólares en petróleo permitidos cada seis meses por el plan actual. Para hacerlo, el país debe exportar 900.000 barriles por día, con el precio en caída.
Para aprovechar la ampliación del plan de petróleo por alimentos y generar los 5.200 millones de dólares, Bagdad tendría que exportar casi 2,4 millones de barriles por día.
Pero las exportaciones adicionales de Bagdad representarán casi 10 por ciento de la producción permitida en el mundo por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), lo que hará descender los precios, ya de por sí reducidos.
El plan exige que Iraq incremente sus exportaciones, lo que requiere la autorización de los demás países de la OPEP.
También está la cuestión de la capacidad de la industria petrolera iraquí. Una vez satisfecha la demanda interna, de unos 450.000 barriles diarios, Iraq tendría que producir, según el nuevo plan de la ONU, casi 2,8 millones de barriles por día.
La cifra es apenas inferior a la marca de 3,1 millones de barriles diarios alcanzada por Iraq en el primer semestre de 1990, antes de su invasión a Kuwait.
Las posteriores sanciones de la ONU agotaron los repuestos y las inversiones de la industria petrolera iraquí, que ahora se encuentra en pésimas condiciones. Aun con la mejor voluntad del mundo, Iraq no podrá cumplir la meta.
Además, según la Resolución 986 del Consejo de Seguridad, que en abril de 1995 mencionó por primera vez el plan de "petróleo por alimentos", Iraq sólo recibe la mitad de las ganancias.
El resto se destina a un fondo de indemnización para personas, compañías y países afectados por la invasión de Kuwait, y para reembolsar a la ONU el costo de sus actividades en Iraq.
Además, Bagdad debe gastar su parte de las ganancias de acuerdo con pautas indicadas por la ONU, con ciertos porcentajes destinados a la educación y la salud pública.
Es por ello que, en un principio, el presidente iraquí Saddam Hussein rechazó la resolución 986. Sólo cambió de opinión a mediados de 1996 ante la posibilidad de que se propagara el hambre entre la población.
Pero la realización del plan de petróleo por alimentos se demoró debido al apoyo que el gobierno brindó a una de las facciones kurdas en conflicto y al posterior bombardeo de Estados Unidos.
El líder iraquí sostiene que la condiciones para la ampliación de la venta de petróleo violan la soberanía de Iraq, ya que son similares a las de la Resolución 986.
Saddam Hussein estima que Estados Unidos y Gran Bretaña mantendrán las sanciones a su antojo, pues no tienen intenciones de aceptar el cumplimiento de Iraq de las condiciones de la resolución de 1991.
Peter Burleigh, embajador suplente de Estados Unidos ante la ONU, anunció que se levantará el embargo contra Iraq "sólo cuando Bagdad cumpla totalmente y sin condiciones las resoluciones del Consejo" de Seguridad.
Estas resoluciones incluyen el severo régimen de control de armas de Iraq, la admisión de su responsabilidad por la desaparición de 600 ciudadanos de Kuwait durante la guerra del Golfo y el pago de indemnizaciones.
Saddam Hussein considera que el plan de petróleo por alimentos y su ampliación es un truco para retrasar el retorno de Iraq a la normalidad económica.
A principios de este mes, el portavoz de Annan, Fred Eckhard, declaró que no hubo intención de utilizar la ampliación del plan de petróleo por alimentos como elemento de negociación en el actual enfrentamiento sobre la inspección de armas. No existió "conexión en lo absoluto" entre ambos, afirmó.
"No esperamos que se vincule este elemento humanitario con asuntos políticos", añadió Qin Huasun, embajador de China ante la ONU, durante un debate del Consejo de Seguridad la semana pasada.
El respaldo que Washington y Londres otorgaron a la ampliación del plan de petróleo puede utilizarse para convencer a sus poblaciones de que a ambos gobiernos les importa la suerte del pueblo iraquí. Mientras, los dos países acusan a Bagdad de manipular el programa de la ONU.
Bagdad "prolongó el sufrimiento del pueblo iraquí para sus propios fines políticos", dijo el embajador británico ante la ONU, John Weston, durante el debate del Consejo de Seguridad.
Pero, en realidad, la politización de las sanciones de la ONU se encuentra tan avanzada que sería necesario un esfuerzo extrahumano para romper el vínculo entre los objetivos humanitarios del plan de petróleo por alimentos y sus consecuencias políticas. (FIN/IPS/tra-en/dh/mom/rj/aq-mj/ip/98
