Los militares de Honduras intensificaron su ofensiva en favor de una amnistía por la desaparición forzada de 187 personas en los años 80, estimulados por la decisión de un juez que desestimó una acusación contra un oficial por violaciones de los derechos humanos.
El juez Francisco Pastor Merlo absolvió al coronel Juan Blas Salazar, quien se encuentra preso por delitos de narcotráfico, por considerar que estaba amparado por el espíritu de la amnistía contenida en los acuerdos de paz de América Central, suscritos en 1987 en Esquipulas.
Salazar fue acusado por la desaparición temporal de seis estudiantes universitarios en 1982 que lograron sobrevivir a la tortura ante la rápida intervención de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la presión internacional.
La decisión del juez tomó por sorpresa a los grupos humanos, que amenazaron con llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión condenó a Honduras en 1987 y 1988 por la desaparición forzada de los dirigentes populares Manfredo Velásquez y Saúl Godínez.
Pero los militares no parecen inquietos ante una nueva demanda internacional por violaciones de los derechos humanos y aseguran que es tiempo de reflexionar, reconciliar la familiar y aplicar en este caso una especie de "olvido y perdón".
Es "absurdo seguir dividiendo la nación con hechos que son cosa del pasado", dijo el jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung Pacheco, contra quien pesan dos acusaciones por el caso de los desaparecidos, y se manifestó satisfecho por la decisión del juez Merlo.
"Lo que pasó en esa época fue algo doloroso para el país, pero es tiempo que nos aboquemos a una reconciliación para cerrar esa herida", como han hecho otros países centroamericanos y de América Latina.
Grupos humanitarios interpretaron la posición de los militares como una estrategia para ganar adeptos a la amnistía, a favor de la que ya se pronunciaron los ex presidentes José Azcona (1985-89) y Rafael Callejas (1990-94), en base a los acuerdos de paz de Esquipulas.
En términos similares se pronunció el arzobispo hondureño Oscar Andrés Rodríguez, presidente de la Conferencia Episcopal de América Latina (CELAM), al abogar por la "unidad familiar, la integración y la reconciliación".
El fiscal Edmundo Orellana fue enfático al indicar que la amnistía no debe abarcar a los militares porque sería "rendir un culto a la impunidad" y el país no puede transitar por una reconciliación sin justicia.
Las Fuerzas Armadas se amparan en la amnistía contenida en un decreto emitido por el gobierno de Callejas en 1990, para que los grupos de izquierda depusieran las armas y retornaran al país los exiliados.
El influyente Diario Tiempo, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda del país, señaló el día 2 que la amnistía a los grupos de izquierda se basa en que sus delitos fueron políticos, mientras que los militares cometieron delitos comunes, al ejecutar personas al margen de la ley.
"El perdón y olvido para quienes en nombre y representación del Estado, secuestraron, torturaron, asesinaron y obstruyeron la acción de la justicia, no es jurídica ni moralmente aceptable, pues viola la Constitución y el propio espíritu de los acuerdos de Esquipulas", sentencia el diario.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos advirtieron que no están dispuestos al "olvido y el perdón" sin justicia, porque sería fortalecer la impunidad.
La ofensiva en favor de la amnistía se produce en momentos que los militares viven fuertes una fuerte lucha interna por el poder, dijo a IPS el analista Víctor Meza. Muchos de ellos tienen juicios pendientes y requieren de un "arma que los una en torno a un fin común, para sacar de la opinión pública sus rencillas". (FIN/IPS/tm/ag/ip-hd/98
